La Justicia de Maldonado condenó a un hombre que encabezaba una banda dedicada a clonar tarjetas de crédito para alojarse en complejos hoteleros de Punta del Este e impuso medidas limitativas para cuatro personas, por el mismo delito.
Según informó la Jefatura Departamental de Policía, el primer día de este mes el Departamento de Estafas recibió una denuncia por aparentes irregularidades en las reservas realizadas por varias personas mediante la utilización de tarjetas: no habían presentado las tarjetas físicas, sino que poseían información sobre estas. Tras análisis de datos y varias tareas de campo, se logró establecer que al menos seis personas, dos mujeres y cuatro hombres, estaban implicadas en la maniobra.
El lunes 2, personal de Hechos Complejos concurrió a un hotel de la Avenida Pedragosa Sierra e inspeccionó dos habitaciones. Allí intervino a cuatro hombres mayores de edad y los condujo ante Fiscalía. Durante la indagatoria, reconocieron que uno de ellos hacía las maniobras con información y datos de varias tarjetas de crédito, cuyos datos obtenía de forma ilegal.
A su vez, se supo que el mismo hombre, identificado por las iniciales F.D.A.V. -de 20 años de edad y sin antecedentes penales- poseía 13 denuncias por estafas similares en Canelones, Montevideo y la ciudad de Maldonado.
La investigación continuó en un hotel de la Avenida Roosevelt de Punta del Este, donde fueron detenidas dos mujeres mayores de edad, una de ellas oriunda de Brasil. Esta última llegó a un acuerdo con el hotel y pagó 2.111 dólares que adeudaba por el alojamiento, por lo cual la fiscal Ana Rosés dispuso su libertad.
Los otros cinco detenidos tuvieron su audiencia el martes 3 en el juzgado letrado de 4º turno. F.D.A.V. fue condenado a cumplir 22 meses de prisión por la comisión de “reiterados delitos de fraude informático y reiterados delitos de estafa en régimen de reiteración real entre sí”. La pena será cumplida de forma mixta: los primeros 11 meses en prisión y los restantes en régimen de libertad a prueba. Entre otras medidas, deberá cumplir servicios comunitarios una vez por semana, dos horas diarias, por el plazo legal de diez meses.
Para los otros cuatro involucrados se dispusieron medidas limitativas; debieron fijar domicilio, que no podrán modificar sin aviso previo, se les retuvo los documentos de viaje y no podrán abandonar el territorio nacional por un plazo de 30 días.