Diputados de Maldonado trasladaron a la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este la preocupación por el hacinamiento crítico en la cárcel de la Unidad 13 (Las Rosas) de Maldonado, donde se alojan más de 1.300 personas privadas de libertad en un establecimiento diseñado para unas 500, según informaron diputados a la diaria y fue transmitido en una reunión con la asociación civil, celebrada el sábado 1° de agosto.
La diputada frenteamplista Mary Araújo informó a la diaria que en los próximos días la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este elaborará una nota dirigida a los ministros de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y del Interior, Carlos Negro, a ser enviada por la legisladora para reunirse en la asociación civil y exponer la situación carcelaria y de las personas que viven en la calle, que son 462, según la Jefatura departamental de Policía.
En la visita en julio de la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria del Parlamento, el director de la cárcel le transmitió que “cada mes recuperan la libertad entre 60 y 70 personas y un 26% de las personas son de otros departamentos”. No obstante, la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) “entrega entre 15 y 20 pasajes mensuales para facilitar su retorno”, e indicó que “siete de cada diez egresados reinciden”.
Si bien detectó que tras la visita hay algunos privados de libertad que “están en muy buenas condiciones” y 300 acceden a propuestas educativas, advirtió que en el sector femenino “24 mujeres comparten un único baño y otras 12 permanecen hacinadas también con un solo baño”. Además, indicó que “hay celdas con 11 internos en espacios donde hay cuatro camas, algunos colchones y no salen nunca [al patio]”. Por lo que, si bien “el Estado tiene la obligación de lograr su reinserción [social], este cometido no se está cumpliendo”.
En tanto, el diputado colorado Gabriel Gurméndez dijo a la diaria que “el nivel de reincidencia indica que quienes salen, vuelven a delinquir, y esto afecta la seguridad pública”. Respecto a las personas en situación de calle, dijo que en Maldonado “60% de las personas tienen antecedentes penales, por lo que, hay una incidencia clara con la situación carcelaria”. Sin embargo, según Araújo y el diputado nacionalista Diego Echeverría, “no hay una conexión directa entre la cárcel y la situación de calle”.
¿Construir más cárceles o penas alternativas?
Echeverría, por su parte, manifestó a la diaria preocupación por el carácter regional de Las Rosas, sin embargo, para que vuelva a ser departamental considera que “se necesitan recursos económicos para construir más cárceles”. Por lo que, en primer lugar, “desde los distintos partidos y las fuerzas vivas de Maldonado, se debe hacer tomar conciencia al Ministerio del Interior (MI) de destinar fondos para más cárceles y descomprimir Las Rosas”, y se planteará al MI de que “de forma gradual” sea una cárcel departamental.
No obstante, Araújo opinó que antes de construir más cárceles, “se deben incentivar penas alternativas como tareas comunitarias en los casos de delitos más leves”, por ejemplo mujeres sin antecedentes penales que ingresan sustancias ilegales a las cárceles y “tienen que cumplir una condena de cuatro años abandonando a sus hijos y en situaciones paupérrimas, cuando un gran narcotraficante acuerda la misma pena [por un delito mayor]”.
A su vez, Echeverría destacó la creación del Instituto Nacional de Reinserción como servicio descentralizado, en sustitución del Instituto Nacional de Rehabilitación, y señaló que la rehabilitación de las personas privadas de libertad “se trata con recursos humanos, técnicos y económicos”. En la misma línea, Gurméndez sostuvo que el nuevo organismo permitirá “especializar la reinserción de los liberados y reducir el alto porcentaje de reincidencia cercano al 70%, que, de no resolverse, aumentaría los niveles de inseguridad”. “La inseguridad de Maldonado y de personas en situación de calle repercute en la imagen del principal balneario [Punta del Este] para atraer turistas”, afirmó.
Invertir en más agentes penitenciarios
Durante una visita de la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de la Junta Departamental de Maldonado a la Unidad 13, se informó a los ediles que esta población carcelaria “requeriría al menos 450 funcionarios policiales”. Sin embargo, “hay 138 funcionarios nominales, de los cuales 104 están en actividad”, informó a Punta News el edil nacionalista Fabricio Rodríguez en mayo. En julio se incorporaron 26 agentes penitenciarios, aunque aún “hay dos funcionarios de la Dinali”, según Rodríguez.
Araújo dijo que los nuevos agentes penitenciarios fueron capacitados en Las Rosas y están cumpliendo funciones tras su egreso, lo que “permitirá que los privados de libertad puedan salir al patio y que se respeten los derechos de unos y otros, porque hoy no se están respetando los derechos de ellos ni del personal que los cuida”. Sobre esto último, indicó que “uno o dos agentes deben hacerse cargo de entre 60 y 80 personas”.
En este sentido, los diputados consultados destacaron la importancia de los 1.180 millones de pesos para el Plan Nacional de Seguridad Pública que se destinará por ejemplo al ingreso de funcionarios policiales y operadores penitenciarios, contemplados en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas 2025.
Problemas de competitividad e inseguridad pública
Durante la reunión también se analizó la necesidad de avanzar en medidas para mejorar la competitividad del departamento, como la aprobación del proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, presentado por el Poder Ejecutivo. Según Echeverría, es necesario “reducir los costos de seguridad social que existen y la carga tributaria de nuevos impuestos”, y añadió que a nivel país “hay una alta conflictividad sindical que genera alerta para la inversión, debido a que hay obras que se están paralizando y proyectos que no aterrizan en Uruguay por esto”.
Además, se focalizó en la exoneración total del IVA para los servicios turísticos, “para que se establezca por ley, ya que actualmente es por decreto”, indicó Araújo. Echeverría dijo que se hizo énfasis en la seguridad pública, debido a que “la tasa de homicidios ha aumentado”, por lo que “se necesita más presencia policial, más recursos humanos y económicos y una respuesta inmediata del MI”.
