A principios de febrero de este año y a raíz de las constantes críticas al manejo de la situación migratoria, el gobierno chileno envió a tres ministros a Colchane, una comuna de 1.300 habitantes ubicada en la frontera con Bolivia, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. La mayoría de los migrantes venezolanos que intentaban ingresar al país lo hacían por esa zona, pero el flujo migratorio había crecido mucho en los meses previos y la situación se estaba haciendo muy difícil de manejar. Allí se dio la implementación del Plan Colchane, que implicaba la instalación de redes eléctricas en la comuna, y residencias sanitarias transitorias para las cuarentenas de quienes ingresaran a Chile de manera ilegal para su posterior expulsión, con la intención de aliviar la situación.
Ocho meses después, la crisis migratoria en Colchane está peor que a principios de año. Según la alcaldía de la comuna, a diario ingresan entre 300 y 400 personas por la frontera, muchas de ellas deshidratadas o presentando graves problemas de salud debido al extenso recorrido a través de la zona montañosa. 17 de ellos han muerto, incluida una bebé de nueve meses que el 11 de octubre venía desde Perú junto con sus padres, ambos migrantes venezolanos. Cuando estaban atravesando Pisiga, la ciudad fronteriza boliviana, la mujer, que cargaba a la niña en brazos, tropezó y cayó al suelo, momento en que la menor se golpeó en la cabeza. Al ingresar a territorio chileno, notaron que la niña no respondía y pidieron ayuda para ir a un hospital. La bebé llegó a la urgencia sin signos vitales.
El alcalde de Colchane, Javier García Choque, dijo a la diaria que el Plan Colchane “fue una acción mediática para tranquilizar a la población chilena”, pero que a los efectos prácticos “jamás existió, y eso quedó evidenciado en el constante flujo de ingreso de migrantes, que han tomado el espacio público y se ha constatado el colapso en Iquique, Arica y Alto Hospicio”, algunas de las ciudades más próximas a la comuna.
Los problemas del gobierno de Sebastián Piñera en el manejo de la crisis migratoria desembocaron en una manifestación en la ciudad fronteriza de Iquique a fines de setiembre. Los manifestantes protestaban contra el alojamiento de 3.000 migrantes en la ciudad y la situación escaló tanto que terminaron incendiando las carpas en las que algunos de los migrantes dormían.
“El gobierno chileno, a través del Ministerio del Interior, es el encargado de velar por el control fronterizo. Las municipalidades no tenemos competencia en eso, sólo podemos proveer atención médica. Atendimos a los migrantes, porque nos corresponde, lo que también implica rescatarlos en la ruta cuando han sufrido accidentes o se desmayan producto de la deshidratación o el cansancio provocado por la altura”, señaló el alcalde de Colchane.
En este sentido, García Choque dijo a la diaria que desde el municipio se ha enfrentado la situación “de manera autónoma”, lo que también provocó un “colapso en nuestros consultorios de la comuna”. Si bien la mayoría de los migrantes buscan llegar a Iquique, algunos se quedan en esta pequeña comuna chilena, ante la falta de posibilidades para trasladarse. “En estos años, muchas personas que cruzan la frontera se han aglomerado frente a la comisaría, donde se han instalado carpas; también en la iglesia. Algunos migrantes han tomado viviendas particulares, se han producido saqueos, robos, y barricadas en las rutas reclamando que los trasladen a las ciudades. El gobierno también ha instalado carpas improvisadas en el complejo fronterizo para la acogida de los migrantes”, señaló.
Un de las últimas muertes se produjo el 19 de octubre. Una migrante boliviana de 47 años, procedente de Santa Cruz, fue hallada sin vida por funcionarios de Carabineros, a casi dos kilómetros de distancia del Complejo Fronterizo Integrado, instalado para la acogida de migrantes, pero que también funciona como puesto de control. Por este motivo, muchos migrantes deciden tratar de sortear la aduana e ingresar al país cruzando los humedales de Pisiga. Muchas veces, para poder ingresar deben romper los corrales instalados en la zona, lo que también provoca quejas de los productores ganaderos locales.
En febrero, cuando en la zona estuvieron presentes los ministros chilenos de Interior, Relaciones Exteriores y Defensa, el alcalde de Colchane criticó que no realizaron ningún tipo de coordinación con la alcaldía, los líderes de las comunidades indígenas (la mayoría de los habitantes de Colchane pertenecen a la comunidad aymara) ni la junta de vecinos. Días atrás, había denunciado en una radio local que se estaba haciendo frente sin recursos a una “crisis humanitaria severa a la cual el gobierno regional y nacional no le han dado la importancia que se merece”.
Recién el 18 de octubre comenzó a operar un refugio para migrantes, que consta de 15 carpas térmicas para uso en zonas de alta montaña. La instalación, que fue colocada en el Complejo Fronterizo Integrado, tiene cupo para 200 personas y funciona como un espacio de primera respuesta. Los migrantes admitidos en el lugar reciben dos comidas por día, son sometidos a un test de antígenos para verificar que no se hayan infectado de coronavirus y reciben un kit de higiene personal. Mientras se encuentran en el refugio, se tramita su traslado a las llamadas “residencias sanitarias”, localizadas en Iquique, a más de 230 kilómetros de distancia.