Al dar un discurso en la ciudad de Eskisehir, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció: “Le di las instrucciones necesarias a nuestro ministro de Relaciones Exteriores para que resuelva cuanto antes declarar a estos diez embajadores personas no gratas”. Se refería a los diplomáticos que la semana pasada firmaron una declaración en la que piden que sea excarcelado Osman Kavala, un militante por los derechos humanos en Turquía que se encuentra en prisión preventiva desde hace cuatro años.
Firmaron la declaración los embajadores de Alemania, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos y Suecia. Después de que se conociera su apoyo al texto, la semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores llamó a los titulares de las embajadas de Turquía en esos países para expresar su malestar.
Kavala es un empresario y activista por los derechos humanos que fue detenido a fines de 2017. Primero fue acusado de ser el instigador de una ola de protestas de 2013 y de participar en un supuesto intento de derrocar al gobierno de Erdogan. Por esos cargos podría haber sido condenado a cadena perpetua. Pero Kavala fue absuelto en 2020. Sin embargo, las agencias Efe y Sputnik recordaron que el mismo día en que conoció la resolución judicial la Fiscalía lo acusó de participar en otro intento de golpe, esta vez en julio de 2016, atribuido al líder islamista Fethullah Gülen.
Además, pese a que Kavala fue declarado inocente, el primer caso no quedó cerrado sino que se lo integró a otra investigación que involucra a un grupo de hinchas de fútbol. Frente a todas las acusaciones, el activista se declaró inocente.
Para los diez embajadores que firmaron la declaración, la suma de estos procesos judiciales “arroja una sombra sobre el respeto a la democracia, el Estado de derecho y la transparencia del sistema judicial turco”. Le piden al país que se ajuste a sus propias leyes y a sus obligaciones internacionales y que libere a Kavala, tal como dispuso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2019. El Consejo de Europa amenazó a Turquía con sanciones por no acatar esta decisión.
El gobierno turco calificó la declaración de los embajadores como “contraria a las prácticas democráticas”. Para Erdogan es además una “falta de educación” que se dirijan en grupo al gobierno, y es también un intento de “dar instrucciones” a su país en violación de su independencia. “Quienes no conocen ni entienden Turquía se irán”, sentenció. Además, dijo que Kavala es “una basura de [George] Soros”, porque fue miembro de la fundación Open Society, financiada por este en Turquía y que cerró en 2018.
Kavala, de 64 años, creó la fundación Anadolu Kultur AS, que trabaja en defensa de minorías étnicas y religiosas, entre ellas la kurda y la armenia. En un comunicado el empresario dijo que la comparación que hizo Erdogan entre él y Soros “es lamentable” y “no se ajusta a la seriedad de la presidencia”, según citó Europa Press.
El 26 de noviembre el activista deberá comparecer de nuevo ante un tribunal, pero anunció mediante un comunicado que no lo hará debido a que las palabras de Erdogan “crean la percepción” de que es “culpable y afectan directamente el juicio”. Agregó: “Aunque los cargos en mi contra no se basan en ninguna prueba, he estado detenido durante cuatro años. Las declaraciones insultantes y difamatorias del presidente contra una persona que no ha sido condenada y cuyo juicio está pendiente atentan contra la dignidad humana”.