Tras la aprobación de una ley propuesta por el gobierno que encabeza la primera ministra Jacinda Ardern, este jueves Nueva Zelanda se transformó en el primer país en el mundo en obligar al sistema financiero a informar sobre el impacto ambiental generado por sus inversiones.
Según informó Efe, el ministro de Cambio Climático de ese país, James Shaw, expresó mediante un comunicado que ahora tienen “una oportunidad para allanar el camino para que otros países hagan obligatorias las revelaciones sobre el impacto en el clima. Nueva Zelanda es un líder mundial en esta materia y el primer país en el mundo en obligar al sector financiero a informar sobre ello”.
Por su parte, en el mismo comunicado, el ministro de Comercio y Consumo, David Clark, afirmó que “los servicios financieros y los mercados desempeñan un papel importante en la transición de Nueva Zelanda hacia un futuro verde y con huella de carbono neutra”.
La medida del gobierno establece la obligación a bancos, cooperativas de ahorro y crédito, sociedades de crédito hipotecario, administradoras de inversiones y aseguradoras, emisores de acciones y deuda que cotizan en la NZX (bolsa de valores de Wellington, capital de Nueva Zelanda), además de compañías públicas, con activos superiores a 1.000 millones de dólares neozelandeses (unos 717 millones de dólares estadounidenses o 616 millones de euros), a informar a partir de 2023 cómo gestionarán los riegos ambientales generados por sus decisiones. Estas instituciones son unas 200 en todo el país.
Ardern, que pertenece al Partido Laborista, se comprometió a que su país “alcance la neutralidad de emisiones de carbono antes de 2050 y a que más de la mitad de los automóviles del país sean eléctricos en 2035”, indicó Efe.
El proyecto de ley fue presentado en abril. En ese momento, Clark había dicho que “es importante que cada sector de la economía neozelandesa” ayude “a reducir las emisiones de carbono y a hacer una transición hacia un futuro con menos emisiones”, y aseguró que la norma ahora aprobada “está destinada a garantizar que los establecimientos financieros divulguen y, en última instancia, tomen medidas contra los peligros del cambio climático al tiempo que aprovechan las oportunidades”.
Por su parte, Shaw aportó que no es posible “lograr el objetivo de neutralidad de carbono para 2050 si el sector financiero no conoce el impacto de sus inversiones sobre el clima. Esta ley pondrá los riesgos climáticos en el centro de las decisiones financieras y comerciales”.