Luego de casi seis meses de investigación, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) constituida en el Senado brasileño para investigar las acciones y omisiones del gobierno de Jair Bolsonaro durante la pandemia de coronavirus está próxima a finalizar su tarea, con la propuesta de acusar al presidente de la República por nueve delitos.
El informe final presentado este miércoles por el senador Renan Calheiros, relator de la CPI, sugiere que Bolsonaro sea procesado, entre otros, por cargos de malversación, crímenes de lesa humanidad y responsabilidad. La votación del documento en la comisión debería realizarse el martes, informó Folha de São Paulo.
Por sí solo, el informe de la CPI no tiene la facultad legal de imponer sanciones, pero el resultado de la investigación será llevado a la Fiscalía General de la República, que será la responsable de evaluar las medidas oportunas contra Bolsonaro, quien ha atacado en forma permanente la labor de esta comisión y, al enterarse de sus conclusiones, volvió a deslindar responsabilidades. Durante un evento de inauguración de obras que tuvo lugar este miércoles en la localidad de Russas, en el interior del estado de Ceará, dijo: “Sabemos que no tenemos la culpa de absolutamente nada. Hicimos lo correcto desde el primer momento”.
Originalmente los crímenes de los que se iba a acusar a Bolsonaro eran 11, pero finalmente Calheiros decidió no recomendar su procesamiento por los delitos de genocidio contra la población indígena y asesinato. Luego de algunas discrepancias en la interna de la CPI, el órgano finalmente decidió acusar, además de a Bolsonaro, a otras 65 personas por un total de 23 delitos. Además de malversación, crímenes de lesa humanidad (en las modalidades de exterminio, persecución y otros actos inhumanos) y responsabilidad, Calheiros decidió atribuir a Bolsonaro los delitos de infracción de medida sanitaria preventiva, incitación al delito, falsificación de documento privado y uso irregular de fondos públicos.
Algunos senadores, como Omar Aziz, presidente de la comisión, discreparon con las notas del borrador del dictamen de Calheiros. El texto, por tanto, fue modificado tras una conversación de parlamentarios que finalizó en la noche del martes.
Entre las personas a quienes se pretende imputar figuran tres de los hijos de Bolsonaro. El senador Flávio Bolsonaro responderá ante la Justicia, si la sugerencia de la CPI es aceptada por los órganos competentes, por difusión de fake news tipificadas en el delito de incitación al delito. Dos de sus hermanos, el concejal Carlos Bolsonaro y el diputado federal Eduardo Bolsonaro eventualmente deberán rendir cuentas por los mismos delitos.
Además, en el informe final de la CPI hay propuestas para imputar a cuatro ministros, tres exministros, dos empresas, empresarios y médicos que defendieron tratamientos no probados científicamente para tratar la covid-19. En la lista de solicitudes de acusación se encuentran, entre otros, los ministros Walter Braga Netto (Defensa), Onyx Lorenzoni (Trabajo y Seguridad Social) y Marcelo Queiroga (Salud).
En el informe también se pide investigar a médicos y empresarios vinculados a la empresa Prevent Senior, miembros de la supuesta oficina asesora paralela en materia de salud de Bolsonaro, personas que supuestamente publicaron noticias falsas sobre la pandemia, así como también a empresarios y exfuncionarios del gobierno involucrados en presuntas negociaciones sobre compras de vacunas.
Los integrantes de la CPI sugieren remitir el texto por ellos elaborado al Ministerio Público, entre otros órganos, para el análisis de las solicitudes de acusación. También recomiendan enviar los documentos a la Corte Penal Internacional de La Haya para evaluar posibles crímenes de lesa humanidad.
Paralelamente, Calheiros también pretende que el Ministerio de Salud abra un nuevo proceso de licitación por los servicios de almacenamiento de insumos del Sistema Único de Salud, que actualmente realiza VTC Log, una de las empresas mencionadas en el informe.