Este domingo se enfrentan en las urnas siete candidaturas, en un ambiente de absoluta incertidumbre: se desconoce quiénes pasarán al balotaje, pero también cuáles serán las condiciones políticas que deberá enfrentar el próximo gobierno. En paralelo, la Convención Constitucional trabaja a toda velocidad en elaborar una nueva Carta Magna que probablemente atenuará las facultades presidenciales y que podría reformar el Congreso.
“Espero ser un presidente que, cuando termine su mandato, tenga menos poder que cuando comenzó”, decía en julio el candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, antes de ganar las elecciones primarias del pacto Apruebo Dignidad. En esa instancia, el diputado recibió más de un millón de votos y se consolidó como uno de los favoritos para la primera vuelta, que tendrá lugar mañana y en la que competirán siete candidaturas. Pese a que el escenario es de total incertidumbre –el desorden político propio de la crisis social que el país atraviesa desde 2019, la poca precisión demostrada por las encuestas y el voto no obligatorio condimentan el ambiente–, esas palabras pronunciadas por Boric se erigen como un desenlace probable para cualquier candidato que llegue a La Moneda.
En paralelo a la impredecible carrera electoral, en el edificio del antiguo Congreso Nacional en el centro de Santiago sesionan los y las 155 constituyentes electos en mayo para escribir una nueva Constitución. En los pasillos y patios del ex Congreso ya se adelantan los tópicos que se irán abordando en la elaboración del texto constitucional en los meses venideros, y uno de los consensos más evidentes es precisamente ese: que la figura presidencial perderá poder.
“La gran mayoría –si es que no es la totalidad– de los convencionales que conforman la comisión de sistema político tenemos el mismo diagnóstico en torno al hiperpresidencialismo chileno y sus deficiencias”, explica Bárbara Sepúlveda (Partido Comunista), abogada constitucional y docente de la Universidad Alberto Hurtado que fue electa constituyente y forma parte de la comisión. En total, son 25 los convencionales de todas las tendencias políticas que discuten en la instancia no sólo el sistema político, sino también el de gobierno, el Poder Legislativo y el sistema electoral.
“Donde quizás tenemos diferencias políticas es en las soluciones y en cómo evaluamos la complejidad del problema, la cantidad de variables que tienen que conjugarse para mejorar el sistema político: para algunos es sólo un problema de régimen de gobierno, mientras que para otros es un problema de sistema electoral. Pero en realidad sí creo que hay un consenso en torno a que la figura del presidente de la República debería cambiar”, dice.
Un nuevo ciclo
Desde sus inicios, Chile ha tenido una tradición presidencialista, interrumpida únicamente por tres décadas de parlamentarismo a fines del siglo XIX. “Siempre hemos sido un país presidencialista, pero eso no necesariamente tiene que traducirse en un presidencialismo exacerbado; eso no es una receta histórica del país. Lo que tenemos hoy tiene que ver con la mirada autoritaria que estaba en los planes de la dictadura, en particular de Augusto Pinochet y de Jaime Guzmán”, opina. Esa visión quedó consagrada en la Constitución de 1980 que ella y sus 154 compañeros tienen la misión de reemplazar.
La nueva Constitución, dicen los analistas políticos, será el fin definitivo de la transición posdictadura. “Estamos en el nacimiento de un nuevo ciclo político, pero no es que uno termine y el otro nazca automáticamente de un día para otro. Estamos, más bien, en lo que Gramsci llamaba el interregno, cuando el viejo ciclo está muriendo y el nuevo está naciendo: hay un ciclo político que se extendió por cerca de 30 años y que comenzó a morir con el estallido social, y estamos entrando en uno nuevo, marcado por el plebiscito constitucional y la elección de convencionales”, dice el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno. “A quienes sean electos para desempeñar funciones en el Ejecutivo o en el próximo Congreso les va a tocar lidiar con esa transición”, agrega.
La conjunción entre el proceso constitucional y la renovación de autoridades políticas es materia de análisis. “Es raro el caso de que se hagan elecciones en medio del proceso constituyente y que no coincida el nuevo período de gobierno con la implementación de la nueva Constitución”, observaba la semana pasada la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile María Cristina Escudero en el coloquio “Proceso constituyente y ciclo electoral: ¿relaciones peligrosas?”.
Precisamente debido a esa particularidad, la reforma constitucional que habilitó el proceso actual definió que “la nueva Constitución no podrá poner término anticipado al período de autoridades electas por votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial”. Así, si bien se desprende que no se podrá terminar el período presidencial antes de los cuatro años establecidos durante esta elección, eso ocurriría siempre y cuando el sistema presidencial se mantenga tal y como está.
“Si la nueva Constitución establece un régimen transitorio que diga, por ejemplo, que un año después de la entrada en vigencia de la constituyente el gobierno llamará a elecciones, el gobierno tendrá que llamar a elecciones”, dijo en setiembre el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa. “Por eso es importante que las iniciativas estén puestas sobre la mesa: qué tipo de presidencialismo piensan algunos, qué tipo de semipresidencialismo piensan otros y qué alternativas parlamentarias pueda haber”, agregó.
El nuevo rol de los electos
En las elecciones del domingo y en el mismo ambiente de incertidumbre, también se renovará gran parte del Congreso: se elegirán 155 diputadas y diputados, además de nuevos senadores para la mitad de las 16 regiones de Chile. Actualmente, el período para los representantes de la cámara baja es de cuatro años y de ocho para los de la cámara alta. Todo eso también podría cambiar radicalmente, sobre todo porque una de las ideas que gana adeptos entre los constituyentes es la de pasar a tener un Poder Legislativo unicameral.
Esta elección, además, resulta para algunos “contraproducente” o incluso “regresiva”: el Congreso que se elegirá el domingo no tiene paridad de género en los escaños elegidos ni cupos reservados para los pueblos originarios, algo que sí se estableció para la elección de constituyentes. Con 8% de confianza de la ciudadanía según la última encuesta CEP, el Congreso enfrenta las elecciones en un punto crítico de su historia.
A la vez, las autoridades electas en esta ocasión tendrán la responsabilidad histórica de poner en práctica la nueva Constitución. “Nosotros esperamos que el próximo presidente y Congreso puedan impulsar los proyectos de ley que sean necesarios para materializar los cambios”, señala Sepúlveda desde la Convención. “Esperamos, principalmente, un compromiso con las transformaciones que se pretenden y una voluntad política de colaboración. Lo más democrático que pueden hacer es colaborar con la implementación de los cambios que son necesarios y que se están decidiendo en forma democrática”, dice.
Esa expectativa también genera tensiones. “Existen candidaturas que son más proclives a desentenderse del proceso constituyente y otras que sí han mostrado su disposición a colaborar”, apunta la constituyente. Y es que el ambiente podría complicarse si quien se impone en la presidencial no comparte los diagnósticos y resoluciones de la Convención, como podría pasar si el candidato ultraderechista José Antonio Kast llegara a La Moneda. En las últimas encuestas electorales, el representante del Partido Republicano aparece peleando el primer o segundo lugar de la contienda, superando con creces a la carta del pacto de centroderecha Chile Vamos, Sebastián Sichel.
“Si Kast resulta electo, la Convención Constitucional podría verse tentada a establecer mecanismos de adelantar elecciones, dado que una nueva Constitución requeriría nuevas autoridades. Todo eso puede ocurrir, porque estamos en presencia de elementos de un nuevo ciclo en el que la inestabilidad es propia, se producen situaciones adversas y pueden surgir ciertos monstruos”, opina Moreno.
Pese a la falta de certezas, las fechas están claras: luego de las votaciones de este domingo, las dos principales mayorías se enfrentarán en un balotaje el 19 de diciembre y una de las candidaturas recibirá la banda presidencial de manos de Sebastián Piñera el 11 de marzo de 2022. Cuatro meses después, el 4 de julio, la Convención tendrá que presentar su propuesta constitucional, que toda la ciudadanía votará en un plebiscito 60 días más tarde. Lo que venga de ahí en adelante es todavía una incógnita.
“Creo que efectivamente esta es la última elección del ciclo que está muriendo, con las reglas y claves que lo caracterizaron”, observa Moreno. “Evidentemente, junto con esa muerte, en el próximo ciclo electoral –sea en cuatro o dos años más– vamos a tener nuevas reglas y nuevas claves que van a dar nuevos procesos. En la práctica, es la última elección que se juega con las reglas establecidas en la Constitución de 1980”.
Consuelo Ferrer, desde Santiago.