El gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP) que lidera Pedro Sánchez llegó este martes a un acuerdo que le permitirá dejar atrás la reforma laboral que se aprobó en España hace casi diez años, en 2012, cuando gobernaba el derechista Partido Popular (PP). Aquella reforma, que llevó adelante el Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando una fuerte crisis económica golpeaba el mercado laboral, tuvo entre sus principales efectos un aumento de la precariedad del empleo y una caída en la incidencia de los trabajadores en la definición de las condiciones de trabajo.
“La temporalidad y la precariedad son, junto al desempleo, las principales anomalías del mercado laboral español y estamos decididos a dejarlas atrás. Es imprescindible disponer de herramientas equilibradas en la negociación colectiva y, al mismo tiempo, establecer condiciones claras para la subcontratación”, señala el texto del acuerdo alcanzado entre el PSOE y UP.
Para la alianza de gobierno fue difícil llegar a este pacto. Por el camino hubo disputas por el contenido y también por las formas y responsabilidades en su negociación. Las conversaciones con distintos actores sociales fueron llevadas adelante por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, perteneciente a UP, pero la de Economía, Nadia Calviño, del PSOE, reclamó supervisar la última etapa de tratativas, según informó Efe.
Las dos representan distintas visiones dentro de la coalición. Mientras que Díaz impulsaba medidas en sintonía con el reclamo de los trabajadores, Calviño insistía en alinearse con las posiciones que prevalecen en la Unión Europea y acusaba a la ministra de Trabajo de perjudicar a los empresarios.
Antes de firmar el texto difundido este martes, Calviño, que no habló de derogar la reforma, proponía “modernizar” el mercado de trabajo y reducir los “desequilibrios” de la ley vigente. Pero el sector izquierdista sí abogó por la “derogación” de esta reforma, y señaló que la disputa con su socio en el gobierno de España no se trataba de quién dirigía las conversaciones sino, sobre todo, de un problema de contenidos.
La fusión de esas dos posturas es un texto que establece que la reforma finalmente sí será derogada, “en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea”, según citó el diario Público. El documento agrega que se buscará un acuerdo “justo y equilibrado con todas las partes”.
Tanto ese plan enviado a la Comisión Europea como el pacto de gobierno que firmaron en su momento el presidente Pedro Sánchez y el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, para formar la coalición de gobierno propone la simplificación de los contratos, la revisión de los convenios laborales, y un mayor equilibrio en la correlación de fuerzas de trabajadores y empresarios.
“El gobierno de España está definiendo las relaciones laborales del siglo XXI, cumpliendo con la palabra dada. Se trata de aprobar, antes de que acabe 2021, una legislación laboral moderna que revise los desequilibrios de la reforma de 2012 y deje atrás los problemas estructurales de nuestro mercado de trabajo”, se manifestó desde la Secretaría de Comunicación.
Para UP, el acuerdo que se alcanzó reconoce los siete meses de trabajo en diálogo con sectores sociales, que fueron encabezados por la ministra de Trabajo. También manifestaron su conformidad el PSOE y el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Esa central sindical, al igual que UP, defendía que primaran los convenios colectivos y la ultraactividad, es decir, que una vez que vence el plazo por el que rige un convenio colectivo, este se siga aplicando mientras se negocia uno nuevo.
Una de las reacciones más críticas a la decisión del gobierno sobre la reforma laboral fue la del PP, que calificó la decisión de derogarla como “la peor noticia”.
La novedad también fue mal recibida por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, cuyo presidente, Antonio Garamendi, expresó en diálogo con la radio Onda Cero que la actual reforma laboral ayudó a bajar la tasa de desempleo en el país. Además, el dirigente de la entidad patronal advirtió sobre el riesgo de cambiar las normas laborales en “un momento muy delicado de la economía”, en el que están incidiendo la inflación, el precio de la electricidad y los problemas de abastecimiento.