Los nueve jueces de la Suprema Corte estadounidense, seis de los cuales son conservadores, escucharon el miércoles argumentos a favor y en contra de una ley de Misisipi que prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas de gestación. Si el tribunal avala esta ley, restringirá las normas actuales, que surgieron a partir de otro de sus fallos, el que emitió en el caso Roe versus Wade de 1973.
Desde entonces, el aborto es legal en Estados Unidos durante las primeras 24 semanas de gestación, hasta que se considera que el feto es viable fuera del cuerpo de la mujer. Para el presidente de la Corte Suprema, John Roberts –uno de sus integrantes conservadores–, “no es una diferencia muy drástica” pasar de ese plazo al de 15 semanas que plantea la norma de Misisipi. Para los movimientos de mujeres sí lo es, y constituye un retroceso en materia de derechos.
En la audiencia del miércoles, también los demás jueces conservadores dieron indicios de que podrían apoyar la ley de Misisipi, informó Efe, aunque recién se pronunciarán al respecto en 2022, posiblemente en junio.
Hay dos cambios posibles en este proceso. Uno es que se establezca que la viabilidad del feto se fija en las 15 semanas de gestación, y otro es dejar sin efecto la decisión de 1973 y abrir así la posibilidad de que cada estado legisle como prefiera sobre la interrupción del embarazo. De ese modo, el derecho a interrumpir el embarazo se perdería en los estados más conservadores, cerca de la mitad de los del país, que han impulsado una ofensiva contra la legalidad del aborto.
De acuerdo con números de Planned Parenthood, la principal red de clínicas de salud reproductiva estadounidense, si la corte deroga el fallo del caso Roe versus Wade, la mitad de las mujeres en edad reproductiva del país quedarían sin acceso a la interrupción del embarazo en el estado en que residen. Ya hay más de una docena de estados que, como Misisipi, intentan eludir el fallo Roe versus Wade con normas locales.
Julie Rikelman, una de las abogadas que el miércoles defendió ante la corte la normativa que rige hoy en Estados Unidos, dijo a la agencia Efe que la posibilidad de interrumpir un embarazo “es realmente crucial para la igualdad de las mujeres, para su participación igualitaria en la sociedad”. Otra de ellas, Jenny Ma, destacó que un eventual retroceso en este derecho sería algo que Estados Unidos sólo comparte con Polonia.
Ante este escenario, el presidente estadounidense, Joe Biden, alentó al Congreso a que apruebe una Ley de Protección de la Salud de las Mujeres que ya tiene el visto bueno de la Cámara de Representantes pero es resistida en el Senado. Esa norma garantizaría el derecho a abortar durante las primeras 24 semanas de gestación, y después de ese período sería legal hacerlo sólo en caso de riesgo para la gestante. “El presidente está comprometido a trabajar con el Congreso para blindar el derecho constitucional a un aborto seguro y legal”, dijo su vocera, Jen Psaki, el jueves. Agregó que Biden se opone a la norma aprobada en Misisipi porque “viola drásticamente los derechos constitucionales de las mujeres a un aborto seguro y legal”.
También los jueces más progresistas de la Suprema Corte, que están en minoría, advirtieron contra una decisión favorable a la ley de Misisipi, y señalaron, entre otros argumentos, que es inusual que ese tribunal derogue sus fallos, y que nunca lo ha hecho por motivos políticos sino jurídicos. Para la jueza Sonia Sotomayor, Misisipi pidió el final de Roe versus Wade sólo porque “hay nuevos magistrados” en la Suprema Corte y ahora los conservadores son mayoría.
El gobierno también señaló el miércoles que la Suprema Corte nunca ha revocado un fallo que reconozca un derecho, y llamó a ese tribunal a que no lo haga ahora. La procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, dijo en la audiencia del miércoles que “los efectos reales de derogar Roe [...] serían graves e inmediatos”, e implicarían una “reducción sin precedentes de los derechos individuales”.