Poco antes de iniciar su mandato como presidenta hondureña, algo que ocurrirá este jueves, Xiomara Castro decidió expulsar a 20 integrantes de su partido, llamó a sus seguidores a manifestarse frente al Parlamento y decidió asumir su cargo ante un juez y no ante el Poder Legislativo.
La gran crisis que vive actualmente el país centroamericano comenzó cuando un grupo de legisladores de su partido, Libertad y Refundación (Libre), desoyó un acuerdo que alcanzaron Castro, cuando era candidata a la presidencia y su marido y líder de su organización política, Manuel Zelaya, con el presidente del Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla. Las partes hicieron una alianza por la cual Nasralla sería quien eligiera al candidato a presidir la junta directiva provisional del Parlamento.
Pero el jueves, cuando Castro llamó a los 50 diputados de su partido para pedirles que apoyaran al candidato de Nasralla, Luis Redondo, sólo 30 acudieron. Las ausencias mostraban desacuerdo con la decisión, como quedó en evidencia el viernes.
Ese día, cuando se elegía la junta directiva, Nasralla formalizó su propuesta de que Redondo la presidiera, pero 20 diputados de Libre le negaron su apoyo. En su lugar eligieron a Jorge Cálix, que pertenece a Libre, pero recibió el apoyo de los diputados del Partido Nacional.
Este partido, que gobernó Honduras los últimos 12 años, ha sido el principal rival de Libre. En las últimas elecciones, su candidato, Nasry Asfura, fue el mayor contendiente de Castro, y en las anteriores, en las que fue reelecto Juan Orlando Hernández, el actual presidente, Libre denunció fraude.
En respuesta a la votación del Parlamento, Libre decidió expulsar a los legisladores que apoyaron a Cálix. Dos de ellos dieron marcha atrás y revirtieron su posición, y los otros 18 quedaron fuera del sector. “A partir de la fecha pierden su condición de militantes activos de nuestro partido y queda prohibido hacer sus acciones en nombre de Libre”, anunció Castro. Por su parte, Zelaya escribió en su cuenta de Twitter: “Procede la expulsión de quienes traicionaron el proyecto de refundación de nuestra patria”.
Otro dirigente de Libre, Gilberto Ríos, dijo que detrás de esos diputados están “el crimen organizado, el poder financiero, el narcotráfico y los equipos que saquean los recursos del Estado”, que quieren afectar al gobierno de Castro, según publicó la agencia Efe.
Castro, además, convocó a una marcha, el sábado. “La vigilia se inicia la noche del sábado y la madrugada del domingo 23 de enero, para evitar el secuestro del Congreso Nacional y rechazar que el bipartidismo dirigido por el dictador Juan Orlando Hernández con la complicidad directa de unos pocos diputados traidores, electos por el pueblo bajo nuestra bandera”.
Cuando fue electo Cálix como titular de la junta directiva del Parlamento, varios diputados leales a Castro quisieron agredir a quienes lo apoyaron. Pero, en medio de los gritos y empujones, el ministro de Gobernación, Leonel Ayala, del Partido Nacional, llevó adelante la ceremonia de investidura de Cálix.
La presidenta electa desconoció esa junta directiva provisional del Parlamento. A su vez, los diputados que apoyaban a Redondo afirmaron que la votación de ese día violó las normas de funcionamiento del Poder Legislativo y omitió escuchar al portavoz del partido.
Con la sede parlamentaria rodeada de manifestantes, entre los cuales se encontró la propia presidenta electa, la junta directiva provisional electa el viernes llamó al Parlamento a sesionar en las afueras de Tegucigalpa, y allí ratificó a Jorge Cálix.
Mientras tanto, en la sede del Parlamento se eligió otra mesa directiva, encabezada por Redondo y reconocida por Castro, en una sesión en la que participaron diputados titulares y suplentes. “Reconozco la presidencia del Congreso encabezada por el diputado Luis Redondo, le invito a mi juramentación junto al pueblo el 27 de enero”, dijo Castro en Twitter, y felicitó a aquellos parlamentarios “que rechazan 12 años de redes de corrupción de John [Juan Orlando Hernández]”.
Debido a esta crisis, Castro dijo que asumirá su cargo de presidenta el jueves frente a un juez civil, alternativa prevista en la Constitución para el caso de que no pueda asumir frente al Parlamento.
Mientras tanto, obispos y empresarios llamaron al diálogo entre las partes para salir de esta crisis. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada manifestó que se presenciaron “hechos lamentables que exponen a la clase política ante la población y dañan la credibilidad del país a nivel internacional”, y llamó a buscar un entendimiento. A su vez, la Conferencia Episcopal de Honduras pidió que Castro y las dos juntas directivas del Parlamento dialoguen para “ponerse de acuerdo y encontrar un camino de solución que respete la ley y devuelva la serenidad y la paz” para “celebrar con alegría el comienzo de un nuevo gobierno.