La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso peruano una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los casos denominados Puente Tarata III y Petroperú.
La titular del Ministerio Público imputó al mandatario los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, y por el segundo, por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias agravado. De acuerdo a lo que informó el diario limeño La República, la denuncia también alcanza a los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).
En el caso Puente Tarata III se investiga si el presidente, junto al exministro Juan Silva y sus sobrinos, Fray Vásquez y Gianmarco Castillo, direccionaron una obra pública de cerca de 58 millones de dólares en beneficio de un consorcio que había sido contactado por los operadores Zamir Villaverde García y Hugo Meneses Cornejo.
En el caso Petroperú se investiga la presunta adjudicación irregular de combustible por 74 millones de dólares a favor de Heaven Petroleum Operators (HPO), compañía perteneciente al empresario Samir Abudayeh, quien, de acuerdo a lo que informaron medios peruanos, antes de obtener la concesión del contrato se reunió con Castillo en el Palacio de Gobierno.
Luego de presentar la denuncia ante el Congreso, la fiscal Benavides ofreció una conferencia de prensa en la que, entre otras cosas, dijo: “Hoy tras un arduo trabajo de investigación de los equipos especiales que lidero y en cumplimiento de mi función constitucional de investigar y perseguir el delito puedo anunciar a las peruanas y peruanos que hemos hallado muy graves indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno”.
Según informó el portal Ojo Público, se trata de la primera vez que el Ministerio Público peruano presenta una denuncia constitucional contra un presidente en funciones.
Horas más tarde, en una actividad en el Palacio de Gobierno, el presidente Castillo dijo que está siendo víctima de una “persecución”, pero aseguró que está dispuesto a que su sangre corra “por la calle en beneficio del pueblo” y a “entregar la vida”. “Acá estoy y si tiene que correr mi sangre por la calle en beneficio de este pueblo, lo tengo que hacer, y si hay que entregar la vida, lo voy a hacer”, expresó Castillo.
El presidente, que asumió su cargo el 28 de julio del año pasado, agregó: “Hoy se quiere bajar al gobierno, hoy hay denuncias constitucionales, hay persecución y no les importa meterse hasta con tu propia madre”. Esta última frase hacía referencia a que este martes por la mañana la Fiscalía, con el apoyo de la Policía, allanó la casa de la hermana del presidente, donde estaba su madre, Mavila Terrones, quien fue internada en un hospital después de sufrir un problema de salud durante el operativo.