El gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni tomó medidas duras frente a las organizaciones civiles que rescatan migrantes en el mar, a las que acusa de fomentar la migración desde África a Europa, y emitió un decreto por el cual sólo pueden desembarcar aquellas personas consideradas más vulnerables. Las demás deben permanecer en los barcos que las rescataron para luego ser devueltas a aguas internacionales.
El decreto fue emitido por el viceprimer ministro Matteo Salvini y defendido por el nuevo ministro del Interior, Matteo Piantedosi. “Nosotros respetamos a las personas y las exigencias humanitarias, pero tras una verificación, quienes no se encuentren en estas condiciones, según las indagaciones de los organismos nacionales competentes, serán invitados a salir de las aguas territoriales italianas”, dijo Piantedosi en una conferencia de prensa.
En los últimos días llegaron al límite de las aguas italianas cuatro barcos de organizaciones no gubernamentales: Ocean Viking, con 234 inmigrantes, Geo Barentes, con 572, Rise Above, con 95, y Humanity 1, con 179. Primero, el gobierno dejó desembarcar del Geo Barents y del Humanity 1 a los migrantes que consideró más vulnerables, pero en una segunda inspección médica se constató que las personas que seguían a bordo sufrían trastornos psiquiátricos, y se detectó un brote de sarna en un barco y una huelga de hambre en otro.
Meloni consideró “extraña” la decisión de las autoridades sanitarias de considerarlos vulnerables a todos, y dijo que en los barcos que rescatan personas en el mar “no hay náufragos, sino migrantes, que subieron a bordo en aguas internacionales mediante el transbordo desde otros buques de enlace”. Afirmó que “el barco que los tomó a bordo está equipado y habilitado para acogerlos y atender todas sus necesidades de acogida”. Según citó la agencia Efe, la gobernante dijo también que su Ejecutivo “respeta todas las convenciones internacionales” y que su decisión de prohibirles a los barcos permanecer en aguas italianas “más allá del tiempo necesario para garantizar las operaciones de rescate y asistencia a los sujetos frágiles está justificada y es legítima”.
Puerto de Catania.
Foto: Giovanni Isolino / AFP
La primera ministra agregó que su gobierno debe trabajar para “contrarrestar décadas de propaganda inmigracionista que se ha instalado a todos los niveles”, y afirmó que “con la izquierda en el poder se ha tolerado y alimentado una situación de total ilegalidad, pero estamos trabajando para cambiarla”. Salvini, por su parte, tuiteó: “Italia no será cómplice del tráfico de seres humanos. ¿Alguien empieza a entenderlo”.
Su política de “desembarcos selectivos” fue cuestionada por las organizaciones civiles que trabajan en el área, por la oposición y también por los obispos italianos. La organización civil a cargo del Humanity 1 presentó una demanda contra el decreto de Salvini ante el Tribunal Administrativo del Lazio por considerar que la norma es contraria al derecho internacional y a los derechos humanos.
Amnistía Internacional manifestó que “el derecho del mar es claro: un rescate termina cuando todas las personas rescatadas desembarcan en lugar seguro. No hay lugar para interpretaciones creativas de la ley cuando hay personas sufriendo y traumatizadas tras arriesgar sus vidas en el mar”.
Uno de los barcos que llegaron a aguas italianas, el Ocean Viking, fue recibido en Francia ante la negativa de Italia. Pero el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, dijo que “habrá consecuencias extremadamente fuertes en la relación bilateral” y en la relación de Italia con la Unión Europea. Anunció que Francia va a reforzar los controles fronterizos con Italia y que suspende “con efecto inmediato” el acuerdo que se había establecido en el bloque para repartir entre distintos países a los migrantes rescatados por barcos humanitarios. De este modo, queda sin efecto el envío a Francia de 3.500 de esos migrantes previsto para el año que viene. Para Meloni, la reacción de Francia fue “agresiva” y “desproporcionada”.