Las autoridades judiciales peruanos dictaron en la noche del jueves una pena de 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, quien está recluido en la Dirección de Operaciones Especiales (Dirones), una dependencia policial de Lima, luego de su fallido golpe de Estado, el 7 de diciembre.
La Fiscalía le imputa a Castillo ser presunto coautor de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Luego de evaluar los argumentos de las partes, el juez Juan Carlos Checkley Soria leyó el largo dictamen. Según lo que consignó el diario limeño La República, el juez Checkley señaló que era justificado el pedido del Ministerio Público de 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente por tratarse de un caso complejo y ante el inicio de la investigación preparatoria.
Tras la decisión de la Justicia, la Junta Técnica de Clasificación determinará a qué centro de reclusión tendrá que ir Castillo a cumplir su pena. Una de las opciones es que permanezca en la Diroes, aunque también existe la posibilidad de que sea trasladado a una dependencia militar o a una cárcel común.
Paralelamente, el juez desestimó el pedido de prisión pedido por la Fiscalía contra quien fuera presidente del Consejo de Ministros de Castillo, Aníbal Torres, quien se encuentra prófugo desde el 10 de diciembre, cuando en un mensaje en su cuenta de Twitter anunció su pasaje a la clandestinidad. Según la decisión de la Justicia, Torres tendrá que pagar una multa y además se le fijó un régimen de comparecencia, teniéndose que presentar en una sede judicial cada 30 días.
Mientras se dio a conocer esta sentencia, ya entrada la noche peruana, el Congreso estaba debatiendo el adelantamiento de las elecciones propuesto por la presidenta Dina Boluarte.
Antes del comienzo de la instancia legislativa, la mandataria reafirmó su voluntad. “Quiero ratificar la propuesta de mi gobierno en adelantar las elecciones. Desde este espacio invoco al Congreso a tomar las mejores decisiones para acortar los plazos y hacer las reformas necesarias. Aquí nos vamos todos. Ejecutivo y Legislativo”, dijo Boluarte.
Si bien inicialmente la mandataria había dicho que los comicios se realizarían en abril de 2024, luego, ante la intensidad de las protestas y movilizaciones en todo el país, manejó la posibilidad de adelantar dicha instancia para diciembre de 2023. Pero el tema debe ser decidido por los legisladores, tal como les dijo el jueves el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, a los legisladores durante su comparecencia en el Congreso. “Nosotros tenemos iniciativa legislativa, pero quienes tienen que tomar la decisión son ustedes los parlamentarios”, manifestó el ministro.
También se hicieron presentes en el lugar las autoridades de los órganos electorales. Las posiciones estaban divididas. Desde los sectores de izquierda se estaba de acuerdo en hacer las elecciones de 2023, y los sectores de derecha defendían la idea de que sean en 2024. En cualquier caso, el adelantamiento de los comicios exige una serie de pasos formales y además están en debate la implementación de una reforma política, que también tiene muchos puntos para debatir porque existen enormes diferencias de enfoque, por lo que se prevén ásperas discusiones en las próximas semanas. Desde algunos sectores se pretende instalar un régimen bicameral reemplazando al actual Congreso unicameral, mientras que otros proponen la realización de una Asamblea Constituyente.
En este contexto de crispación, a pesar de que el miércoles el gobierno de Boluarte había decretado el estado de emergencia por 30 días en todo el país ante la conmoción social latente, el jueves nuevamente miles de peruanos salieron a protestar. En Lima hubo movilizaciones en la céntrica plaza San Martín y también frente al lugar en el que está detenido Castillo, aunque trascurrieron dentro de cierta tranquilidad, pese a la tensión reinante. Pero en otras partes del país se dieron situaciones muy violentas. Tal fue el caso de lo sucedido en la ciudad de Ayacucho, ubicada en el departamento homónimo, en la región andina, donde grupos de manifestantes chocaron con la Policía cuando intentaban tomar el aeropuerto de la ciudad.
Según informaron autoridades locales, estos incidentes se saldaron con la muerte de cuatro personas, en tanto que otras 39 terminaron con heridas de diversa entidad. En total, desde que comenzaron las protestas en Perú luego de la destitución de Castillo, el número de muertos, en la mayoría de los casos a manos de fuerzas policiales, ya suman 15. Dada la magnitud de los hechos acaecidos en Ayacucho, la Defensoría del Pueblo exigió mediante un comunicado a las Fuerzas Armadas el “cese inmediato del uso de armas de fuego y de bombas lacrimógenas lanzadas desde helicópteros”, de acuerdo a lo que consignó Radio Programas del Perú.