“Nuevamente, lamentamos la muerte de peruanos”, dijo el viernes la presidenta de Perú, Dina Boluarte. La gobernante llamó al diálogo y al cese de la violencia cuando ya sumaban 17 las personas que murieron durante las protestas, además de otras seis que fallecieron en accidentes vinculados con las movilizaciones, según informó el diario peruano La República. “He convocado a los líderes de las iglesias católica y evangélica para instalar una mesa de diálogo en cada una de las regiones que se han movilizado [...] Abriremos esos espacios para llamar a los líderes que encabezan estas marchas para escuchar sus demandas y canalizarlas”, dijo.
La presidenta afirmó que cuenta con el apoyo de gobernadores regionales para facilitar este diálogo y que ella misma se trasladará al interior del país para escuchar las demandas de los manifestantes. “Todos estos esfuerzos, con un claro objetivo: la paz social en el país”, manifestó Boluarte.
Desde el fallido golpe de Estado que dio su predecesor, Pedro Castillo, se reiteran las protestas y los paros por tiempo indeterminado en algunos departamentos de Perú. Seguidores del expresidente salen a las calles a pedir la renuncia de Boluarte y del Congreso.
En Ayacucho, un grupo de manifestantes saqueó y prendió fuego una sede de la Fiscalía. La presidenta repudió “enérgicamente los actos vandálicos que algunos radicales [...] utilizaron para atentar contra policías, militares, civiles, instituciones públicas y privadas y la economía familiar”.
“Este gobierno de transición que presido entiende y sigue reconociendo las demandas de los peruanos y peruanas que han salido legítimamente a levantar su voz”, dijo Boluarte, y agregó que “la Policía y las Fuerzas Armadas tienen claras instrucciones para salvaguardar la vida y los derechos humanos de los manifestantes”.
Sin embargo, el número de manifestantes muertos aumentó de siete a 17 desde que entró en vigencia el jueves la declaración del estado de emergencia, que autoriza a las Fuerzas Armadas a colaborar con la Policía en el control de las protestas. “Lamento los trágicos acontecimientos que han segado la vida de varios compatriotas en varias regiones del país. Esto tiene que parar”, dijo la presidenta.
De los diez fallecimientos más recientes, ocho se concentran en el departamento de Ayacucho, donde según informó la agencia Efe, los militares dispararon contra personas que intentaban asaltar el aeropuerto. La Defensoría del Pueblo presentó una denuncia penal para que se investiguen la respuesta del Estado, publicó Radio Programas del Perú.
De acuerdo con Walter Bedriñana, el director regional de Salud de Ayacucho, hay 52 heridos de los cuales 42 estaban el viernes hospitalizados, tres de ellos en cuidados intensivos. “De todos nuestros heridos 90% son por perdigones e impactos de bala” y el otro 10% sufrió contusiones, dijo.
A partir de el viernes entró en vigor en Perú un toque de queda nocturno en 15 regiones, en ocho departamentos de los 24 que tiene el país.
Críticas y renuncias
Como respuesta a la muerte de civiles en las protestas, la ministra de Educación, Patricia Correa, y el titular de Cultura, Jair Pérez, presentaron el viernes su renuncia. “Nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y a la vida de cada ciudadano peruano, que lamentablemente se han visto vulneradas en las últimas horas”, dijo Correa en un comunicado. A su vez, en sus redes sociales agregó que la muerte de civiles “no tiene justificación alguna” y cuestionó el uso de la violencia “desproporcionada y generadora de muerte” por parte del Estado.
Pérez, por su parte, dijo que “los lamentables sucesos acontecidos en el país” hacen “insostenible” su continuidad en el cargo. Al igual que Correa, el exministro le agradeció a la presidenta su confianza.
Marcha en apoyo del expresidente peruano Pedro Castillo en el centro de Lima el 15 de diciembre de 2022.
Foto: Martín Bernetti, AFP
Pese a las críticas y las dimisiones, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, manifestó el apoyo “incondicional” del gobierno a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional “en esta tarea tan sacrificada de controlar el orden interno”. De acuerdo con Otárola, hay “más de 300 policías heridos, varios de ellos en estado de gravedad”.
Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, que reúne a varias organizaciones civiles, llamó al Ejecutivo y al Congreso a implementar “una salida urgente de la crisis” y pidió a terminar con la “militarización” y “la violencia contra manifestantes”.
“No estamos dispuestos a tolerar ni una muerte más”, dijo la secretaria ejecutiva de la coordinadora, Jennie Dador, quien señaló que la respuesta a las manifestaciones “no es la adecuada”. “Hemos perdido siete vidas humanas en los primeros cinco días de protestas y desde el día de la militarización hemos duplicado el número de muertos y heridos”, dijo, según Efe. De acuerdo con la coordinadora, además, 147 personas fueron detenidas de manera arbitraria.
También la abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos, repudió “el uso abusivo de la fuerza por parte del Estado” y manifestó: “Se puede ver que algunas personas terminaban con alguna piedra o elemento en la mano [...] y de respuesta recibían balazos hacia el cuerpo de parte de miembros del Ejército. Esto es ejecución extrajudicial. Esto es asesinato”.
Sin ley de elecciones anticipadas
El Congreso de Perú sesionó el viernes y el jueves para tratar una ley que adelantara las elecciones para diciembre de 2023. Finalmente, la propuesta, presentada por el fujimorista Hernando Guerra, fue rechazada. Si bien una mayoría de congresistas votó a favor, no se reunieron los 87 votos que se requieren para aprobar una iniciativa de ese tipo. Legisladores de izquierda reclamaban que también se pusiera a consideración la convocatoria a una asamblea constituyente.
La norma que fue rechazada planteaba reducir el mandato de Boluarte y también el de los congresistas, que concluye en julio de 2026, cuando finalizaba la presidencia de Pedro Castillo. Boluarte lo sustituyó el 7 de diciembre. Ese día, el Congreso destituyó a Castillo después de que el presidente decretó la disolución del parlamento, anunció la conformación de un Ejecutivo de emergencia que gobernaría por decreto y la convocatoria a una asamblea constituyente. El jueves, el juez Juan Carlos Checkley dispuso que Castillo cumpla una prisión preventiva de 18 meses mientras se lo investiga por los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
La crisis que atraviesa Perú también generó reacciones internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos enviará una delegación para que visite el país desde el lunes hasta el miércoles, informó el viernes en sus redes sociales. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por el respeto al estado de derecho, y en particular porque se garanticen las libertades de reunión y de manifestación pacífica.