Por orden del Supremo Tribunal Federal de Brasil, la Policía Federal desplegó este jueves un gran operativo contra bolsonaristas que participaron en las manifestaciones, que reclaman un golpe de Estado contra el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva. La operación se extendió por ocho estados brasileños: Acre, Amazonas, Rondonia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina y el Distrito Federal de Brasilia.
El Supremo Tribunal Federal emitió 81 órdenes de allanamiento y, según informó Folha de São Paulo, entre los investigados se encuentran dos diputados del Congreso de Espírito Santo, Carlos Von Schilgen, quien es integrante del partido derechista Democracia Cristiana, y Capitão Assumção, del Partido Liberal, el sector del todavía presidente Jair Bolsonaro.
Las medidas fueron dispuestas por el ministro Alexandre de Moraes, que ya había ordenado multas para los propietarios de camiones utilizados en el estado de Mato Grosso para el bloqueo de carreteras, que llevaron adelante los manifestantes. También había dispuesto la prohibición de circulación para esos vehículos.
El jerarca también ordenó en noviembre el bloqueo de cuentas bancarias de 43 personas y empresas sospechosas de estar involucradas en actos antidemocráticos que desconocen el resultado de las elecciones de octubre ganadas por Lula, y dispuso que se bloqueen varios perfiles en las redes sociales de los investigados, informó el periódico brasileño.
El jueves, en uno de los allanamientos, en Santa Catarina, la Policía Federal encontró 11 armas, entre ellas, una ametralladora, un fusil y rifles con mira telescópica. El anuncio de ese hallazgo fue hecho por el futuro ministro de Justicia, Flávio Dino, en sus redes sociales, informaron los portales Carta Capital y Brasil 247.
Según manifestó De Moraes en un comunicado, la operación del jueves se basó en “una red de investigación realizada a partir de informes de inteligencia enviados por el Ministerio Público, la Policía Civil, la Policía Militar y la Policía Federal de Carreteras de los estados”. El magistrado dijo que esos reportes identificaron a “patrocinadores de manifestaciones, financiadores de estructuras para campamentos, recaudadores de fondos, líderes de protestas, movilizadores de acciones antidemocráticas en las redes sociales, así como dueños de camiones y vehículos que participaron en el bloqueo”. De Moraes informó también que se investiga la actuación de tres grupos “involucrados en el delito de abolición violenta del estado democrático”.
En la noche del lunes, un grupo de seguidores del presidente actual prendió fuego varios vehículos, destrozó mobiliario urbano e intentó ingresar a la fuerza a una comisaría, horas después de que Lula y el futuro vicepresidente, Geraldo Alckmin, recibieran los diplomas que los acreditaban como ganadores de las elecciones. Los bloqueos de carretera, por su parte, se disolvieron por la fuerza a los pocos días de comenzar. Al respecto, también se investiga la actuación de la Policía Federal de Carreteras para determinar si lo hizo con la celeridad debida a la hora de liberar las rutas o si, por el contrario, fue omisa en su proceder.
Desde la segunda vuelta electoral del 30 de octubre, se repitieron estas protestas así como las concentraciones frente a cuarteles militares y al Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial, para brindarle apoyo a Bolsonaro y reclamar un golpe de Estado que impida a Lula asumir la presidencia. Bolsonaro, que ha aparecido en público en pocas ocasiones desde su derrota electoral, elogió el viernes a las Fuerzas Armadas y las calificó como el “último obstáculo del socialismo”.