Una lucha de consecuencias imprevisibles en la interna del Partido Popular (PP) tomó estado público ayer, y ha generado un terremoto en la formación derechista española, que es la principal fuerza de la oposición al gobierno que preside Pedro Sánchez.
Si bien el tema se venía manejando por lo bajo desde hacía al menos seis meses, todo explotó en pocas horas, tras una catarata de declaraciones y acusaciones que dejaron en evidencia la puja irreconciliable entre la dirección del partido y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Según informó eldiario.es, la crisis actual tiene que ver con la lucha de Díaz Ayuso por presidir el partido en Madrid, algo que lleva reclamando desde hace tiempo y que, desde la cúpula del PP, encabezada por el líder del partido, Pablo Casado, se niegan a aceptar.
Durante la pandemia, la figura de la presidenta madrileña tomó fuerza y vuelo propios, por sus decisiones sobre las restricciones ante la pandemia de covid, que permitió, al contrario de lo que pasaba en el resto del país, mantener la apertura del sector hotelero, entre otras decisiones opuestas a las del Ejecutivo de Sánchez, lo que le valió un rotundo triunfo en las elecciones madrileñas realizadas en mayo del año pasado.
Tras una tregua por las elecciones celebradas el domingo en Castilla y León –ganadas por el PP–, la puja por el poder dentro del partido volvió a imponerse y se transformó en un escándalo luego de la publicación en varios medios del caso de corrupción que involucraría al hermano de la presidenta madrileña. Ayuso reconoció que existió una relación comercial entre su hermano y la empresa Priviet Sportive SL, a la que su gobierno adjudicó sin licitación un contrato de 1,5 millones de euros para comprar tapabocas en el inicio de la pandemia, y que Tomás Díaz Ayuso cobró una comisión cercana a los 300.000 euros.
Desde primera hora se sucedieron las declaraciones ante la prensa de uno y otro lado, con fuertes acusaciones cruzadas; la primera, la del alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien aseguró que abrió una investigación para dilucidar si una empresa municipal contrató a un detective para investigar ilegalmente a Ayuso. En su comparecencia el alcalde insistió en que esa investigación no existió, aunque la duda sobre el tema está instalada.
Poco después, quien apareció ante los medios fue Díaz Ayuso, quien directamente acusó al PP y a Casado de maniobrar para desprestigiarla “personal y políticamente” y vincularla con la corrupción desde “el anonimato”, “sin pruebas” e involucrando a su familia.
“Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de forma tan cruel y tan injusta contra mí”, afirmó la presidenta madrileña, quien reconoció la existencia del contrato que involucraría a su hermano, aunque aseguró que en él “no hay nada ilegal”, ya que se realizó cuando todas las comunidades autónomas estaban comprando insumos en el marco del combate a la pandemia.
Tras la comparecencia de Díaz Ayuso, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, anunció que el partido abrió un expediente informativo contra la presidenta madrileña por las graves acusaciones contra Casado, a las que consideró “casi delictivas”.
Los estatutos del PP consideran una infracción muy grave –que puede conllevar la suspensión de la afiliación entre cuatro y seis años, la inhabilitación para representar al PP por igual tiempo, o incluso la expulsión– la “manifiesta deslealtad al partido”, entendida como “toda acción u omisión voluntaria que pueda perjudicar el interés general del partido”.
“Este partido no tolerará ningún ataque a la honorabilidad y que se ataque de forma tan cruel e injusta a la dirección que le ha dado todo”, expresó García Egea.