Con el voto favorable de 63 de sus 84 integrantes, la Asamblea Legislativa de El Salvador renovó el domingo el régimen de excepción que ahora estará vigente hasta el 27 de mayo.
El estado de sitio había sido impulsado por el gobierno que encabeza Nayib Bukele en marzo, luego de que se registrara una ola de asesinatos sin precedentes atribuidos a las maras, principalmente a la más grande de ellas, la Mara Salvatrucha, organización delictiva de enorme influencia en el país.
En las últimas semanas y bajo este régimen de excepción, las autoridades informaron que detuvieron a 16.500 supuestos pandilleros. La medida recibió críticas internas, pero también desde el exterior, ya que este estado de sitio suspende derechos fundamentales, como el de asociación y reunión, y el de defensa en caso de detención, y la detención administrativa pasó de un plazo máximo de tres a 15 días. De hecho, durante la sesión del domingo la diputada opositora Claudia Ortiz identificó con nombre y apellido a las cuatro personas que fueron detenidas en forma arbitraria y posteriormente murieron bajo custodia de autoridades estatales.
“Ningún funcionario o medio oficialista se ha pronunciado” por las “víctimas del régimen de excepción”, declaró Ortiz. La legisladora, cuyas declaraciones fueron consignadas por la agencia Efe, agregó que “no se pueden dar poderes extraordinarios sin ningún contrapeso”, pidió resultados “más allá de simples números” de detenciones, y señaló que se debería rendir cuentas sobre si se resolvieron los ya más de 80 asesinatos que motivaron la medida extraordinaria.
Pero además de extender el régimen de excepción, la mayoría de los diputados salvadoreños, que responden al presidente Bukele, aprobaron un decreto que dicta que, mientras el estado de sitio esté vigente, autoriza al gobierno a evitar los procedimientos habituales para hacer compras y contrataciones públicas, según informó el portal salvadoreño El Faro. Esta medida es muy similar a una ley que los diputados aprobaron en 2020 para abolir los controles en las adquisiciones públicas durante la pandemia de coronavirus. Según la Fiscalía salvadoreña, a finales de 2020, 66% de las compras realizadas sin los controles habituales tuvo alguna irregularidad.
Durante la sesión, la justificación que dieron los diputados para aprobar la prórroga del régimen de excepción es que las fuerzas de seguridad todavía no detuvieron a todos los miembros de las pandillas activos en las calles, que según el presidente Bukele son aproximadamente 70.000. Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad y Justicia, dijo en las últimas horas que la tarea de atrapar a todos los integrantes de las maras “no se puede acabar en 30 días”.