Varias manifestaciones se registraron en los últimos días en Paraguay como consecuencia de un proyecto de ley presentado por el senador Enrique Riera, del oficialista Partido Colorado, que pretende endurecer las penas a aquellas personas que bloqueen rutas.
La iniciativa prevé modificar el artículo 216 del Código Penal para imponer penas de prisión de “hasta seis años de cárcel” a quienes obstaculicen la libre circulación de personas y bienes por las carreteras del país, informó Efe.
Se espera que el proyecto presentado por Riera, quien fue intendente de Asunción entre 2001 y 2006 y ministro de Educación y Cultura durante el gobierno de Horacio Cartes, sea debatido en los próximos días, semanas después de que el país viviera una serie de bloqueos y manifestaciones por el aumento del precio de los combustibles.
“Los habitantes de esta nación no podemos ser rehenes permanentes y seguir viviendo bajo la amenaza de que hoy o mañana alguien interrumpirá el ejercicio de nuestro derecho a desplazarnos libremente”, señalaron en un comunicado conjunto representantes del sector patronal agrupados en la Unión Industrial Paraguaya (UIP).
Las agremiaciones, vinculadas a la producción, al sector rural, industrial, el comercio y los servicios, consideraron el proyecto de ley “un instrumento válido de política pública” y pidieron que sea considerado por el Poder Legislativo.
Uno de los líderes de estos sectores, el presidente de la Federación Paraguaya de la Madera (Fepama), Raúl Legal Duarte, manifestó que el sector forestal fue uno de los afectados por el cierre de rutas, ya que sufrió cuantiosas pérdidas al no poder disponer de materia prima y no poder cumplir con los contratos de exportación.
El dirigente maderero dijo que los habitantes de esta nación “no pueden ser rehenes permanentes y seguir viviendo bajo la amenaza de que hoy o mañana alguien interrumpirá el ejercicio del derecho a desplazarnos libremente por todo el territorio nacional”.
Otra es la posición de conductores, campesinos, indígenas y agrupaciones de ciudadanos sin techo, que manifestaron su rotunda oposición al denominado “proyecto Riera”.
Para el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores en Moto, Federico Ferreira, lo que pretenden hacer “es elevar las penas a los efectos de coaccionar el espíritu de la gente para salir a protestar”.
Por su parte, el senador Riera, en declaraciones al diario asunceño Última Hora, sostuvo que con su proyecto de ley busca “mantener funcionando el país y la democracia”.
“De lo que se trata es de mantener funcionando el país y la democracia mientras se soluciona el problema”, expresó el legislador. Riera, además, rechazó las críticas a su iniciativa y remarcó que no afecta el derecho a la manifestación, huelga o paro, pero que está claro que “la misma Constitución establece ciertos límites” como el derecho de terceros.
Dentro del ámbito político, el proyecto también generó reacciones. Una de ellas fue la del senador Jorge Querey, del izquierdista Frente Guasú, que manifestó que con su proyecto de ley, Riera está buscando imponer un estado represivo en el país. Querey manifestó al diario El Independiente que espera que la propuesta no sea aprobada en el Parlamento y que prevalezcan los derechos humanos, sobre todo el de la libertad para movilizarse.
Con respecto a la postura de los representantes patronales, el legislador del Frente Guasú dijo no estar sorprendido por su actitud, y agregó además que, en lugar de tener la motivación de formar parte de la solución, los miembros de la UIP son parte del problema. “Ellos podrían ser grandes colaboradores y no tratar de construir un estado represivo”, expresó.
Querey dijo además que la atribución que se le da a la izquierda sobre estos cierres de ruta no es algo novedoso, sino que es un discurso que se remite a los tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner y que hoy continúan propalando los sectores conservadores.
También se manifestó en contra de la iniciativa presentada Oscar Ayala, representante de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). En declaraciones al diario digital Ñanduty, Ayala expresó que para la entidad que él preside la propuesta de Riera es antidemocrática. “Este tipo de decisiones se debe aprobar en una mesa de debate en donde debe estar presente la ciudadanía” aseguró.