La tarea de la Convención Constitucional chilena termina el 4 de julio, a un año de su instalación. Dos meses más tarde, el 4 de setiembre, su borrador será sometido a un referéndum en el que los chilenos decidirán si lo convierten en su nueva Constitución. Ese texto incorpora artículos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, los derechos laborales colectivos, la paridad en las instituciones del Estado, la protección del medioambiente, y el voto obligatorio a los 18 años y voluntario a los 16.
Sobre el trabajo de los últimos diez meses y el Chile que proyectan los constituyentes, la diaria conversó con Jaime Bassa, abogado, docente de derecho constitucional, exvicepresidente de la convención y actual convencional independiente.
¿Qué impacto pueden tener los avances en el reconocimiento de los pueblos originarios –por ejemplo, la declaración del Estado plurinacional– en el Chile que surja de la nueva Constitución?
Yo creo que la nueva Constitución chilena va a tener un desafío bien importante en identificar aquellos factores que probablemente han estado dividiendo a la sociedad chilena a lo largo de su historia y generar las condiciones para que esos factores puedan ser superados y se transformen en factores de unidad. Yo creo que uno de esos elementos es precisamente la relación que el pueblo de Chile, el pueblo mestizo, tiene con los pueblos originarios, porque ha sido una relación históricamente muy compleja, muy polémica, muy peleada, donde sobre todo la historiografía tradicional, más conservadora, ha caracterizado a los pueblos originarios en forma muy despectiva, en clave muy subalterna. Entonces dar un paso importante en ese sentido podría ayudar de forma muy significativa a un reencuentro entre pueblos y especialmente a generar condiciones de convivencia social más pacífica y más armoniosa.
¿Significaría avanzar en solucionar el conflicto del Estado con el pueblo mapuche, por ejemplo?
Claro, nosotros esperamos que sí. Esta es la primera instancia que el Estado de Chile tiene con este nivel de representación popular y con este nivel de población indígena para abordar el tema de los pueblos originarios, del conflicto que tiene el Estado con los pueblos originarios, especialmente con el pueblo mapuche, pero no sólo con el pueblo mapuche, y esperamos que el proceso constituyente sea efectivamente una contribución importante a solucionar ese conflicto. Los pueblos originarios, sus escaños reservados, han llegado a esta constituyente con mucha esperanza. El pueblo de Chile también participa en este proceso constituyente con mucha esperanza, y esperamos poder generar las condiciones que permitan contribuir a la solución efectivamente pacífica y ojalá definitiva a este conflicto que ya se arrastra por tantos años.
¿En esto incide la autonomía territorial que se está aprobando, la declaración del Estado regional, o esto tiene que ver más con identidades locales que de pueblos originarios?
Ahí se mezclan un poco las dos cosas. Se aprobó este modelo de Estado regional autonómico, que más o menos sigue la línea de lo que podría ser la autonomía española o el estado regional italiano, que busca generar condiciones para un desarrollo económico, social y cultural más equitativo entre las regiones. Y en ese diseño de unidades territoriales de carácter subnacional vienen incorporadas estas categorías de autonomías territoriales indígenas, que básicamente vienen a reconocer una realidad política y social que hoy día existe en el país, y es que hay ciertas comunidades a lo largo del territorio que conviven pacíficamente con reglas propias, con formas de solución de conflictos que responden a sus propias costumbres, a su propia historia. En ese sentido la autonomía territorial indígena junto con la cláusula del pluralismo jurídico que se aprobó vienen de alguna manera a normalizar y regularizar una realidad que hoy día existe en el país.
¿Cómo se podría explicar el pluralismo jurídico? ¿Incluye tribunales distintos en los pueblos indígenas?
No va a haber tribunales distintos. Aquí concurren dos factores. Por un lado, dado que el derecho es un fenómeno cultural, los pueblos originarios hoy día tienen reglas jurídicas propias que les ayudan a convivir y que les permiten también resolver sus conflictos políticos y sociales internos. El pluralismo jurídico viene a reconocer que existen formas de solucionar conflictos de relevancia jurídica que son distintas y que conviven en un mismo territorio. Eso es muy importante y muy interesante, porque de alguna manera, reconocer esa existencia del pluralismo jurídico viene a institucionalizar una serie de relaciones políticas, sociales y jurídicas que hasta ahora habían estado más bien invisibilizadas y cuyas relaciones se resolvían fuera del sistema judicial. Hoy día se van a resolver por dentro de ese sistema, reconociendo aquello y dándole visibilidad. Pero también, por otro lado, se aprobó en el borrador de nueva Constitución que para todo tipo de conflictos la última palabra siempre la va a tener la Corte Suprema de Justicia, y eso da garantías de unidad y de coherencia de funcionamiento del sistema judicial, porque vamos a seguir teniendo una estructura que garantiza la unidad en la interpretación y en la aplicación del derecho.
A lo largo del trabajo de la convención ustedes se han desplazado y han ido a diferentes regiones, a las cárceles, a diferentes ámbitos a explicar este proceso y también a recoger insumos. ¿Cómo podrías evaluar esa experiencia? ¿Qué aceptación tuvo y qué aportes recibieron?
Yo creo que ha sido bien interesante, bien importante, porque efectivamente esta constituyente surge en un contexto de mucha desconfianza de la ciudadanía en las instituciones de representación popular, en las instituciones en general y, sobre todo, en un contexto de cierta postergación estructural en el que los distintos sectores de la sociedad no han sido suficientemente considerados, escuchados, no han participado lo suficiente en la toma de decisiones políticas, públicas en los últimos 30 años. En dictadura todavía menos, pero también en los últimos 30 años. Este proceso constituyente, que nace en ese contexto político y social, ha generado condiciones para escuchar a sectores de la sociedad que se han sentido históricamente postergados y excluidos. Entonces, desde esa perspectiva yo creo como institución que representa a la voluntad popular esta constituyente ha aprendido mucho escuchando a las personas que viven privadas de libertad, a grupos de adultos mayores que están organizados, a las asociaciones de mujeres, pero también a la ciudadanía que se reúne a conversar estos temas en torno a viviendas y plazas ciudadanas. En ese sentido creo que ha sido una experiencia bien enriquecedora, que de alguna manera viene a potenciar esa dimensión participativa que tiene la democracia.
¿Y de parte de ellos vieron una buena recepción? ¿Entendían el trabajo que ustedes estaban haciendo?
En general sí, porque hay una sensación más o menos extendida en la sociedad de cierta expectativa y de cierta esperanza con el proceso constituyente, como si esta fuera probablemente la última gran oportunidad que tienen estas generaciones de recuperar la confianza en las instituciones y de destinar el funcionamiento de esas instituciones al servicio del interés general y de la protección de los derechos de las personas. Ha habido una relación bien particular entre la Constituyente y distintos sectores de la ciudadanía. Porque hay una ciudadanía muy expectante y que espera que efectivamente las decisiones que se han estado tomando en la convención constitucional, vinculadas por ejemplo al estado social y democrático de derecho, al Estado laico, al reconocimiento de los pueblos originarios, a la garantía del derecho al trabajo, a la garantía del derecho a la seguridad social, puedan ser efectivamente espacios de cohesión social, de encuentro ciudadano, pero sobre todo espacios de más justicia. Y yo creo que ahí hay una esperanza, una expectativa bien importante por parte de la ciudadanía.
“El gran cambio que probablemente genera esta constitución es que permite salir del modelo del Estado subsidiario que caracterizó al modelo constitucional de la dictadura, y reemplazarlo por un Estado social y democrático de derechos”.
Entre los artículos que han aprobado, ¿dónde se nota más el quiebre con esa constitución anterior de la dictadura?
Yo creo que a nivel de declaraciones de principios, el gran cambio que probablemente genera esta constitución es que permite salir del modelo del Estado subsidiario que caracterizó al modelo constitucional de la dictadura, y reemplazarlo por un Estado social y democrático de derechos. Creo que ahí hay un cambio importante, porque el Estado de alguna manera supera esa condición un poco secundaria que ha tenido en los últimos 40 años en lo que ha sido la provisión de bienes sociales, de derechos fundamentales, que ha sido históricamente entregada a las empresas privadas con la privatización de la salud, del trabajo, de la vivienda. Ese cambio debiera poner fin al repliegue del Estado, y el Estado debiera empezar a desplegarse de una manera más activa asumiendo un poco el deber y la responsabilidad que tiene en la garantía de los derechos fundamentales.
¿Esto es resistido por quienes defendían el rechazo a la nueva Constitución?
Efectivamente, hay un sector importante de la sociedad –importante más por el poder económico y social que representa que por su número– que ha resistido de manera bien significativa los cambios que esta convención constitucional está a punto de impulsar. Yo diría que en gran medida se trata de sectores que se han visto beneficiados, incluso privilegiados, por el orden económico y social impuesto en la dictadura, que se ha normalizado en estas últimas décadas después del golpe de Estado, y que están tratando por todos los medios posibles de evitar que los cambios que estamos impulsando se materialicen. Entonces, hemos visto una resistencia importante, dentro de la convención constitucional, de un sector minoritario pero que tiene una capacidad muy significativa para amplificar su discurso a través de los medios de comunicación, y eso ha ido generando cierto efecto también en la opinión pública. Pero la verdad es que confiamos en que las expectativas de justicia social y de transformación que se han levantado en el último tiempo logren imponerse finalmente frente a esa campaña que ha encabezado el sector más reaccionario y más conservador de la sociedad.
En el borrador que elaboraron hay también algunos puntos vinculados con la votación. Se pasa del voto voluntario al voto obligatorio para mayores de 18 y al voto optativo para personas de 16 y 17 años. ¿Qué impacto puede tener en Chile, donde hasta no hace tanto tiempo el voto era obligatorio?
Efectivamente el voto era obligatorio hasta hace unos 15 años, y desde que pasamos al voto voluntario la participación electoral ha bajado muchísimo, pero además se ha elitizado muchísimo, en el sentido de que los sectores que más votan tienden a ser los sectores acomodados por sobre los sectores populares. Esperamos que con el voto obligatorio el ejercicio del sufragio sea no sólo un derecho sino también un deber, de modo tal que todas las personas de todos los sectores de la sociedad podamos contribuir a la formación de la voluntad general y expresar de mejor manera el vínculo entre representantes y representados. Lo que ha pasado en la democracia chilena en los últimos 20 o 25 años es que se ha ido debilitando progresivamente su intensidad en la representación. La capacidad que han tenido los poderes del Estado de representar efectivamente la voluntad popular se ha ido debilitando cada vez más.
¿Qué tomaron en cuenta para implantar el voto voluntario a los 16 y 17 años?
Para nosotros ha sido muy importante entender que niñas, niños y adolescentes son integrantes de la comunidad política. Creemos que ese es un dato que es fundamental poner sobre la mesa, de modo tal de reconocer que ejercen ciudadanía de distintas formas. Y una de las formas en que se ejerce ciudadanía es el derecho al sufragio, y el derecho al sufragio no es un atributo que se adquiere simplemente por cumplir 18 años, es un atributo que tiene que venir de la mano con uno de los principios fundamentales del orden internacional que garantiza los derechos de niñas, niños y adolescentes como es su autonomía progresiva. Por eso hemos establecido una etapa intermedia para aquellas personas que tienen 16 o 17 años para que puedan ejercer el derecho al voto pero de manera voluntaria. Lo importante es que la decisión sea también una decisión tomada por ellos, por ellas, que no sea una imposición, y que exista la posibilidad institucional de reconocer, al tiempo que se establece el voto obligatorio para las personas mayores de 18 años, este espacio intermedio que reconozca la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes y que reconozca especialmente la forma en que esa autonomía progresiva incide en el ejercicio de sus derechos políticos.
También se aprobó una serie de derechos que tienen que ver con el cuidado del medioambiente. ¿Cuáles son los principales cambios que generan?
Allí yo creo que hay dos cambios bien importantes. Uno esta relacionado con el agua, cómo se ha reconocido el agua como un bien público y cómo se está garantizando y protegiendo su acceso como un derecho humano. Un poco termina con este mercado de las aguas que ha generado la constitución del 80, puesto que se termina con el modelo de las aguas como algo que puede ser apropiado y puede ser transado en el mercado, y se avanza decididamente hacia un modelo en el cual se establece que las aguas son bienes comunes. Ahí yo creo que hay un cambio de paradigma bien importante porque las aguas dejan de ser, por tanto, bienes susceptibles de propiedad privada. El segundo elemento significativo está vinculado con la relación que existe, o que se regula en la Constitución, entre la persona y la naturaleza. Porque se reconoce la naturaleza como un ambiente del cual también forma parte la persona y que se busca proteger como un espacio vital. Se supera un poco la idea de que es el individuo, aislado, el que tiene derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Se da un paso significativo reconociendo la naturaleza como algo que tiene que ser protegido.
Con respecto a la Cámara de Senadores, que fue algo que generó mucho ruido, ¿cuáles son los motivos para sustituirla por una cámara de las regiones?
El objeto principal ahí es contar con un órgano de representación territorial que, de la mano con el Estado regional autonómico, pudiera generar en el espacio nacional una institución que represente los intereses de las regiones propiamente, y así vamos a tener, un poco siguiendo el modelo, entre comillas, tradicional europeo de una cámara de representación política –una cámara de representación popular donde se respete el principio de proporcionalidad por el cual una persona equivale a un voto– y al mismo tiempo tener una cámara de representación territorial que concurra en el proceso de formación de la ley en aquellas materias que son importantes tanto para el país como para las regiones. En esta cámara el criterio de representación es de carácter territorial, y así cada una de las regiones tendrá igual cantidad de representantes con independencia de la población que viva allí.
Con respecto a derechos de mujeres y la diversidad sexual, ¿qué tantos avances han logrado en este ámbito?
En primer lugar, se han incorporado cláusulas concretas en materia de reconocer el carácter paritario de la democracia chilena. En ese sentido, junto con la declaración del Estado social y democrático de derecho se ha establecido el carácter paritario de los órganos de representación popular y también la incorporación del principio de paridad en los órganos de administración del Estado. Creemos que ahí hay un avance significativo. Ese estándar que alcanza la propia Convención Constitucional, en tanto el primer órgano paritario constituyente que hemos tenido en la historia, queremos proyectarlo también hacia los poderes constituidos, garantizando el pleno ejercicio de los derechos políticos pero también civiles, económicos, sociales y culturales a las mujeres, a las minorías sexuales, a las disidencias sexuales. Ahí yo creo que hay un paso bien importante.
¿Qué otros cambios significativos se pueden destacar en materia de derechos?
Hay varias cuestiones particulares que podríamos rescatar. Pero creo que hay dos materias que han formado parte de las luchas históricas de distintos sectores de la sociedad en Chile –aparte del agua, del medioambiente– que han logrado entrar en la Constitución. Una es el reconocimiento explícito de los derechos sexuales y reproductivos, acompañado de un deber de educación sexual integral, que es una cuestión que estamos discutiendo y peleando desde que terminó la dictadura y en el que recién ahora hemos logrado dar un paso realmente significativo. Por otro lado, las normas que ya se han aprobado han incorporado al borrador de la nueva Constitución avances en materia de derechos al trabajo, de derecho individual al trabajo pero también derechos colectivos, que son bien importantes porque fortalecen la negociación colectiva, fortalecen sobre todo la asociatividad sindical incorporando incluso en la Constitución la posibilidad de establecer la negociación colectiva por ramas de la actividad. Creo que en cuanto a la protección de los derechos de los trabajadores se ha dado un paso muy importante, sobre todo al mejorar las condiciones para la negociación colectiva.