Los “organismos de inteligencia del Estado de Venezuela” son parte de “estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del gobierno”, que busca “reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”. Así lo define una nota de prensa publicada el martes por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La nueva información remite a dos informes elaborados por la misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV).
El primer informe hila fino en las cadenas de mando y las funciones de cada uno de estos actores y organismos, además de instar a las autoridades venezolanas a que investiguen y juzguen estas prácticas, que “deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, declaró a la prensa de ONU Marta Valiñas, presidenta de la misión internacional.
Por su parte, el segundo informe deja constancia de la situación en el estado de Bolívar, al sur del territorio venezolano, donde autoridades y miembros de los servicios de inteligencia realizan sistemáticos ataques y violaciones a los derechos humanos contra las poblaciones locales “en zonas de extracción de oro”.
Si bien en las distintas misiones enviadas por la ONU desde al menos 2014, se mencionaba el actuar de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), las patas militar y civil, respectivamente, de los servicios de inteligencia, fue en esta visita en la que detectaron -además de cómo operan las lógicas a la interna de estos organismos- “122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes del DGCIM”, tanto en su sede central en Caracas como en una serie de centros de detención esparcidos por todo el país.
Respecto al SEBIN, la misión detectó, también desde 2014, 51 casos de torturas o malos tratos a detenidos y se da cuenta de cómo las órdenes fueron normalmente impartidas por autoridades del gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, de acuerdo a la nota de prensa, “tanto el SEBIN como la DGCIM hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos”.
La misión, en sus informes, insistió en que las autoridades venezolanas no han actuado sobre los responsables de estos delitos ni proporcionado ningún tipo de ayuda a las víctimas “en un contexto en el cual las reformas anunciadas a partir de 2021 [en el sistema judicial] tampoco solucionaron la falta de independencia e imparcialidad que aqueja al sistema de justicia”.