En la frontera de la región peruana de Ucayali con Brasil, en la Amazonia, se ha intensificado el tránsito de productos ilegales como drogas y madera proveniente de territorios indígenas y áreas protegidas. A su vez, las autoridades de Brasil sostienen que Perú se convirtió en refugio de al menos cuatro líderes regionales del Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Brasil.
La comunidad ashéninka de Sawawo está ubicada en el punto más extremo oriental de la región amazónica de Ucayali. Es la última localidad peruana en la frontera con Brasil, en la ribera del río Amônia. Llegar hasta aquí desde el lado brasileño es menos complejo que hacerlo desde Perú, donde la ciudad más cercana se encuentra a varios días de caminata y viaje en bote.
Un equipo del medio digital peruano OjoPúblico partió de la ciudad de Marechal Thaumaturgo, en el estado brasileño de Acre, y luego de tres horas en bote, llegó a la comunidad asháninka de Apiwtxa. De allí a Sawawo, en el lado peruano, sólo los distancian tres horas en bote. En el mapa, una línea recta imaginaria separa los dos países. En la práctica, el hito fronterizo es apenas una pequeña placa de madera clavada en un árbol donde alguien ha escrito con tinta: “Hito 40 Perú-Brasil”.
Sawawo es una comunidad de 127 personas, según su propio recuento. Antes había un aeropuerto, pero quedó inutilizado por un derrumbe. Internet se instaló hace apenas un año. No hay ninguna representación del gobierno en decenas de kilómetros, a ambos lados de la frontera.
El tráfico de drogas y otras actividades como la tala ilegal han convertido esta región fronteriza en una prioridad en la política de seguridad pública del estado brasileño de Acre. “Creamos un núcleo de inteligencia específico para tratar esta cuestión en Cruzeiro do Sul [la segunda ciudad más grande del estado de Acre], dedicado exclusivamente al tráfico en la región”, dice el secretario de Justicia y Seguridad Pública de Acre, Paulo Cézar Rocha dos Santos.
La presencia del Comando Vermelho
Según Dos Santos, Perú también se ha convertido en refugio de al menos cuatro líderes regionales del Comando Vermelho (CV), una de las principales organizaciones criminales de Brasil, junto con el Primer Comando Capital (PCC), así como de otros miembros de bajo rango. La autoridad brasileña también señala que “en el ámbito de las acciones de represión, Yurúa [en Ucayali] es nuestra principal preocupación ante este movimiento que se está produciendo en la región”.
El distrito de Yuruá se encuentra en la provincia peruana de Atalaya. Como sucede con otras zonas aisladas de las fronteras amazónicas peruanas, tiene altos porcentajes de pobreza. Los únicos medios de transporte son los eventuales vuelos y por río.
El narcotráfico internacional, la extracción ilegal de madera y el asentamiento de sospechosas concesiones forestales en el lado peruano han convertido el territorio que habitan las comunidades indígenas peruanas y brasileñas en un escenario de intereses turbios, conflictos internos, crímenes ambientales y asesinatos.
La presencia del CV en territorio amazónico peruano se ha ampliado en los últimos años ante la permisividad de las autoridades locales. Se trata de una de las organizaciones criminales más grandes de Brasil dedicada al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el sicariato, y que controla los corredores para el tránsito de cocaína y madera de origen ilegal.
“Antes no había [personas] blancas en la parte peruana, todos eran asháninkas. Vivíamos muy cerca de la frontera, pero luego nos trasladamos más dentro de Brasil para garantizar nuestra protección, para controlar, para gestionar. No podíamos imaginar que alguien invadiera nuestro territorio viniendo de Perú”, dice Francisco Piyãko, de 53 años, líder de la comunidad de Apiwtxa.
El asesinato de los líderes del pueblo peruano Saweto, Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, que habían denunciado y se oponían a la extracción ilegal de madera de sus territorios, reveló los niveles de violencia e impunidad en la zona. Los cuatro fueron asesinados en 2014 cuando se dirigían de Saweto hacia la comunidad brasileña de Apiwtxa.
Los delitos, atribuidos a madereros ilegales por la Fiscalía peruana, no han sido juzgados hasta la fecha. Ocho años después del asesinato múltiple, el proceso continúa en juicio oral y no hay ninguna persona siquiera detenida. Antes de ser asesinado, Edwin Chota había entregado mapas, coordenadas y nombres de las personas instaladas en la frontera dedicadas a la tala ilegal.
En Acre, el secretario de seguridad brasileño insiste: “El Comando Vermelho tiene una alianza con narcotraficantes del Perú que garantiza el tráfico y la protección de sus facinerosos en las ciudades del departamento de Ucayali”.
Las autoridades de Brasil identifican como el líder principal a José Luiz Fonseca da Silva, conocido como Zé Luiz, señalado por la Policía como el jefe del narcotráfico en el lado brasileño de la cuenca del Yurúa (Juruá en Brasil). Está buscado por la Justicia brasileña por los delitos de crimen organizado, tráfico de drogas, tentativa de homicidio y posesión ilegal de arma de fuego. En julio de 2019 huyó cuando era trasladado a una audiencia judicial.
Meses después, en noviembre de 2019, fue capturado cuando se desplazaba en una mototaxi en el barrio limeño de Villa María del Triunfo. Con Zé Luiz se encontró una identidad peruana falsa y pasta base de cocaína. Sin embargo, las autoridades peruanas lo liberaron antes de extraditarlo a Brasil, según la Policía de Acre.
Narcotráfico y tala ilegal
Apiwtxa aparece detrás de uno de los innumerables recodos del fangoso río Amônia, afluente del río brasileño Juruá. Se encuentra en un barranco empinado, a salvo de las inundaciones. Las malocas (casas comunales o familiares) con techo de paja y madera se levantan sobre pilotes y cuentan con amplios balcones. Los asháninkas de Apiwtxa han plantado palmeras de açaí y pupunha, vides de ayahuasca, plantas medicinales y árboles frutales.
Esta comunidad brasileña es una de las que más contacto tienen con otras localidades indígenas peruanas de la frontera. A este lugar, que es la sede de varias coordinaciones, se dirigían los cuatro líderes indígenas de la comunidad ashéninka Saweto cuando fueron secuestrados y asesinados en 2014.
El pueblo de Apiwtxa lleva allí tres décadas. Cuando consiguieron demarcar su territorio a principios de los años 90, el primer paso fue reubicar la comunidad unos kilómetros más cerca de la desembocadura del río Amônia. El objetivo del traslado era mantener alejados a los taladores, cazadores y otros invasores brasileños. No les preocupaba mucho la cabecera del río, que se encuentra en el lado peruano, porque se consideraba un territorio seguro. Pero ya no lo es.
Al otro lado, en la región peruana de Ucayali, las acciones criminales se han incrementado durante los últimos años. En marzo de 2019, la Policía intervino a 25 personas en un laboratorio clandestino de droga y una plantación ilegal de hoja de coca.
El dirigente asháninka de Apiwtxa, en Brasil, Francisco Piyãko, dice que su preocupación por la situación en el lado peruano ha aumentado. Se refiere a las intervenciones e incursiones de personas ajenas a las comunidades en sus territorios. “Continúa en el lado brasileño y ahora aumenta en el lado peruano. Y lo que es peor, entendemos que se trata de una articulación entre autoridades e intereses del lado de Brasil y Perú”, evalúa.
Uno de los hechos que más recuerdan los líderes de la frontera, como el inicio de la inseguridad en la zona, se remonta a 2007. Tres peruanos vinculados a la entonces empresa Forestal Venao fueron detenidos por una patrulla oficial brasileña mientras extraían madera ilegalmente del lado de Brasil. Desde entonces, los dirigentes locales denuncian que la presencia de colonos dedicados a actividades ilegales se ha incrementado en los alrededores de las comunidades. Desde enero de 2015, la empresa figura en estado de baja en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
En 2016, tres empleados que se presentaron como representantes de una empresa maderera de Ucayali volvieron a llegar a esta parte de la frontera interesados en convencer a las comunidades para que se dedicaran a la tala de árboles. Los líderes de Apiwtxa los intervinieron en territorio brasileño y les impidieron continuar su viaje. Pero no era la primera vez que detenían a madereros procedentes de Perú; algo similar había ocurrido en 2011, sobre el mismo río Amônia.
El acecho de los taladores
Luego de un período de relativa calma, los ánimos en Sawawo y Apiwtxa volvieron a encenderse el año pasado. En agosto de 2021, el comité de vigilancia de la comunidad de Sawawo Hito 40 intervino, dentro de su territorio, a un equipo de trabajadores y dos tractores de una empresa que identificaron como la maderera Inversiones Forestales JS, con sede en Ucayali.
Unos días después, la comunidad presentó formalmente una denuncia penal contra esta empresa en la Fiscalía Ambiental de Atalaya, que ordenó la inmovilización de la maquinaria, pero luego un juzgado de la ciudad de Pucallpa revirtió esa decisión. Los líderes indígenas enfatizan que no han dado autorización a ninguna de las compañías para que extraigan madera de su territorio.
La Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral de Yurúa Yono Shara Kumiai (Aconadiysh), que agrupa a las comunidades peruanas de la frontera, apoya esta denuncia. En la denuncia penal, que difundió la ONG Propurus –que tiene proyectos en la zona– hacen énfasis en que la maderera está afectando sus territorios comunales y construyendo una carretera que corta sus chacras.
El comité de vigilancia de la comunidad informó precisamente que intervino a los foráneos cuando comenzaron a reabrir un antiguo camino utilizado hace años por Forestal Venao para la extracción de madera. Este camino conecta la ribera del río Amônia con Nueva Italia y Puerto Breu. Sawawo está a dos días en bote o a un día a pie de Breu, el centro urbano más cercano.
Los ashéninkas de Sawawo dijeron que han encontrado diez arroyos bloqueados por las obras de extractores de madera. Además, para reabrir la carretera se han talado árboles procedentes de la repoblación forestal realizada en el lugar, entre ellos la caoba.
“No tenían nada en la mano, no nos presentaron nada”, dice María Elena Paredes, de 42 años, coordinadora del comité de vigilancia forestal comunitario de Sawawo. “El patrimonio es de la comunidad. Esa empresa está acostumbrada a hacer ese tipo de convenios a escondidas. Tenemos metas de trabajo con nuestro bosque”, sostuvo.
Comunidad indígena Sawawo en el distrito de de Yurua, en Ucayali.
Foto: Ojo Público, s/d autor
Hace unos años, Sawawo firmó el acuerdo con Forestal Venao, pero la experiencia fue mala y ya no quieren la actividad en su territorio. Ellos relatan promesas incumplidas e impactos ambientales, como la deforestación y la escasez de caza.
Esta vez, la empresa maderera JS llegó a un acuerdo con la comunidad ashéninka vecina, Nueva Shahuaya, lo que generó un conflicto entre ellos, una ruptura. “Antes de que firmaran este convenio, nosotros nos llevábamos bien, coordinábamos los trabajos. Después de que han firmado en la espalda de nosotros, se ha generado un conflicto entre las autoridades. Ellos querían defender la empresa”, dice Paredes.
El acuerdo entre JS y Nueva Shahuaya es ilegal, explica el gerente forestal del gobierno regional de Ucayali, Marcial Pezo. “La comunidad nativa no cuenta con algún trámite o con el permiso formalmente otorgado por nuestra institución para realizar aprovechamiento de productos forestales en tierras de comunidades nativas, como lo estipula la legislación forestal peruana para estos casos”, dice.
Para este reportaje se intentó entrevistar a los representantes de la empresa JS y de la comunidad de Nueva Shahuaya, pero no respondieron.
Además de la ruptura entre las dos comunidades indígenas, los desacuerdos sobre la apertura de la carretera han colocado a los dos alcaldes ashéninkas de la región en bandos opuestos. En Brasil, Isaac Piyãko (hermano de Francisco), que administró Marechal Thaumaturgo durante más de seis años hasta mediados de 2022, se opone a la reapertura y al funcionamiento de las empresas madereras.
“Isaac lleva el mensaje de que se pueden hacer las dos cosas. Modernizar, traer la novedad, pero siempre que esta novedad fortalezca la familia, la calidad de vida y no destruya esto tan bonito que tenemos. Es posible modernizarse sin perder los valores”, afirma Francisco Piyãko.
En el lado peruano de la frontera, el alcalde de Yurúa, Ronaldo Tovar Alva, elegido por el partido Fuerza Popular, es un firme partidario de la apertura de la carretera ilegal. En un discurso pronunciado el año pasado, afirmó que históricamente nunca ha habido conflictos entre los pueblos indígenas de la región y acusó a las ONG de fomentar la división entre los ashéninkas.
Tovar Alva sostiene que la carretera mejorará el acceso de los maestros a las comunidades y el flujo de productos como la banana. Citó a Sawawo como ejemplo de comunidad aislada, a la que sólo se puede acceder tras una caminata de 12 horas. “Yo, como autoridad, les digo que la gente pide la carretera”, afirma.
Carretera sin autorización
El intento de abrir la carretera que une Nueva Italia, Sawawo y Breu es ilegal. Aunque proyectada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el número UC-105, la vía no cuenta con ningún tipo de autorización ambiental o de construcción por parte de las autoridades.
Sin embargo, los líderes locales denuncian que empresas madereras insisten en ampliar la carretera, que hasta inicios de este año era estrecha y estaba casi oculta por el bosque que se ve desde arriba con el dron. No había señales de que se reanudaran las obras, pero en la visita a la zona observamos marcas de neumáticos de motocicletas recientes que revelan que ha habido tránsito.
El tráfico en una zona tan aislada sugiere el uso de la carretera por parte de los narcotraficantes, dicen los líderes locales, quienes aseguran que no es una ruta que ellos utilicen. En los últimos años, el cultivo de coca y la refinación de cocaína han crecido rápidamente en Ucayali. Por razones logísticas y de demanda, toda la producción local va a Brasil, ya sea para ser consumida en este país o como parte de la ruta hacia otros mercados.
Esta expansión ya está afectando a unas 80 comunidades nativas de Ucayali, que representan 30% del total, menciona un informe sobre la situación de los defensores indígenas en esta zona realizado por la organización indígena de Ucayali (Orau) y las ONG Dar y Propurus.
En Sawawo, una reciente ocupación en los márgenes de la carretera maderera ha generado el temor de que se acerque el narcotráfico. “Estamos muy preocupados por una asociación de productores de Yurúa que está casi colindando con la comunidad. Esta organización está trayendo muchos trabajos ilegales, y eso es una amenaza grande para nosotros”, dice Paredes.
Aunque el narcotráfico está en aumento en Juruá, el Secretario de Justicia de Acre dice que, a diferencia de las autoridades bolivianas, casi no hay colaboración entre las autoridades brasileñas y peruanas.
“Perú pasó dos años con sus fronteras cerradas, sin ningún contacto efectivo. En una reunión en octubre, comenzamos a forjar una nueva red de inteligencia en Perú para establecer los mismos tratos que tenemos en Bolivia. Pero esta ruptura ideológica y política que se produjo en el territorio peruano culminó con la erosión de la red de inteligencia. Todos los comandantes peruanos fueron cambiados. Hoy, la colaboración que tenemos es a través de los agregados [de la Policía Federal en Lima], que nos proporcionan información”, dice el funcionario de Brasil.
La falta de control territorial por parte del Estado peruano es lo que ha generado un aumento del tráfico y, por tanto, también de las incautaciones de cocaína desde 2018. El año pasado se confiscaron casi tres toneladas en Acre. Sólo en los tres primeros meses de este año se han producido unos 500 kilos. La mayor parte de la droga proviene de Ucayali. Estos datos proceden de la Secretaría de Justicia de Acre.
En este fuego cruzado, los asháninkas del río Amônia, estimados en unas 1.200 personas sólo en el lado brasileño, se articulan para impedir que el crimen organizado se instale definitivamente en la región.
La estrategia de los asháninkas de ambos lados de la frontera incluye la búsqueda de alianzas con líderes del lado peruano y del movimiento nacional indígena en Brasil, y el acercamiento al Ejército brasileño, principal presencia estatal en la región, con un pelotón de frontera en Marechal Thaumaturgo.
La Policía de Acre sólo tiene nueve hombres en la ciudad y, según la legislación brasileña, no puede actuar en los territorios indígenas porque son zonas federales, mientras que el tráfico internacional de drogas es responsabilidad de la Policía Federal.
La gran mayoría de los asháninkas viven en Perú, donde 55.493 se identificaron de este pueblo en los Censos Nacionales de 2017. En Brasil, los asháninkas no llegan a 2.000 personas, más de la mitad de las cuales viven en el río Amônia.
Para Francisco, el mayor de los hermanos Piyãko, es necesario actuar en varios frentes para que el crimen no tome el poder. “Nuestra resistencia no será fuerte si nuestro entorno está dominado. Si nuestro entorno se debilita, sólo estaremos en esta guerra, y esto es muy peligroso para nosotros. Así que nuestra seguridad aquí para enfrentarnos al tráfico es decir que no lo aceptamos, que no lo queremos”.
Durante la pandemia las amenazas y asesinatos de líderes indígenas en territorio amazónico se incrementaron. También lo hicieron los cultivos de hoja de coca ilegal y la extracción ilegal de recursos naturales, de la mano del fortalecimiento de organizaciones criminales. En junio de este año, el asesinato del periodista británico Dom Phillips y el experto indígena de Brasil Bruno Pereira, en la frontera de Brasil con Perú (Yavari), expuso una vez más los riesgos que enfrentan las comunidades originarias y la disputa por el control del tránsito de parte de grupos criminales.
Con apoyo en la investigación de Aramis Castro y Nelly Luna Amancio. Una versión más extensa de este artículo fue publicada originalmente por OjoPúblico.