Este martes se acercaban a Lima las movilizaciones que se desplazan desde hace días desde otras regiones de Perú en reclamo de que se celebren elecciones este año y se convoque una asamblea constituyente. La presidenta peruana, Dina Boluarte, dijo que esperaba a los manifestantes en la casa de gobierno para dialogar sobre sus demandas, pero pidió que las protestas fueran pacíficas.
Aunque llamó al diálogo, Boluarte dijo también que los manifestantes “saben que la agenda política que están planteando es inviable desde el Ejecutivo”. Se refirió a los reclamos de que ella misma renuncie al cargo, se cierre el Congreso y se convoque una asamblea constituyente. Pero reconoció que hay otros puntos que se deben discutir y dijo que “hay necesidades que no se han resuelto a través de la historia”.
“Cuando el estado de derecho se sostiene en sus instituciones, mal o bien, pero democráticamente, tenemos que respetar esa institucionalidad, y una de ellas es el Congreso. [...] Cuando dicen ‘cierren el Congreso’, no se puede cerrar por arte de magia porque sería ponernos al margen de la ley. Lo que va a suceder con el adelanto de las elecciones es que este Congreso se va a ir, nos vamos a ir todos”, dijo Boluarte, según citó el diario peruano La República. Una norma aprobada por el Congreso adelanta las elecciones para 2024, pero los manifestantes piden que se celebren en 2023.
Sobre el eventual cambio de Constitución, Boluarte dijo que no le corresponde al Ejecutivo convocar una asamblea constituyente y consideró que esa demanda no debe ser “un pretexto para seguir bloqueando carreteras”. Agregó que los manifestantes están siendo “engañados” al dirigir ese reclamo a su gobierno.
Afirmó que convocar una asamblea constituyente y elaborar una nueva Constitución es algo que no se logra “de la noche a la mañana” y agregó: “Hermanos y hermanas del sur del Perú, es un trabajo que tiene que hacer la misma población. Ustedes que están allí, ustedes organícense para que puedan tener esa asamblea constituyente; no corresponde a Dina Boluarte, no corresponde al Ejecutivo. Los están engañando cuando dicen que es Dina Boluarte la que tiene que resolver el tema de la asamblea constituyente. Eso no es cierto”.
Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 69% de los peruanos está de acuerdo con que se convoque una asamblea constituyente. Para 40% de la población lo más conveniente para el país es cambiar de constitución, y esta opinión creció desde julio de 2021, cuando ese porcentaje era de 23%. Según el último estudio del IEP, sólo 12% de los peruanos piensa que no se debe alterar en nada la constitución actual.
La presidenta pidió a Richard Hancco, el gobernador de Puno –una de las regiones más movilizadas–, que se niega a dialogar con el Ejecutivo, trabajar en forma conjunta para “defender la democracia” y no seguir “polarizando el país”, según citó la agencia Efe. Boluarte dijo que también los líderes de las movilizaciones tienen “la obligación de llamar a la calma, a la paz, no estar llevando a nuestros hermanos a estas marchas de protesta y a la muerte”. En las manifestaciones o en hechos vinculados con las protestas murieron 49 personas, 41 de ellas por la represión violenta a las movilizaciones.
Boluarte afirmó que los peruanos esperan “una transición democrática y ordenada” hasta las elecciones generales de 2024 y dijo que a ella le corresponde garantizar que esos comicios sean “libres y transparentes”. Por otra parte, la presidenta peruana dijo que la Policía despejaría este martes las vías cortadas por los manifestantes y les dijo a estos que reflexionen, aunque tengan “justas razones” para protestar de forma pacífica.
En un acto oficial, junto a representantes de los otros poderes del Estado, Boluarte le manifestó su reconocimiento al Tribunal Constitucional por haber rechazado “de manera firme y sin ambages” el fallido golpe de Estado que intentó dar el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre. Para Boluarte, Castillo se proponía llevar al país “al desorden y la anarquía”.
Por su parte, Castillo participó este martes en una audiencia judicial en la que dijo que su “derecho a la defensa y a [presentar] las pruebas” fue vulnerado por el Congreso cuando lo destituyó después de que anunciara que disolvería el parlamento y gobernaría por decreto. “Primeramente, no he tenido antejuicio político. Segundo, que no he renunciado a este derecho constitucional de antejuicio político, y tercero, que mi derecho a la defensa y a las pruebas ha sido vulnerado por este Congreso”, afirmó.