Una comisión de la Cámara de Diputados de Argentina comenzó a tratar este jueves la iniciativa de juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y a los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. El proyecto fue enviado por el presidente argentino, Alberto Fernández, y varios gobernadores que consideran que los magistrados del tribunal incurrieron en “mal desempeño” en varios fallos.
Según informó el diario Página 12, se cuestiona a los jueces por la sentencia que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en un conflicto por el otorgamiento de fondos federales para los gobiernos regionales. Otro fallo en cuestión es el que favoreció a la coalición opositora Juntos por el Cambio, en perjuicio del gobernante Frente de Todos, en la composición del Consejo de la Magistratura, que designa y destituye a los jueces. Un tercer fallo es el del llamado 2x1, que beneficiaba a represores de la dictadura militar con un doble cómputo de los años que pasaran en prisión sin sentencia.
El oficialismo puede sacar adelante la iniciativa en la Comisión de Juicio Político, pero no reúne la mayoría de dos tercios que se necesitan para aprobarla en el plenario de la cámara, señaló la agencia de noticias Télam. De acuerdo con ese medio, estaba previsto que este jueves se definiera el esquema de trabajo de la comisión, que eventualmente llevaría a la apertura de un etapa en la que recabarían pruebas. Si se llegara a esa etapa, se prolongaría hasta fines de marzo.
Durante el debate, Carolina Gaillard, presidenta de la comisión y diputada por el gobernante Frente de Todos, explicó el proceso de juicio político y dijo que hay 14 proyectos al respecto.
El diputado de Propuesta Republicana Omar de Marchi calificó de “circo” la decisión de discutir este tema y acusó al oficialismo de utilizarlo para desviar la atención de los problemas del país, según citó La Nación. Dijo además que el juicio político era una represalia por los fallos que favorecieron al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que obligaron al gobierno a restituirle fondos federales.
“No venimos a montar ningún circo. Venimos acá a plantear un camino previsto en la Constitución Nacional”, le respondió el diputado Germán Martínez, del Frente de Todos. Dijo también que el hecho de que se hayan acumulado 14 proyectos que piden el juicio político habla de “una situación de gravedad extrema”. Agregó que “hay sospechas gravísimas, no sólo de imparcialidades y arbitrariedades, sino también de persecución política”.
Los diputados de la comisión cuentan con un proyecto de resolución elaborado por el oficialismo, encabezado por el diputado Eduardo Valdés, en el que se toma como base la iniciativa presentada por el presidente y se agregan otras denuncias que podrían investigarse también, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.
Después de analizar los expedientes, la comisión volverá a reunirse el 2 y el 9 de febrero, cuando deberá definir si admite las denuncias y abre o no una etapa de prueba. “Una vez que termine ese proceso de prueba, estaríamos en condiciones de dictaminar la acusación o no, que es lo que iría al pleno [de la Cámara de Diputados]”, explicó Gaillard.
La bancada de Juntos por el Cambio anunció que no dará quórum para tratar proyectos previstos en la convocatoria a sesiones extraordinarias de enero y febrero mientras se trate este asunto, informó Télam. Para el oficialismo, la oposición intenta frenar el funcionamiento del Congreso.