Desde que el 7 de diciembre Pedro Castillo se presentara frente a las cámaras anunciando el cierre del Congreso por “la labor obstruccionista de una mayoría de congresistas identificada con intereses racistas”, Perú ha entrado en un estado de caos social en el sur, normalidad en la capital y resto del país, incertidumbre política y estabilidad económica. El caos, aunque focalizado en las regiones del sur, se ha traducido ya en 46 fallecidos: 39 civiles en enfrentamientos, siete civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos de carreteras, y un policía, además de 542 civiles y 290 policías heridos.
Las posiciones son extremas y enfrentadas; de un lado, una población cuyos muertos ya no la dejan aceptar otro objetivo que no sea la dimisión de la presidenta, Dina Boluarte, y la convocatoria inmediata de elecciones; por otra parte, un gobierno cuyo primer ministro, Alberto Otárola, declara que Boluarte no va a dimitir y pide a los peruanos que “confíen en la democracia, confíen en el estado de derecho. Confíen en los derechos humanos. Confíen en sus instituciones. Tengan confianza en su Policía, en sus Fuerzas Armadas”. Sin embargo, las cifras parecen contradecir esta seguridad. Frente a los casi 50 fallecidos, apenas se informa de detenidos y mucho menos de la apertura de investigaciones internas en el seno de la Policía o las Fuerzas Armadas.
La jornada del lunes 9 terminó con 18 víctimas mortales. En la noche los disturbios se ampliaron a Puno, donde fueron quemadas las dependencias de la Aduana, y a Ilave, donde incendiaron la casa del congresista por la región Jorge Luis Flores Ancachi. Al día siguiente, la noticia de la aparición de un policía calcinado junto a su vehículo con muestras de haber sido torturado cerró la jornada más dramática hasta el momento.
Cuando el gobernador de Puno, Richard Hancco, abandonó la conexión con la reunión que se estaba realizando en Lima entre gobernadores regionales, Lima se percató de que algo grave estaba sucediendo en el sur. La reunión era presidida por Boluarte, quien, mirando a cámara, se mostró sorprendida y declaró: “Me acaban de comunicar que acaba de fallecer un civil en Puno. Hermanos de Puno, hermanos de donde todavía se están levantando, ¿en protesta de qué? No se está entendiendo claro lo que están pidiendo”.
El martes 10, el gobierno presidido por Otárola tenía agendado presentarse ante el Congreso de la República para solicitar su voto de confianza, un trámite obligatorio para todos los gobiernos en el plazo de los 30 días después de su nombramiento. La entrada del premier y sus ministros fue acompañada de gritos de “asesinos, asesinos” y exhibición de pancartas por parte de una oposición enervada a causa de las declaraciones previas del aspirante a gobernar: “Está sucediendo una resaca del golpe de Estado en el país”. Después, el premier compartiría su programa de nueve ejes e invitaría a alguno de sus ministros a ampliar las medidas, especialmente económicas, para superar la crisis. El posterior debate evidenció la atomización y polarización de los miembros del Congreso. De un lado surgieron las acusaciones de que las protestas son instigadas por parte del narcotráfico, la minería ilegal e incluso residuos de Sendero Luminoso, mientras que del otro se acusaba al gobierno de tener un carácter cívico militar y de haber dado una respuesta desproporcionada a las manifestaciones.
El gobierno pasó el trámite con 73 votos a favor, 43 en contra y seis abstenciones, mientras Juliaca convocaba una masiva manifestación en torno a los ataúdes donados por la asociación de funerarias. Al mismo tiempo que los representantes de los diferentes ministerios hablaban de las compensaciones a las víctimas y a las regiones, la emisora local La Decana de Juliaca iba anunciando las donaciones de los mercados y agrupaciones de comerciantes de miles de soles a las familias de los fallecidos e internados en cuidados intensivos. El miércoles 11, mientras las calles de Juliaca vivían el duelo, la protesta se trasladó a Cusco y era Qosqo Times, otro medio local de la antigua capital del Tahuantinsuyo, el que informaba del nuevo intento de toma del aeropuerto y la siguiente víctima mortal, un dirigente comunal de 50 años.
¿Cómo es posible llegar a estas cifras de caos y muerte? ¿Dónde se encuentra la salida a una situación que parece trabada en posiciones antagónicas que no desean el consenso sino sólo la victoria? Se lo hemos preguntado a la última premier del expresidente Pedro Castillo, al que acompañaba cuando anunció la disolución del Congreso, a dos exministros del primer gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, en cuya administración se dice que el obstruccionismo del congreso fujimorista dio comienzo a la actual crisis, a uno de los congresistas más fustigados por la actual oposición, a un abogado de Cuzco; a un escritor de Puno y a un taxista de Juliaca.
Betssy Chávez ha sido la última premier de la presidencia de Pedro Castillo y es congresista por la región de Tacna. El 7 de diciembre, cuando el expresidente ordenó la disolución del Congreso, ella era una de los presentes junto a otros cuatro ministros, y se quedó a su lado y lo acompañó los siguientes días de detención. Ese 7 de diciembre marca un antes y un después para Chávez. En su opinión, Boluarte tomó una serie de acciones que en varias regiones de Perú fueron consideradas una traición.
Desde el día uno del gobierno de Castillo, afirma, se ha dado una acción paralizante por parte de la dirigente opositora Keiko Fujimori y un sector del Congreso en todos los ámbitos. Por ejemplo, se han interpuesto tres mociones de vacancias, una serie de interpelaciones y censuras a diferentes ministros, y se han rechazado más de 70 proyectos de ley que ha presentado el Ejecutivo al legislativo. El primero de ellos buscaba precisamente el equilibrio entre los dos poderes con la eliminación de las figuras de disolución del Congreso y de vacancia presidencial para conseguir en su lugar la creación de consensos.
La distribución de bancas en el Congreso ya comienza a marcar una discriminación, señala: entre Lima, Lima provincia y el Callao suman 40 de los 130 plazas de congresistas. Todo Perú alimenta a Lima, pero en regiones no hay carreteras bien hechas, hay sistemas de salud totalmente deficientes, no hay agua ni alcantarillado, no hay gas. En su opinión, hace falta una modificación de la distribución de las bancas. El congreso fujimorista de 2016 (con 73 congresistas de Fuerza Popular) ha convertido al Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, en un poder apéndice que abraza al Congreso y tiene el statu quo para permanecer en el poder, afirma. Es una situación compleja del poder, de la que los campesinos y la clase trabajadora son conscientes, y han salido a protestar autoconvocándose, porque no tienen ningún político detrás de esto, porque todos los políticos están bloqueados y siendo investigados, por organización criminal, por rebelión, por conspiración o por cualquier otra figura, agrega.
Manifestación y homenaje final a Remo Candia, líder de la comunidad campesina de Anta, fallecido tras una protesta en reclamo de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, en Cusco.
Foto: Alfredo Velarde, AFP
Jorge Nieto Montesinos fue ministro de Cultura y de Defensa en el primer gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, en 2016. En diciembre rehusó a presidir el gobierno de Boluarte al negarse ella a cambiar a los ministros directamente relacionados con las consecuencias de la represión de las movilizaciones de los días 14 y 15 de diciembre. Su análisis comienza con la cita del historiador Jorge Basdre de 1929: “La multitud en el Perú tiene largos e inexplicables silencios que rompe cada cierto tiempo con una violencia y un sentimiento de despojo brutal”.
Nieto considera que estas movilizaciones en general obedecen a agravios ancestrales a una población abandonada y con enormes necesidades básicas, como el agua potable y la electricidad, mucho más allá de la reciente crisis política o incluso de la que azotó al gobierno en el que ejerció en 2016, en el que algunos marcan el inicio de la actual crisis por el obstruccionismo parlamentario fujimorista. Sin embargo, existen en paralelo minorías organizadas con capacidad de recursos que compiten con el Estado y que han tenido capacidad de darles algún tipo de orientación a estas protestas. Se refiere a la minoría ilegal, el contrabando y el narcotráfico, que tienen formas primarias de control del territorio con el uso y ejercicio de la violencia física y, en algunos casos, de impartición de justicia (en junio del año pasado 14 mineros ilegales fueron asesinados con armas de gran calibre en Ocoña, Arequipa, presuntamente por otros mineros ilegales, en un suceso que aún no está aclarado). No descarta además la existencia y asistencia en las protestas de un actor adicional, remanentes de Sendero Luminoso, que haya intentado darle algún tipo de orientación.
Amilcar Romero Beltrán es abogado formado en Francia, preside Ankawa Internacional, una asociación especializada en el apoyo de los derechos humanos y los procesos democráticos. Ha nacido y reside en Cusco, ciudad en la que se registró el último fallecido hasta el momento. Al igual que Nieto, señala que el denominador común de los motivos de la actual crisis es la exclusión de una parte importante de la población, ya que nunca se creó un proyecto de Estado en Perú a partir de una idea común. El único fin ha sido el saqueo de los recursos del país, dice. Un estado de derecho construido en la exclusión, que ha generado, ademas, fuertes economías paralelas.
En este contexto, dice, no se trata de una lucha entre buenos y malos. Agrega que está muriendo gente defendiendo intereses y agendas que se mueven por debajo de la mesa, y que parte de la población arrastra un sentimiento de derrota y abandono. Romero explica cómo la protesta del 11 fue precedida de marchas y concentraciones masivas de carácter pacífico que no alteraron el normal funcionamiento de la ciudad. Sin embargo, una nueva reunión de dirigentes determinó la decisión de la toma del aeropuerto y, en ese intento, se generaron los altercados que finalizaron con un muerto y varios heridos.
Guillermo Bermejo es congresista. Consiguió su banca por Perú Libre, pero dejó la formación para constituir el grupo Perú Democrático. Es uno de los congresistas más discutidos desde las filas opuestas, que lo acusan de proximidad a Sendero Luminoso, acusación que rechaza y ha defendido con éxito ante tribunales. La explicación de Bermejo de la crisis es coincidente con las de Nieto y Romero: el éxito macroeconómico del país de los últimos 30 años no se siente en las grandes mayorías, sobre todo, de los lugares que producen la riqueza (minerales y gas), y en particular en el sur. Esa región siente una gran desazón al no ver el desarrollo en sus zonas, que carecen de hospitales, escuelas, carreteras, y además sienten el ninguneo y desprecio a su identidad.
Esa población sintió que Castillo era el inicio de una serie de cambios que la derecha no ha permitido. “Por eso, fui el primero en manifestar mi oposición al cierre del Congreso, que considero que hizo de una manera no calculada y que ha tenido como consecuencia la llegada de la derecha al gobierno de la mano de Dina Boluarte, que se aferra al poder”, dice. Es especialmente grave porque en este año vencen los contratos petroleros y mineros y entra una inversión de 54.000 millones de dólares, agrega. Los nuevos contratos tendrán una vigencia de 25 o 30 años, y con ellos se asegura la fortuna de las generaciones venideras de aquellos que estén en las mesas de negociación. Otra consecuencia de la decisión de Castillo es que ha dejado de hablarse de los casos de Odebrecht, el Club de la Construcción, el Caso Cócteles sobre la financiación de las campañas de Keiko Fujimori y tantos otros que tenían que empezar a verse ahora, agrega.
Marisol Pérez Tello fue congresista en el período 2011 y 2016, y ministra de Justicia en el gobierno de Kuczynski. Además, es capitana en la reserva en el área de inteligencia y sigue vinculada al Ejército como docente especializada en derechos humanos. Para ella, Castillo no es la causa de las desgracias del país, sino que llega a la presidencia a causa de ellas, traducidas en una enorme brecha de desigualdad que 20 años de crecimiento no han cerrado. A la desigualdad se suma una crisis de representación, ineficacia y corrupción en un sistema político débil y sin instituciones, que termina en lo que ha terminado, opina.
La polarización de voces estruendosa con un discurso dictatorial ha silenciado a un grueso de la población que cree en la inversión privada pero también en la presencia del Estado que ha de proteger a las poblaciones vulnerables, señala. Esas voces estruendosas piden unas condiciones de mercado sin importarles el costo, otras piden orden sin pensar tampoco en el orden, y ambos extremos quieren retroceder en libertades sociales. En eso se juntan esos extremos de izquierda y de derecha, dice.
Christian Reynoso es un escritor y periodista de Puno, que ha dedicado el grueso de su obra a narrar la región. Entre sus novelas se destaca El rumor de las aguas mansas, en la que narra el asesinato del alcalde del distrito de Ilave, en un linchamiento público en 2004. Reynoso empieza su reflexión sobre los sucesos actuales con una palabra: hartazgo. Un hartazgo del poblador que vive “en ese otro país fuera de Lima que es Perú”, un hartazgo contra la clase política en todos los niveles. Hay un punto de ebullición, dice. El bicentenario de la independencia coincide con la asunción de un presidente que es reconocido por esta población harta como uno de los suyos. En su opinión, la detención de Castillo, más allá de que su presidencia haya estado salpicada de ineficiencia y actos de corrupción, ha significado para esta población la exclusión del sistema político de su líder y de ellos, y esto es lo que desencadena esta ola de protestas. Mientras tanto, agrega, hay un gobierno que sigue en su burbuja centralista, limeña, capitalina, sin ver lo que está pasando en ese otro Perú tan lejano que da la razón al dicho “Puno más cerca del cielo que de Lima”.
A la unión de todas las comunidades y provincias del norte y sur de Puno hay que sumar algunos operadores políticos y financieros que tienen que ver y proceden del contrabando, la minería ilegal y seguramente sectores radicales del espectro político, señala. Sin embargo, lo que prima es el concepto de lo colectivo, que se sigue practicando en las comunidades que están muy bien organizadas, incluso económicamente.
Alfredo, que prefiere mantener la reserva de su identidad, trabaja en Juliaca como taxista. Su relato tras el lunes 9 confirma las palabras de Reynoso: se ve la llegada de más pobladores de comunidades y la presencia de manifestantes es masiva. Alfredo define a los asistentes a las manifestaciones como “gente humilde que camina, no como dicen en Lima pagados por narcotraficantes”. Y no falta plata, hay recursos propios, agrega. Las demandas ya se han limitado a la renuncia de Dina Boluarte y su gobierno, “algunos hablan de la asamblea constituyente sin entender muy bien qué es eso, y de Castillo ya apenas se habla, lo que se pide en protesta es la renuncia de la presidenta y todos los que la acompañan, porque no quieren otra cosa que manejar los nuevos contratos que se vienen”.
Marisol Pérez Tello ve en el corto plazo momentos de convulsión muy complicados que terminarán. Para la exministra, sería necesario una gran alianza electoral y de gobierno que incorpore libertad, justicia, inversión privada pero también presencia del Estado cerrando brechas, que le dé al país esperanza. Jorge Nieto, por su parte, prevé que si el gobierno persiste en su política actual no sería extraño una precipitación del proceso electoral, que en su opinión no es conveniente pero sí posible y que podría tener como consecuencia que se mantuvieran los mismos que ahora están. Amilcar Romero coincide en este diagnóstico y señala que sin una modificación sustancial del marco jurídico político es ingenuo pensar en que algo vaya a cambiar.
Juanjo Fernández, desde Lima