En Lima y también en la mayor parte de los departamentos andinos de Perú, se realizaron este martes masivas protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, luego de que el lunes violentos choques en la ciudad de Juliaca, en Puno, causaran la muerte de 17 civiles y un policía.
Fue por estos hechos que este martes el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, solicitó y obtuvo por parte de la mayoría de los congresistas un voto de confianza para el gabinete y por ende para todo el gobierno que preside Boluarte. Mientras se realizaba esta sesión, el clima en las calles que rodeaban al edificio legislativo era de tensión, aunque las situaciones más violentas ocurrieron lejos de Lima, donde hubo cortes de carreteras y escaramuzas con las fuerzas represivas.
Pero los episodios del lunes en Juliaca, la ciudad más importante del departamento andino de Puno, ubicada a más de 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar y en la que viven alrededor de 300.000 personas, fueron los más graves desde que comenzaron las protestas que sobrevinieron a la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción de su vice, Dina Boluarte, que en total ya costaron la vida de 48 personas, ya sea en incidentes o en el marco de circunstancias derivadas de las movilizaciones. De acuerdo a lo que informó el diario limeño La República, las víctimas mortales y los más de 40 heridos que se registraron el lunes en Juliaca sufrieron impactos de bala y perdigones en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac de la ciudad. Allí durante varias horas la Policía se enfrentó a los manifestantes que pretendían ingresar a la terminal aérea para expulsar a los efectivos militares que llegaron desde Lima como refuerzos para actuar ante las protestas.
La gravedad de los hechos generó que este martes la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunciara el inicio de una investigación contra altos funcionarios por las muertes ocurridas en Juliaca.
El diario El Comercio informó que entre las personas que serán investigadas como presuntas responsables de los hechos se encuentra la presidenta Boluarte.
Ya en la noche del lunes la Defensoría del Pueblo había emitido un comunicado en el que instó a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Peruana a cumplir con las normas vigentes y estándares internacionales respecto al “uso de la fuerza”. La entidad también recordó a ambas instituciones que no les correspondía “resolver los conflictos” en curso, según lo consignado por el portal Ojo Público.
Paralelamente, este martes la representación en Perú de la Organización de las Naciones Unidas emitió un comunicado en el que abordaba la situación.
“Exhortamos a las autoridades y fuerzas de seguridad a tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la manifestación pacífica, a observar los estándares y normas aplicables al uso de armas contra los manifestantes, y a facilitar una solución pacífica y dialogada a la crisis. De igual manera, hacemos un llamado a las personas y a las organizaciones sociales que vienen manifestándose a abstenerse de actos de violencia y a ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando la vida y la propiedad pública y privada. Exhortamos a todas las partes a proteger especialmente los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, y a asegurar que las personas heridas reciban atención médica de manera oportuna. Consideramos que se deberá llevar adelante una investigación diligente, independiente, imparcial y transparente para esclarecer las denuncias de violaciones a los derechos humanos; asegurar justicia para los casos de personas muertas y heridas (incluyendo civiles, periodistas, policías y militares) desde el inicio de las movilizaciones en diversas regiones del país en diciembre de 2022; y evitar que estos hechos se repitan”, se expresó desde la entidad.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también condenó los recientes fallecimientos en Juliaca y pidió al Estado peruano tomar “medidas inmediatas para prevenir y sancionar el uso excesivo de la fuerza en las protestas sociales”.