Más de 35 ómnibus y la cabina de un tren fueron incendiados este lunes en Río de Janeiro. Las acciones, que tuvieron lugar de forma simultánea en diferentes barrios, provocaron la suspensión del transporte público y un decreto de “estado de atención” por “repercusiones relevantes” en el funcionamiento de la ciudad.
Según lo anunciado por las autoridades, la operación fue coordinada por un grupo de crimen organizado en respuesta a la muerte de uno de sus líderes, Matheus da Silva Rezende, asesinado durante un tiroteo con policías. Da Silva Rezende, a quien llamaban Faustão, era sobrino del jefe parapolicial Luis Antonio da Silva Braga, apodado Zinho, quien está prófugo.
En una rueda de prensa, el gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, comunicó que la Policía detuvo a 12 personas, de las cuales seis fueron liberadas. El resto serán acusadas de “terrorismo” ante la Justicia. “La verdad es que esto es terrorismo y así será visto por el gobierno estatal”, afirmó Castro.
Mientras se llevan adelante las investigaciones correspondientes, continúa el “estado de máxima alerta”, con “toda la fuerza (policial) de Río de Janeiro en la calle” para conseguir “una estabilización momentánea”, agregó. Lo que pasó es una situación “atípica” y “desproporcionada”, pues hasta el momento, incluso con “traficantes de drogas mucho más conocidos”, nunca se generó algo así, resaltó el jerarca, integrante del derechista Partido Liberal, la fuerza política que lidera el expresidente Jair Bolsonaro.
Para el gobernador “está muy claro que este no es un problema de Río de Janeiro”, sino de todo el país, y que quienes llevan adelante hechos de esta magnitud “no son organizaciones criminales puntuales”, pues forman parte de “verdaderas mafias nacionales”. En ese sentido, declaró que a partir del miércoles comenzará a trabajar en la realización de “un pedido claro para endurecer la legislación federal sobre el delito del terrorismo”.
“Continuaremos firmes, demostrando que nosotros somos el Estado, y el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de la población”, afirmó Castro. El gobernador de Río de Janeiro se comprometió a “quitar a estos criminales de circulación” y a enviar a los líderes del grupo a las prisiones federales “para que no controlen el crimen”. De acuerdo a lo expresado por Castro, lo fundamental es que “no hay acuerdo, ni habrá”, entre el Estado Federal y los criminales.