El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el lunes el despliegue de una misión de seguridad en Haití, que estará encabezada por Kenia, como parte de los esfuerzos para combatir el crimen violento de las pandillas que están generando una situación de enorme inestabilidad en el país caribeño. La misión durará un año y al cabo de nueve meses se realizará una revisión.
En una nota publicada en el portal oficial de la ONU, se informó que la misión deberá proveer “apoyo operacional a la Policía Nacional con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad ante una oleada de violencia sin precedentes”.
Entre los delitos que la misión busca abordar se encuentran el secuestro, la violencia sexual, la trata de personas y el tráfico ilícito de armas, que imperan en varias zonas del país, empezando por su capital, Puerto Príncipe. Esta situación generó que decenas de miles de personas abandonaran la ciudad buscando seguridad en otras zonas del país.
13 miembros del consejo votaron a favor del despliegue de fuerzas, y China y Rusia se abstuvieron en la votación. El embajador ruso ante la ONU explicó que Rusia no tenía objeciones “en principio”, pero consideró la versión final de la moción “apresurada” y “miope”, según The New York Times.
Rusia y China querían también que la misión sólo durara seis meses, pero los otros miembros del consejo argumentaron que no daría a las fuerzas kenianas tiempo suficiente para realizar un cambio sustancial en Haití.
La cuestión de la intervención internacional en Haití genera muchas controversias y es percibida con mucha desconfianza por la población local. Entre 2004 y 2017 la ONU desplegó fuerzas de paz, y alrededor de 150 de los enviados, de diversas nacionalidades, fueron acusados de abuso y explotación sexual, recordó Associated Press. Además, la misión de la ONU introdujo una cepa mortal de cólera en Haití, matando a aproximadamente 10.000 personas, cuando se filtraron aguas residuales de un campamento de la ONU cuyos habitantes estaban infectados con cólera.
Esta sensación de desconfianza fue abordada por el principal líder pandillero de Haití, Jimmy Chérizier, un expolicía conocido popularmente por su apodo, Barbecue. A mediados de agosto, cuando ya se hablaba sobre la posibilidad de que una misión de la ONU llegue al país, él advirtió durante una conferencia de prensa que lucharía contra cualquier fuerza armada internacional en caso de que cometan algún abuso.
Chérizier dijo que recibiría con beneplácito a una fuerza extranjera si arrestaba al primer ministro, Ariel Henry, y agregó: “Si vienen a ayudar y a brindar seguridad para que la vida vuelva a empezar, nosotros también aplaudiremos eso”.
Aunque la resolución de la ONU declara expresamente que los líderes de la misión deben tomar medidas preventivas para que los escándalos del pasado no se repitan, algunos críticos también están preocupados por el historial de acusaciones de tortura y violencia que pesan sobre la Policía keniana.
Por su parte, Henry se mostró conforme de que se estén tomando medidas más de un año después de haber solicitado por primera vez asistencia internacional. El primer ministro publicó en su cuenta de X: “El pueblo haitiano agradece mucho al Consejo de Seguridad y al secretario general de las Naciones Unidas. Saludamos a los Estados Unidos y al Ecuador que trajeron el proyecto de resolución. También agradecemos a otros países que nos ayudaron en su propia manera”.
Se espera también que el despliegue de fuerzas extranjeras, que trabajarán en colaboración con la Policía haitiana, genere las condiciones necesarias para que puedan celebrarse elecciones generales. Los últimos comicios en Haití se realizaron en noviembre de 2016, cuando Jovenel Moïse asumió la presidencia, después de que las elecciones fueran pospuestas varias veces.
Moïse obtuvo 55,6% de los votos, aunque la participación fue extremadamente baja, de aproximadamente el 20%. Asumió el cargo en febrero de 2017, a pesar de las acusaciones de fraude, y fue asesinado en julio de 2021 en circunstancias no del todo aclaradas. Desde entonces, los cargos ejecutivos del país están siendo ocupados no electos por los ciudadanos.