Un fallo de la Corte Suprema de Panamá convirtió en festejos las manifestaciones de protesta que se mantenían desde hace más de un mes en las calles de ese país. El tribunal declaró este martes inconstitucional la Ley 406, que contenía un criticado contrato entre el Estado y la minera Panamá, filial de la empresa canadiense First Qantum Minerals, para la explotación de la mina Cobre Panamá, que se ubica en la provincia de Colón.
El tribunal, integrado por nueve jueces, falló por unanimidad contra la norma, aprobada el 20 de octubre. Esa ley regulaba una inversión de 10.000 millones de dólares que tenía como objetivo la explotación del metal y su exportación, en particular a China, informó France 24.
La decisión judicial dispone que el contrato deje de existir, según dijo a la agencia Efe la fiscal general Ana Matilde Gómez. Por lo tanto conduce al cese de operaciones en esta mina de cobre, la mayor a cielo abierto de América Central.
Los grupos ambientalistas, organizaciones sociales y comunidades que impulsaron las protestas contra la ley denunciaron que esta explotación minera, que se encuentra en el centro del Corredor Biológico Mesoamericano, un sistema de áreas protegidas, está causando daños medioambientales irreparables.
“La democracia ha funcionado, se demuestra la independencia total del órgano judicial según establece nuestra Constitución Política y se reafirma en este fallo histórico y unánime [...] Ahora como panameños y panameñas nos queda abrir las vías, regresar a clases, al trabajo y a las comunidades. Recuperar la economía”, dijo en sus redes sociales el defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc.
El funcionario publicó también videos de docentes festejando el pronuncimiento de la corte e imágenes de policías recogiendo obstáculos que bloqueaban las rutas. Los cortes de vías nacionales e internacionales, que fueron parte de las manifestaciones del último mes, ya fueron levantados, informó.
Esos bloqueos generaron desabastecimiento de ciertos productos en algunas ciudades y alteraron el flujo comercial con países vecinos. Una de las áreas más afectadas fue Chiriquí, una zona fronteriza con Costa Rica donde se producen vegetales, que sufrió la escasez de gas, combustible y productos básicos.
Para el vicepresidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga de Panamá, Carlos Eliécer Argueta, “no hay manera de calcular las pérdidas” que sufrió su sector. Señaló que Panamá recibe por día unos 250 camiones desde otros países de América Central y que esa “es una conectividad logística que trae impuestos, trabajo y aportes a la industria”.
A lo largo de las protestas, además de los bloqueos de tránsito llevados adelante por sindicatos y organizaciones indígenas, se registraron paros de algunos sectores como el de la educación. Según el diario panameño La Prensa, las autoridades educativas informaron que a unos 17.500 docentes se les descontó el salario correspondiente a la segunda quincena de noviembre por haber participado en esta huelga.
Después de conocerse el fallo, integrantes del movimiento “Panamá vale más sin minería” y otros manifestantes celebraron cerca de la sede de la Corte Suprema.
“Sí se pudo, y el hecho de que sea un fallo unánime también dice mucho. Ahora queremos leer el fallo porque en su contenido y en su motivación va a ser súper determinante para poder defendernos ante las instancias internacionales. Los mineros First Quantum y todos deben de estar furiosos y vienen con rabia, pero no tenemos miedo”, dijo a Efe la militante ambientalista Rais Banfield.
La integrante de “Panamá vale más sin minería” acusó de traición al gobierno del presidente Laurentino Cortizo, “que negoció el contrato a espaldas del pueblo”, y al Parlamento, “que lo aprobó a espaldas del pueblo” en un trámite acelerado, en tres días.
Luego de conocido el dictamen de la Corte Suprema, Cortizo emitió un breve comunicado en el que manifestó: “Como presidente de la República, siempre respetuoso de la separación de los poderes del Estado y de nuestra Constitución, recibo y acato la decisión de la Corte Suprema de Justicia, expresada en su fallo de hoy, sobre la Ley 406 del contrato minero”.
Por su parte, la empresa Minera Panamá ya había anunciado su intención de presentar dos demandas contra el país en ámbitos internacionales.
Antes del fallo de este martes, ya la Corte Suprema había declarado inconstitucional, en 2017, el contrato que en 1997 otorgó la concesión para la explotación de la mina a la empresa Minera Petaquilla.
Después de que esa firma se extinguiera, y tras sucesivas ventas, los derechos pasaron a manos de Minera Panamá, a la que luego se le renovó la concesión.