El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, logró esta semana que el Senado aprobara su nuevo proyecto de reforma electoral. Una iniciativa anterior había quedado por el camino en diciembre, después de generar polémica porque sustituía el Instituto Nacional Electoral por un nuevo organismo y reducía el número de diputados de 500 a 300.
La nueva reforma, conocida como Plan B, modifica varias leyes que regulan las elecciones y reduce el presupuesto del Instituto Nacional Electoral a partir de una reestructura que simplifica ese organismo. Con 72 votos a favor y 50 en contra, el Congreso se pronunció a favor del proyecto.
Para la oposición, que convocó a manifestarse este domingo contra esta iniciativa, se le quita poder e independencia al Instituto Nacional Electoral al reducir su número de órganos distritales y poner tope a los sueldos de los consejeros que lo dirigen. En cambio, para el oficialismo es una medida positiva que permite ahorrar casi 200 millones de dólares al Estado.
La iniciativa incluía un artículo conocido como la cláusula de “vida eterna” para los partidos, que no fue aprobada. Ese punto permitía a los partidos grandes transferir sus votos a sus aliados minoritarios para evitar que estos perdieran su registro como organizaciones políticas si no alcanzaban un mínimo de apoyo. Los senadores entendieron que los votos no pueden ser transferidos de ese modo y votaron en contra.
Según informaron el diario El Sol de México y Europa Press, la nueva legislación limitará la posibilidad de que un funcionario sea sancionado por expresiones que puedan considerarse propaganda. Se pone restricciones a la interpretación que pueden hacer el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral al respecto y se establece que “no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”.
En el mismo sentido, se modifica el artículo 70 de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral y se establece que “a fin de salvaguardar las libertades de expresión, información y de fortalecer el Estado democrático, no serán objeto de inquisición judicial ni censura las entrevistas, opiniones, editoriales, y el análisis de cualquier índole que, sin importar el formato, sean el reflejo de la propia opinión o creencias de quien las emite”.
Otros puntos de la reforma permitirán a las personas que se encuentran en prisión preventiva votar, y establece que podrán emitir su voto por internet los emigrantes mexicanos y quienes residen en el país pero se encuentran momentáneamente en el exterior, informó la agencia Efe. Además, se dispone la obligación de los partidos de garantizar candidaturas para grupos diversos, entre ellos jóvenes, indígenas, afrodescendientes, personas LGTBI, y personas con discapacidad.
Si bien la discusión sobre esta reforma se extendió por varias horas en el Senado, finalmente el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México reunieron los suficientes votos como para sacar adelante la iniciativa. Votaron en contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). Los opositores afirman que la reforma afecta la independencia del organismo electoral. Para el opositor Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, significa el “peor retroceso democrático de la historia de México”. A su vez, para Indira Rosales, del PAN, esta reforma es “igual de dañina” que la original.
En enero, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, había advertido que si esta reforma era aprobada, existía el riesgo de que no hubiera recursos suficientes para las elecciones presidenciales de 2024. “Hoy las elecciones nos garantizan algo: que haya casillas, que haya una boleta esperando a cada ciudadano”, dijo Córdova, y agregó: “Si no tenemos una organización electoral, evidentemente las elecciones se ponen en riesgo”.