Perú sigue viviendo una profunda crisis política que parece no tener fin. Mientras el Congreso sigue dilatando la decisión de adelantar las elecciones, tanto legislativas como presidenciales –el principal motivo de las protestas que comenzaron en el país luego del fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte–, la situación es cada vez más compleja.
La presidenta ya es objeto de una investigación abierta por la Fiscalía en enero, por la muerte de 39 manifestantes por disparos de las fuerzas de seguridad durante las protestas, y este martes ella, algunos ministros y los altos mandos de la Policía fueron denunciados penalmente por las muertes ocurridas en el departamento de Apurímac desde el 7 de diciembre de 2022.
De acuerdo a un comunicado emitido por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), consignado por el diario limeño La República, la acusación fue ingresada el lunes ante la fiscal Patricia Benavides.
Según se informó, la denuncia contiene “material audiovisual, documental y testimonios de víctimas que demuestran la comisión de ilícitos penales” por los cuales se debería investigar el accionar de los acusados por los hechos que acabaron con la vida de personas en Apurímac, departamento andino situado en el sur del país del cual curiosamente es oriunda la presidenta Boluarte.
Además de Aprodeh, la denuncia fue presentada por el Instituto de Defensa Legal, Paz y Esperanza y el equipo legal voluntario de derechos humanos, integrado por abogados independientes, quienes señalan a las autoridades por delitos tales como homicidio, lesiones graves y leves, tortura y abuso de autoridad.
En el documento presentado se expresa que fue a partir del 10 de diciembre que se perpetró “una masacre” en Apurímac, ya que en los primeros cinco días se contabilizaron hasta seis personas fallecidas en la región.
Además, 83 ciudadanos fueron heridos y decenas de personas fueron detenidas, torturadas y víctimas de abuso de autoridad.
En el texto de la denuncia se agrega que “algunas de las personas heridas tendrán secuelas que les acompañarán toda su vida. En todos los casos, no sólo sufre la víctima, sino sus familias y la comunidad”.
Por otro lado, el documento enviado al Ministerio Público precisa que no sólo los efectivos de la Policía serían responsables penalmente de las muertes en Apurímac, sino que también lo son “los autores mediatos, que forman parte de la cadena de mando”. “No es posible cometer una masacre sin el apoyo de las autoridades del nivel más alto”, enfatiza el documento.
Paralelamente, este martes se hizo público un documento denominado “Manifiesto por el Perú”, elaborado por los consejos directivos de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR) y la Asociación de Universidades Nacionales del Perú, donde las entidades señalan que la crisis política es insostenible y la presidenta debe exigir al Congreso adelantar las elecciones o renunciar.
De acuerdo a lo que informó el diario arequipeño El Búho, el lunes Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, recibieron en Lima al gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, y a la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, directivos de la ANGR, entidad que reúne a los gobernadores de todos los departamentos peruanos. En el encuentro también participaron autoridades de algunas de las universidades públicas más importantes del país.
Si bien desde la presidencia se comunicó que en el encuentro se habló “sobre el fortalecimiento de la educación y la unidad nacional”, el martes se supo que en la reunión se presentó el documento que pide exigir al Congreso adelanto de las elecciones para este año, y si esto no ocurre, la renuncia de la mandataria.
Además, las autoridades departamentales y universitarias llamaron a constituir una comisión investigadora independiente que determine responsabilidades en la muerte de ciudadanos que participaban en las protestas. Y también llamaron a iniciar diálogos regionales para atender las demandas que plantean las poblaciones en protesta.
Además, las entidades en su comunicado hicieron referencia a los 60 peruanos fallecidos durante las protestas, entre los que destacan 17 menores de edad, y a las pérdidas económicas que viene sufriendo el país debido a la crisis política y los perjuicios que está padeciendo su área educativa.