Tras sancionarse este lunes la primera ley de la gran reforma que debilitará al Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, todo indica que Israel se dirige hacia una gran crisis constitucional en medio de una polarización interna sin precedentes.
En un país carente de una constitución reguladora de los poderes públicos, el Poder Judicial era, desde la década del 90 y hasta ahora, quien tenía la posibilidad, en casos de evidente abuso de poder o de decisiones gubernamentales arbitrarias, de ponerles frenos. Casi nunca utilizados para frenar arbitrariedades contra palestinos, ese mecanismo preservaba de algunas arbitrariedades al interior de la sociedad israelí.
Desde el punto de vista de la coalición de gobierno, los frenos judiciales limitan su margen de acción para gobernar de acuerdo con su programa. Al anular la denominada “causa de razonabilidad”, y ante interpelaciones presentadas por diversas organizaciones sociales, Israel está a un paso de lo que puede ser una crisis constitucional. Si la Corte Suprema de Justicia respondiera a estas interpelaciones declarando como no razonable a la ley que suprime su derecho a hacerlo, habrá, sin lugar a especulaciones, un choque de poderes.
Calificados juristas vienen advirtiéndola en los últimos meses y diversos actores institucionales han adelantado cuál será su posición al respecto. Algo similar puede ocurrir si el gobierno decide deponer a la procuradora del estado, que es, a la vez, quien encabeza la causa judicial contra el primer ministro, Benjamín Netanyahu.
En este contexto, numerosos actores sociales se posicionan y amenazan con entrar en acción. La Histadrut, la principal central sindical del país, se declaró en conflicto para poder legalmente dentro de dos semanas hacer un paro contra las reformas que implican amenazas a derechos existentes. Ya este lunes hubo un lockout patronal en contra de la reforma judicial por parte de las principales cadenas de shoppings. También el sindicato médico israelí, que no forma parte de la central de trabajadores, se declaró en alerta contra las reformas judiciales.
En la víspera de la votación en el Parlamento, más de 10.000 reservistas de las fuerzas armadas enviaron cartas anunciando que, a partir de la sanción de la ley, no concurrirán al servicio de reserva.
Los especialistas militares informan que la crisis afecta gravemente la futura disponibilidad de la Fuerza Aérea, ya que decenas de pilotos de reserva, los más experimentados, dejaron esta semana de concurrir a su entrenamiento semanal y, a medida que pase el tiempo, irán perdiendo su capacidad operacional y son irremplazables a corto y mediano plazo. Algo similar sucede con reservistas de los servicios de inteligencia militar, muchos de ellos especialistas en ciberoperaciones. El comandante en jefe de Tzahal, las fuerzas armadas de Israel, intentó el lunes infructuosamente reunirse con Netanyahu antes de la votación en el Parlamento para trasmitirle la gravedad de la situación desde el punto de vista de las capacidades militares en los próximos meses. El primer ministro recién accedió a recibirlo después de finalizada la votación.
Las calles están que arden, con decenas de miles de opositores movilizados diariamente y otros cientos de miles que se suman a las grandes concentraciones semanales.
No son los remanentes de la izquierda israelí quienes sobresalen en las manifestaciones. Estas son muy heterogéneas, pero están conducidas por sendos representantes del viejo establishment que sienten que lo que Israel tenía de democrático y liberal se está perdiendo por el accionar de una coalición de gobierno en la que Netanyahu es rehén de fanáticos nacionalistas y ultrareligiosos.
Hasta el mismo Benny Begin, hijo del histórico dirigente del Likud Menahem Begin, y él mismo un exdiputado del Likud, caracterizado como representante de la derecha intransigente ante los palestinos, fue uno de los oradores en la manifestación opositora del lunes, advirtiendo que el gobierno se había corrido del nacionalismo al nacionalismo extremo.
Ante las protestas, crecen los incidentes en los cuales simpatizantes del gobierno agreden a manifestantes. Por otro lado, aumentó la violencia policial. Desplazado semanas atrás el jefe de policía de Tel Aviv que había tenido una actuación prudente, los oficiales parecen estar realineándose con las órdenes de mano más dura impartidas por el ministro de seguridad nacional, el supremacista Itamar Ben Gvir.
En Jerusalén Occidental, la Policía lanzó agua pestilente sobre manifestantes israelíes, lo que habitualmente suele hacer contra manifestantes palestinos en Jerusalén Oriental.
El actual gobierno no oculta su política de avanzar en procesos de colonización y eventualmente anexión de buena parte de los territorios palestinos militarmente ocupados.
Pareciera que antes de incorporarlos judicialmente a Israel, los métodos represivos utilizados en aquellos territorios son los que estarían asomando en el mayor conflicto interno jamás afrontado por la mayoría judía de Israel.
Gerardo Leibner, desde Tel Aviv.