El gobierno de Perú prorrogó por 30 días la declaración de estado de emergencia en las principales carreteras del sur del país ante el anuncio de que esta semana se realizarán nuevas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Los manifestantes de distintas zonas del país, que llaman a una “toma de Lima” el miércoles, reclaman la renuncia de la presidenta Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones. También demandan una reparación a las familias de las víctimas de la represión de las protestas anteriores contra el actual gobierno, en las que murió medio centenar de personas.
“Hemos aprobado un decreto supremo que prorroga el estado de emergencia en el Corredor Vial Sur y establece el estado de emergencia en las redes viales regionales y locales”, dijo el primer ministro, Alberto Otárola. Según citó la agencia Efe, Otárola afirmó que se respetará el derecho a la protesta, pero que no deberá afectar a las personas ni a los bienes públicos o privados. Agregó que la declaración de emergencia busca “garantizar la libre circulación”, en particular durante la celebración del aniversario de la independencia de Perú, el 28 de julio.
Gerónimo López, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, una de las organizaciones que convocan a movilizarse, dijo al diario peruano La República que “el pueblo va a salir a recuperar la democracia secuestrada”. Explicó que organizaciones sindicales y campesinas se reunieron los dos primeros días de julio y acordaron las demandas comunes que llevarán en estas protestas.
Una de ellas es la convocatoria a un referéndum para que los peruanos decidan si quieren que se instale una asamblea constituyente. “Lo que ocurre es que la derecha tiene miedo. ¿Por qué no acepta un referéndum? Eso sería lo más democrático, que la gente decida”, afirmó el dirigente. Señaló que “las encuestas dicen que hay un porcentaje alto de la población que quiere una nueva constitución” y que “los partidos tradicionales son los que no la quieren, el Congreso totalmente desprestigiado tampoco y menos los grupos de poder”. Los sectores movilizados reclaman un cambio de gobierno y el fin del mandato de Boluarte, que asumió el 7 de diciembre, después de que el entonces presidente, Pedro Castillo, intentara dar un golpe de Estado y fuera destituido.
Consultado sobre la posibilidad de que las protestas sean reprimidas por las fuerzas estatales, López dio por sentado que eso ocurrirá. “Nosotros hemos hecho un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que sea testigo de lo que está ocurriendo”, dijo. “Vamos a marchar igual, manteniendo el orden, sin daños ni perjuicios”, agregó.
A su vez, el ministro del Interior, Vicente Romero, manifestó que “nunca ha habido una toma de Lima, ni tampoco habrá”. Afirmó que las autoridades tienen una “muy buena planificación”. “La Policía Nacional del Perú está preparada, lista para cualquier evento adverso que se pueda desarrollar frente a cualquier convocatoria que pueda haber”, agregó.
Previendo las movilizaciones, dos universidades públicas anunciaron la suspensión de sus actividades presenciales. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos cerró su campus en Lima desde el jueves “por medidas de seguridad y en prevención de contingencias”. El campus de esa universidad alojó a comienzos de año a cientos de manifestantes hasta que la Policía tiró abajo las puertas para entrar a detenerlos.
También la Universidad Nacional Federico Villarreal anunció que las actividades previstas para la semana próxima se realizarán de manera virtual debido a “los posibles movimientos sociales” anunciados para esos días.
Romero, según citó Efe, les pidió a los estudiantes universitarios: “Tengan cuidado, no se dejen llevar por ideas que trastocan la tranquilidad del país”. El ministro agregó: “Vamos a dar todas las garantías a los que protestan de forma pacífica. Pero respeten el derecho de los demás, que quieren trabajar y circular libremente”.