La abogada experta en derechos humanos Antonia Urrejola presidió en 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al año siguiente fue la primera titular del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente chileno, Gabriel Boric, hasta su salida del cargo, en marzo de 2023.
Esta semana visitó Montevideo invitada por la Cátedra Unesco de la Universidad de la República para participar en dos encuentros, uno sobre emergencia climática y derechos humanos y otro sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad en la región. Durante la visita conversó con la diaria sobre la memoria histórica en Chile, los desafíos que tiene por delante el gobierno de Boric y la resistencia al cambio que ella misma encontró como ministra.
¿Cuál fue el mayor desafío que enfrentó como canciller del gobierno de Boric?
Uno de los desafíos de todos los gobiernos nuevos es lo que implica su instalación, en este caso, intentando incorporar temas que no eran parte formal de la agenda de política exterior, a los cuales queríamos darles una mirada interseccional. Uno es la llamada política turquesa, que tiene que ver con la emergencia climática. Nos enfocamos en cómo empezar a trabajar desde la cancillería en una política exterior que tuviera esta mirada, de enfrentar la emergencia climática, el deterioro de la biodiversidad, y poder hacerlo desde los distintos ámbitos, desde el punto de vista de los tratados de libre comercio, desde el rol que cumplen los distintos organismos multilaterales. Chile ya tenía una voz bastante importante en esta área –lideró en su momento el acuerdo de Escazú, por ejemplo–, pero buscamos cómo podía levantar aún más la voz, tener un rol más participativo en todos estos temas, más allá de la COP y ese tipo de ámbitos, y darle más fuerza a esta perspectiva, porque creemos que es un desafío que no podía estar ajeno a la política exterior. Fue difícil hacerle entender a mucha gente que este tema debía ser abordado desde una mirada interseccional que se incorporara en el quehacer cotidiano de la cancillería. Costó que se entendiera. El otro tema es el de la política exterior feminista. Ahí hubo bastante más dificultad para hacer comprender por qué era un eje fundamental de la política exterior de Chile.
¿A qué se debió esa resistencia?
Hubo bastante reticencia porque se entendía que la política exterior es neutral, entre comillas, y esto no sería neutral. La política exterior no es neutral, responde a las prioridades de los gobiernos, y lo que se decidió en ese momento es que nosotros elaboráramos una política exterior feminista, siguiendo un poco los trabajos que han hecho otros países, partiendo por Suecia, Alemania, otros países europeos, y en la región, México. También ahora Colombia y Argentina están trabajando en el tema. Se buscó darle dos miradas. Una de ellas es la mirada en las relaciones tanto bilaterales como multilaterales, hacia afuera, y cómo darle aún más relevancia no sólo al tema de las mujeres sino también de los colectivos LGBTIQ+.
Chile siempre ha ejercido un liderazgo bastante importante en esos temas en Naciones Unidas, pero la idea era empezar a hacer un trabajo mucho más fuerte en los órganos multilaterales y también ir incorporándolo en los tratados de libre comercio. Chile ya tenía el tema de comercio y género en un tratado que tiene con Canadá, y en la modernización del acuerdo con la Unión Europea hay un capítulo especial al respecto. Pero la idea es seguir avanzando y que el tema del género –y por género me refiero también a las identidades sexuales– esté presente también en una mirada interseccional en todo el quehacer de la cancillería, hacia afuera pero también hacia adentro. Que esté en los puestos que tienen las mujeres dentro de la cancillería, en los cargos directivos, para incorporar la mirada de las mujeres en las distintas resoluciones de conflictos, en los distintos asuntos que trata la cancillería, porque la mujer tiene una mirada que aporta mayor diversidad, y en el entendido de que no puede existir una política exterior que no incorpore a la mitad de la población.
Fue muy difícil que esto se comprendiera, sobre todo porque implicó un trabajo dentro de la cancillería que incluyó aumentar los altos cargos de mujeres, obviamente cumpliendo con la carrera funcional de la diplomacia. Durante el último año que yo estuve pasamos de 12 o 14 mujeres embajadoras a 27, y eso es un hito dentro de la cancillería. También se buscó incorporar dentro del organigrama del ministerio una dirección de género, y eso es algo en lo que la actual administración va a seguir trabajando, precisamente para dar esta mirada interseccional.
Esos temas fueron difíciles de explicar en un ambiente en que la política exterior es entendida siempre como las relaciones bilaterales, las relaciones comerciales. Estos temas, entre comillas nuevos, aparecen como que no son parte de la política exterior. Hubo mucha reticencia del mundo de la política exterior en Chile; me refiero no sólo a excancilleres, sino a quienes se dedican al trabajo de la política exterior, que han tenido distintos roles. Quienes han manejado la política exterior en Chile en los últimos 30 años sentían que se estaba cuestionando lo que ellos habían hecho. De ninguna manera se estaba cuestionando, sino agregando nuevos temas. Entonces hubo una suerte de reacción defensiva. Yo diría que ese fue el principal desafío.
¿Cómo ve ahora al gobierno? ¿Ha cambiado el rumbo en esos aspectos?
Yo creo que los ejes fundamentales en materia de política exterior siguen, son parte del programa de gobierno y el actual ministro responde al presidente, pero obviamente hay matices. El nuevo ministro tiene otros matices, quizás reforzando otros temas, pero la política exterior feminista sigue, ahora está a cargo de la subsecretaria. En lo que es la política turquesa estamos bastante activos, sobre todo en el tema de la protección de los océanos, en el tema del tratado sobre la protección de la biodiversidad más allá de las aguas jurisdiccionales, en el que Chile ha sido muy activo. Esa agenda ha continuado, pero claro, hay matices distintos. Eso con respecto a la cancillería. Con respecto al gobierno, me parece que la situación interna en Chile ha sido marcada por la agenda migratoria y la agenda de seguridad, grupos de narcotráfico que han llegado al país. Eso ha cambiado el péndulo de las prioridades del gobierno. Por otra parte, la última elección de constituyentes, en la que ganó el Partido Republicano, que es de extrema derecha, lógicamente también cambia los péndulos, para tratar de comprender lo que de verdad requiere la ciudadanía, para responder a esas necesidades por una parte, y para evitar el avance de la extrema derecha.
Cuando se están por cumplir 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende, se conoció una encuesta según la cual un tercio de la población no condena el golpe. ¿Cómo ve ese resultado? ¿Tiene que ver con este ascenso de la ultraderecha?
Yo creo que está presente el ascenso de la ultraderecha, y también me parece que hemos fallado en la educación en derechos humanos de las nuevas generaciones. Creo que ahí hay una falta de parte de los distintos gobiernos de Chile en entender que es una prioridad que se comprenda por qué merece el rechazo un gobierno dictatorial. No es simplemente porque a uno no le gusta, sino por todas las implicancias que tienen los gobiernos dictatoriales en el propio bienestar de las personas, no sólo en el tema de las violaciones a los derechos humanos a los opositores. Se trata de valorar la democracia, más allá de sus deficiencias, desde la perspectiva del Estado de derecho. Por ejemplo, los pesos y los contrapesos que son necesarios para evitar la concentración de poder, porque un día a mí me puede gustar muchísimo un gobernante, pero si quito los pesos y los contrapesos, el gobernante se vuelve autoritario y tarde o temprano termina siendo un desastre. Creo que falta educación cívica y educación en derechos humanos, y creo también que la clase política, independientemente del color político, de alguna manera, en un momento dado, olvidó la importancia de la memoria. Cuando recién asumió Patricio Aylwin, él hizo el informe Rettig, sobre desaparición forzada y ejecuciones, que fue muy importante. El presidente Ricardo Lagos hizo la Comisión Valech, sobre prisión política y tortura, que también fue muy importante, pero no ha habido un trabajo sistemático sobre todo en materia de memoria. Hay sitios de memoria, pero hay una suerte de desconexión de lo que son los grupos de víctimas del quehacer cotidiano en la propia mantención de los sitios de memoria y también con la élite política. Yo creo que ahí hay un mea culpa, independientemente de las izquierdas y de las derechas: empezaron a hacer una suerte de agenda identitaria de un grupo, que son las víctimas, y a no entender que es algo que afecta a toda la sociedad. Creo que el resultado de esa encuesta da cuenta de eso, porque además es principalmente a los jóvenes a los que les da lo mismo una dictadura o una democracia, porque no vivieron la dictadura y sienten que es un tema del pasado, no logran entender que también es un tema del presente.
En Chile está en marcha la elaboración de un nuevo proyecto de Constitución, después de que ganara el Rechazo a la anterior propuesta. ¿Cómo ve este proceso?
Es muy complejo. Es bien increíble cómo Chile en dos años tuvo una convención constituyente cuyos principales integrantes venían de los movimientos de la sociedad civil, con agendas bien diversas, lo que llaman agenda identitaria. No me gusta esa expresión, pero sirve para explicar un poco que había quienes venían por el tema ambiental, por los movimientos indígenas, cada uno con su propia agenda. Creo que de alguna manera se pegaron las distintas agendas y no se supo leer bien lo que fue el estallido. No supimos leerlo bien. El estallido fue fundamentalmente por la falta de igualdad entre los más ricos y el resto, y la falta de acceso a servicios básicos. Pero no necesariamente obedecía a estas agendas diversas, sino más bien a que yo también pueda acceder a mejor salud, mejor educación. No iba más allá necesariamente.
Creo que al final hubo una sobrerreacción, incluso de gente que participó en el estallido, en el sentido de no sentirse identificado. Porque su mayor demanda era que Chile fuera un Estado de bienestar, que no lo es, pero tampoco estaban a favor de tener todos estos distintos grupos con igual poder, por decirlo de alguna manera. Esa suerte de reacción se da además en un contexto de aumento de la delincuencia en Chile, con un fenómeno que es nuevo para el país, que es la llegada del narcotráfico, que si bien siempre ha habido, no tenía la presencia de grupos extranjeros que han llegado. Se sumaron el temor, la inseguridad y una campaña que parecía más propia de una elección presidencial que de una constituyente. Porque se centró, sobre todo por parte de los republicanos –que supieron leer lo que estaba pasando–, en mensajes de “vote por mí que vamos a tener mayor seguridad, vote por mí porque vamos a sacar a los migrantes”.
Los republicanos ganaron por mucho, la derecha más tradicional quedó desdibujada, el centro en general quedó desdibujado, y por lo tanto las negociaciones que puede haber sobre el nuevo texto constitucional son bien complejas, a menos que los republicanos estén dispuestos a ceder en cuestiones dogmáticas muy fuertes. Por ejemplo, en materia de derechos reproductivos, porque la mayoría además está ligada al catolicismo, al Opus Dei. Hasta ahora ha sido un debate de lo que cada uno quiere, pero no ha habido una negociación. Existe un texto elaborado por un comité experto que es bastante bueno, y sobre eso están trabajando los constituyentes. Si ese texto llegara al plebiscito más o menos igual, yo creo que tendría éxito porque es bastante equilibrado, pero no si retrocedemos en temas que ya son básicos, como el reconocimiento a los tratados de derechos humanos supraconstitucionales o si se vuelve a prohibir a nivel constitucional el aborto, que fue una lucha muy grande en Chile, que se logró [legalizar] por tres causales durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
Si uno ve las encuestas, hay un conjunto de temas en los que aparecen contradicciones. Salió una encuesta la semana pasada en la que 75% contesta que está a favor del aborto, y por otro lado, de ese 75% la gran mayoría debe de haber votado por los republicanos, que están en contra. Entonces no sé cómo va a terminar ese debate, pero está muy complejo y el tema más preocupante es el cansancio de la ciudadanía, y por lo tanto la participación que baja. No sé quiénes irán a votar, pero también se abrió un proceso participativo y participó muy poca gente, porque ya llevamos en esto dos o tres años y la gente se cansa.
En cuanto a los desafíos que usted mencionaba que tiene el gobierno chileno, la seguridad y la migración, ¿cómo se manejan desde la izquierda esos temas, que son más propios del discurso de la derecha o de la ultraderecha?
Creo que eso ha cambiado porque efectivamente hay un clamor popular muy fuerte sobre la seguridad. Yo no soy una experta en seguridad, pero creo que el gobierno ha tomado medidas bastante importantes, primero en la persecución del delito, que es un tema no menor, que es el de la impunidad en los temas de seguridad ciudadana, y no sólo el reforzamiento de la Policía. En general hay cierto acuerdo. Creo que el tema es más complejo respecto de la situación migratoria, de cómo enfrentarla creyendo en la dignidad humana, entendiendo que los migrantes se van de sus países no porque quieren sino por razones económicas o para proteger su vida. Y precisamente la base de que un porcentaje muy grande de venezolanos haya llegado a Chile tiene su origen en que el gobierno de Sebastián Piñera fue a Cúcuta a invitarlos a Chile.
Lo más complejo ha sido la llegada de población migrante al norte del país, que son poblados más pequeños y donde las comunidades de acogida se han sentido invadidas por esa población. Eso ha sido muy utilizado por quienes buscan establecer una agenda nacionalista antimigratoria, y por lo tanto un discurso xenofóbico que presenta a los migrantes como vinculados con la criminalidad, cuando los números no dan cuenta de eso. Lo que sí ha aumentado es la violencia de los delitos, y eso sí, hay que decirlo, es por la llegada de las mafias y los narcotraficantes, que en Chile antes no veíamos. Lamentablemente eso se usa para establecer que todos los migrantes son criminales y para perseguir a la población migrante. Ahí hay un tema bien complejo, que es cómo manejar las demandas de las comunidades de acogida, que se sienten invadidas y atemorizadas, algunas con razón y otras sin razón, y cómo compatibilizar eso con un deber humanitario de recibir a personas que están en una vulnerabilidad mayor, sobre todo las mujeres y los niños y las niñas, donde hemos visto también un aumento de tráfico y trata.
Usted se ha especializado también en la situación de los pueblos indígenas. ¿Cómo cree que puede avanzar el conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado?
Ese es un tema que lleva muchos años en Chile. Yo trabajé bastante en algunos gobiernos de la Concertación en el tema indígena, estuve en varias comisiones, sobre todo en una que fue la Comisión de Verdad y Reconciliación, que yo creo que fue un esfuerzo muy importante con participación de distintos sectores de la sociedad y de los propios pueblos indígenas que contaron su propia historia. Hubo un conjunto de recomendaciones que para el momento –en el gobierno de Lagos, para inicios del 2000– eran muy progresistas, y ha habido otros esfuerzos. Pero creo que el principal problema que ha habido en el manejo del tema mapuche, y lo digo como alguien que ha trabajado en el gobierno y como una autocrítica –para que nadie se vaya a ofender pensando que estoy acusando a la Concertación–, es el no cumplimiento de los compromisos que se han dado, en las distintas comisiones que han existido, a lo largo de los distintos gobiernos. Como el Estado no ha cumplido con sus compromisos y con estas recomendaciones, cada vez hay menos credibilidad en las medidas que toma el Estado, y eso se junta con un nivel de dirigencia indígena más preparada. Ha habido un cambio generacional entre lo que llamamos los loncos, que eran los adultos mayores que dirigían sus comunidades, y el grupo de jóvenes líderes de hoy día, que han estudiado, están preparados, tienen un discurso mucho más político y creen mucho menos en el Estado, y eso complejiza mucho el diálogo.
Además, el conflicto se ha vuelto mucho más complejo porque ya no es sólo una demanda política mapuche contra el Estado, sino que también está el tema de los derechos de los campesinos pobres no mapuches que viven en los mismos sectores que los mapuches, y que también han sido víctimas. A esto se suma el tema de la violencia policial y el uso desproporcionado de la fuerza, que también hemos visto en las tomas de terrenos por parte de mapuches, y está el aumento de la violencia de quema de camiones y de casas. Esto se ha mezclado también con el tráfico de madera, en una región donde las forestales tienen mucho poder y donde han aparecido denuncias de que este tráfico de madera es de gente que trabaja en la maderera junto con los mapuches. Entonces el conflicto se ha complejizado mucho. Hace diez o 15 años, se trataba de una demanda política que por muy compleja que fuera estaba más circunscripta a la devolución de los territorios y una mayor participación política. Pero hoy día se ha complejizado esta demanda política con delitos comunes. Creo que es mucho más difícil la solución porque además está mucho más polarizada la población que vive en la región, independientemente de si son dueños de fundos o son campesinos o los propios mapuches que no participan activamente. El presidente nombró hace poco una comisión, y yo espero que con la ayuda de organismos internacionales se pueda empezar un diálogo, pero el tema tiene para rato.