América Latina es la región más peligrosa para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente. Un informe de la organización internacional Global Witness, publicado esta semana y titulado “Siempre en pie: personas defensoras de la tierra y el medioambiente al frente de la justicia climática”, documenta la muerte de 1.335 defensores y defensoras ambientales en los últimos 11 años en América Latina.
Es decir, la región concentra 70% de los crímenes contra defensores ambientales de todo el mundo (1.910). De acuerdo al informe, el año pasado fueron asesinadas 177 personas defensoras. De ellas, 39 –más de la quinta parte– perdieron la vida en la Amazonia.
Colombia, con 60 asesinatos en el último año, se ha convertido en el país más mortífero para los defensores y defensoras. Les sigue Brasil, con 34 asesinatos, México, con 31, y Honduras, con 14. Más abajo, aparecen Venezuela, con cuatro; Nicaragua, Paraguay y Perú, con tres cada uno; Guatemala, con dos; y Ecuador y República Dominicana, con uno cada uno.
Laura Furones Fragoso, autora principal del informe de Global Witness, sostiene que las cifras pueden ser conservadoras debido a que el conteo de las muertes se apoya en documentación pública y visibilizada a través de los medios de comunicación. “Existen casos de los que nunca nos enteramos, pero están ahí”, explica.
América Latina tiene a su favor –explica Furones– algo que no ocurre en regiones como África o Asia, donde se cree que el número de defensores asesinados es mucho mayor: organizaciones sociales, indígenas y civiles que denuncian estos abusos. En 2022, el informe documentó 16 homicidios en Asia –11 de los cuales se produjeron en Filipinas– y cinco en África.
La cifra mundial de 2022 es un poco más baja que la de 2021, cuando se asesinó a 200 personas. Esto representa un descenso de 11,5%. Sin embargo, estas muertes siguen exponiendo un panorama desolador, advierte el informe. Sirley Muñoz Murillo, del programa Somos Defensores de Colombia, sostiene que, desde 2018, reciben más de 800 casos de agresiones a defensores al año.
Estas agresiones pueden ser amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, asesinatos o desapariciones forzadas, entre otras vulneraciones. En 2022 esta organización colombiana contabilizó el asesinato de 197 personas con liderazgos y perfiles diversos, todas ellas defensoras de derechos humanos, en el país.
De acuerdo al registro de Global Witness, 60 de las víctimas en ese año eran defensoras del territorio y el medioambiente. “Esto quiere decir que el medioambiente y la defensa del territorio está en el centro de la lucha de gran parte de las personas defensoras asesinadas”, recalca Sirley Muñoz.
Desde 2016 –continúa Muñoz– se ha visto el fortalecimiento de diferentes grupos armados ilegales en Colombia. Eso, en su opinión, está relacionado con el mayor número de homicidios respecto de 2021, cuando se registraron 33 asesinatos. En ese contexto, sostiene que “las personas defensoras han quedado en medio del fuego cruzado por las disputas territoriales de esos grupos”.
Detrás de los números
El informe de la organización internacional advierte que es difícil precisar las causas exactas detrás de los asesinatos e incluso vincularlos a sectores concretos. No obstante, da cuenta de algunos “motores de la muerte”, entre ellos la actividad agroindustrial, la minería y la tala.
“Siempre en pie: personas defensoras de la tierra y el medioambiente al frente de la justicia climática” se explaya en una de las actividades ilegales más extendidas en la Amazonia, que afecta especialmente a los pueblos indígenas: la minería ilegal del oro. Según el informe, en 2022 la minería estuvo ligada a ocho homicidios de personas defensoras, la mayoría indígenas que defendían su territorio del impacto de esta actividad.
La minería ilegal se ha expandido en países como Brasil, Venezuela y Perú. En el caso del primero existen registros de graves daños a los territorios y a la vida de los pueblos yanomami, munduruku y kayapó. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) se dio un gran impulso a la actividad extractiva e incluso se promovió la invasión de territorio ancestral, explica el informe.
Maria Leusa Munduruku, indígena de Brasil, denunció el ataque que sufre su pueblo por parte de mineros ilegales. Ella incluso ha tenido que huir de su territorio debido a las amenazas. “Quemaron nuestras casas y tuvimos que salir“, recuerda. La minería ilegal en tierras indígenas de la Amazonia brasileña ha aumentado un 1.271% en los últimos 35 años, alerta el documento.
Aunque el informe no se explaya en las dinámicas de los grupos delictivos del oro, sí revela el poder que poseen. En Brasil esta actividad resulta tan rentable que se construyen aeropuertos improvisados en las zonas mineras.
Mariela Alejandra Molero, directora legal de la organización Kapé Kapé, de Venezuela, sostiene que en el sur de ese país se vive una fiebre del oro que también pone en peligro a los pueblos indígenas. Además, relata las intimidaciones que sufren los defensores de derechos humanos por la presencia de grupos irregulares.
En 2022, Virgilio Trujillo Arana, uno de los líderes más destacados de la comunidad indígena uwottüja, fue asesinado por defender sus tierras ancestrales y oponer resistencia a la minería ilegal y a los grupos delictivos.
Molero, de Kapé Kapé, sostiene que Virgilio era un gran defensor del medioambiente, que interactuaba con funcionarios estatales que representaban los intereses de la comunidad y que lo asesinaron minutos después de reunirse con las autoridades gubernamentales.
En Perú, la minería ilegal también constituye una grave amenaza para los pueblos indígenas. Esta actividad se extiende en más de 30 distritos de cinco regiones de la Amazonia peruana, como detalló OjoPúblico en un reciente informe.
Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep de Ucayali (ORAU), pone como ejemplo el caso de la minería que se realiza en la provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco, que ha conducido a acciones de intimidación contra las personas que se oponen a la actividad.
En la región Amazonas, en la frontera con Ecuador, la minería ha generado divisiones dentro de las propias organizaciones indígenas.
La Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) recientemente ha modificado su junta directiva a fin de marcar distancia de los promotores de la minería ilegal. “En asamblea hemos cambiado al vicepresidente, que era una persona a favor de esta actividad”, dijo Dante Sekejam Espejo, presidente de la Odecofroc, a OjoPúblico.
En la misma frontera con Ecuador también se ubica el territorio del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), constituido en 2015 sobre la cuenca de los ríos Santiago y Morona (entre los departamentos de Amazonas y Loreto), el cual se ha organizado para impedir el ingreso de madereros y mineros ilegales.
Las intervenciones que realizan han motivado que los apach –forasteros– los amenacen. Galois Flores Pizango, vicepamuk o vicepresidente del GTANW, señala que por momentos se sienten encerrados ya que los madereros recientemente los han amenazado en caso de que se hagan presentes en la ciudad, en este caso, en Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui.
Criminalización de los defensores y defensoras
Según Laura Furones, la criminalización contra los defensores se ha convertido en una práctica muy extendida en la región. “[Esta práctica] lo que hace es confrontar a la persona defensora con el sistema legal que, precisamente, debería defenderlo”, aclara. Esto lleva, detalla, a que el defensor o defensora destine recursos de todo tipo, entre ellos económicos, y termine funcionando como una estrategia de silenciamiento para ellos.
De acuerdo a la organización internacional de derechos humanos Front Line Defenders, la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos (que incluye su detención, reclusión y procesamiento) fue la forma más habitual de agresión en 2022.
Mientras Global Witness alistaba la publicación de su informe, en Perú organizaciones indígenas y civiles alertaban sobre una orden de detención contra casi una decena de líderes indígenas del pueblo asháninka, por presuntamente estar involucrados en la desaparición de cuatro civiles en abril.
Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), que ha denunciado la expansión del narcotráfico en la selva central de Perú en los últimos años, figuraba en dicha lista. Sobre él recayó una orden de detención preliminar que venció el 11 de setiembre, y que está pendiente de convertirse en prisión preventiva si así lo decide el fiscal del caso. Su defensa legal ha expuesto de forma pública que el dirigente no estuvo presente en los hechos de abril, en los que se le quiere involucrar.
“Las personas criminalizadas tienen que interrumpir su ritmo normal de vida para estar pendientes de juicios y procesos orales, y el costo económico que eso conlleva”, enfatiza Furones.
Las presiones y amenazas contra los pueblos indígenas no sólo vienen de las actividades ilegales. La autora del informe de Global Witness explica que la actividad formal sigue siendo una fuente de peligro. “Estamos viendo un poco más la responsabilidad corporativa de las empresas, y cómo ya no pueden hacer cualquier cosa en cualquier sitio sin pedir permiso”.
Los casos de Perú
Global Witness registra las tres muertes de defensores que tuvieron lugar en Perú en 2022. En marzo de ese año, fue asesinado de dos disparos Juan Julio Fernández Hanco. El crimen ocurrió en su vivienda, cerca de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios. Tanto él como su familia se oponían a la expansión de la minería ilegal, por lo que recibían amenazas desde 2011.
El mes siguiente, en abril, fue asesinado de un disparo en la nuca Ulises Lorenzo Rumiche Quintimari. Su cuerpo fue hallado por serenos del distrito de Pangoa, en la región de Junín. Rumiche Quintimari formaba parte de la Asociación Unión Asháninka y Nomatsiguenga de Pangoa, y ocupaba el cargo de gerente de pueblos originarios amazónicos de la Municipalidad distrital de Pangoa.
Por último, se suma el caso de Genaro Comisario Bitap. En agosto de 2022, el líder awajún fue baleado en el distrito de Manseriche, en Loreto. Según la Defensoría del Pueblo, denunciaba la minería ilegal y el tráfico de drogas en la zona.
El caso Saweto: peligroso retroceso
En febrero, la condena a 28 años de cárcel contra los asesinos de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, líderes indígenas asesinados en Perú en 2014 por madereros ilegales, marcó un precedente que parecía que iba a lograr romper con la impunidad que existe en casos de este tipo.
Sin embargo, en agosto se produjo un grave retroceso con la anulación de esta sentencia que se dio en primera instancia. “Ahora el juicio va a tener que empezar de cero, con todo el impacto que esto supone para las familias de las cuatro personas asesinadas, que tienen que volver a pasar por este trámite desde el principio otra vez”, lamentó Furones.
En Perú existe, desde 2021, un Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, que es coordinado por el Ministerio de Justicia; sin embargo, este no cuenta con presupuesto suficiente y sus acciones en campo se realizan tardíamente.
De acuerdo a dicho ministerio, al 31 de agosto de 2023 se han atendido 242 situaciones de riesgo en el marco de este mecanismo, que involucraron directamente a 450 personas defensoras de derechos humanos o a sus familiares.
“Un problema que nosotros tenemos con el mecanismo es la forma en que rinde cuentas”, señala Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú. Sostiene que lo que se necesita es que se haga una rendición a partir del impacto de las medidas de protección. “El número de medidas no nos dice nada, lo que necesitamos saber es de esas medidas, cuántas realmente sirvieron para reducir el riesgo”, reclama.
Por su parte, Jamer López, de la ORAU, señala que las personas que son amenazadas ya no quieren recurrir al mecanismo que gestiona el Ministerio de Justicia y prefieren buscar ayuda en silencio. “Hay casos que nosotros [la ORAU] estamos registrando, pero lo que nos piden los líderes es no difundir sus casos”.
El dirigente indígena cuestionó también a las mesas regionales para la protección de personas defensoras de derechos humanos, por no activarse cuando se requiere. En Perú existen mesas regionales en Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali.
Las regiones con más situaciones de riesgo reportadas, según el Ministerio de Justicia, son: Ucayali (25%), Lima (17%), Loreto (8%), Huánuco (7%), Madre de Dios (6%), San Martín (5%), Amazonas (5%) y Junín (5%).
Las actividades ilegales representan el 70% de las situaciones de riesgo contra personas defensoras de derechos humanos. Las principales son el tráfico ilícito de drogas (22%), la tala ilegal (21%) y el tráfico de tierras (15%). Las labores de defensa que implican un mayor riesgo son las vinculadas al ambiente y los derechos de los pueblos indígenas (85%).
Este artículo fue publicado originalmente por Ojo Público.