Desde que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención para el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, en noviembre de 2024, Estados Unidos sancionó a 11 personas vinculadas a ese tribunal, entre ellas fiscales y jueces. Esto implica para los sancionados tanto prohibiciones para viajar como impedimentos para operar con tarjetas de créditos y bancos.
En una orden ejecutiva del 6 de febrero de 2025, Trump respondió a esas órdenes de detención para los dos jerarcas israelíes investigados por crímenes de guerra y contra la humanidad. En ese texto, el presidente estadounidense acusó a la CPI de “abusar de su autoridad” al llevar a cabo “acciones ilegítimas e infundadas dirigidas” contra su país y su “estrecho aliado, Israel”, y alude expresamente a las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant.
El mandatario estadounidense argumentó que el tribunal “carece de jurisdicción sobre Estados Unidos o Israel, dado que ninguno de los dos países es parte del Estatuto de Roma” ni de la propia corte, y lo acusa de poner “en riesgo directo al personal actual y anterior de Estados Unidos” al “exponerlos a hostigamiento, abusos y posibles detenciones”.
A partir de esa declaración de riesgo, Trump autorizó a la Secretaría del Tesoro, en consulta con la Secretaría de Estado, a imponer sanciones y aplicar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que permite, entre otras medidas, congelar activos extranjeros.
Cuatro organizaciones que trabajan en materia de derechos humanos –Human Rights Watch, Open Society Institute, American Friends Service Committee y Center for Constitutional Rights– impugnaron el martes esa orden ejecutiva ante un tribunal federal estadounidense con sede en Nueva York.
En su acción judicial afirman que las sanciones “constituyen un ataque flagrantemente ilegal contra la justicia internacional y deben ser anuladas”. Las entidades argumentan que restringen derechos constitucionales de las propias organizaciones demandantes y que el presidente, al basarse en una “pseudoemergencia nacional” sin “base jurídica”, excede los poderes que le otorga su cargo.
“El hecho de que tantas organizaciones líderes humanitarias y de derechos humanos se hayan unido para desafiar la orden ejecutiva ilegal de Trump demuestra el daño generalizado que está causando a los grupos de la sociedad civil que tienen como objetivo llevar ante la Justicia a los responsables de crímenes graves”, dijo el abogado Andrew Loewenstein, uno de los representantes legales de los demandantes. Según citó Human Rights Watch en su página web, el abogado agregó que “este régimen de sanciones” excede “la autoridad del presidente y viola tanto el derecho internacional como la legislación estadounidense”.
Katherine Gallagher, abogada de otra de las organizaciones, el Center for Constitutional Rights, manifestó: “Durante muchos años he representado a víctimas en su lucha por obtener justicia ante crímenes cometidos por los poderosos, y finalmente vi cómo se iniciaban investigaciones muy necesarias –aunque tardías–” en la CPI. “En respuesta, la administración Trump adoptó la medida extraordinaria no solo de negar a los palestinos y a las víctimas de tortura por parte de Estados Unidos un acceso equitativo a la justicia, sino también de criminalizar y sancionar a estas personas, a sus abogados y defensores, y a sus colaboradores”, agregó.
“Todas las víctimas de crímenes internacionales –desde Sudán y Ucrania hasta Palestina y Afganistán– necesitan y merecen contar con una CPI independiente y sólida, capaz de cumplir su misión de acabar con la impunidad sin temor ni favoritismos”, concluyó Gallagher.
En junio, otra denuncia ante un tribunal de Nueva York fue presentada por tres juezas de la CPI sancionadas por Estados Unidos: Kimberly Prost, de Canadá, Solomy Balungi Bossa, de Uganda, y Reine Adelaide Sophie Alapini-Gansou, de Benín. Argumentaron que esas sanciones “sin precedentes” buscan “ejercer presión extrajudicial” y “obligarlas a dar prioridad a sus intereses privados” por encima de los casos que deben tratar. Según citó entonces la Deutsche Welle, las juezas señalaron que las sanciones equivalen a la “pena de muerte financiera”, porque no pueden utilizar tarjetas de crédito ni plataformas como Google o Amazon, ni acceder a servicios bancarios.
El mes pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una campaña diplomática para “desmantelar” la CPI. El funcionario dijo que esa corte “representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad de procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos”. Afirmó que la corte “libra una guerra” contra su país, “no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional”.