La principal corte de Brasil, el Supremo Tribunal Federal, anuló este miércoles todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la empresa constructora Odebrecht por considerar que se consiguieron por medios “heterodoxos e ilegales” y con la intención de “poner a un dirigente político entre rejas”.
El juez Antonio Dias Toffoli, quien tomó esta decisión, dispuso además que se investigue a los funcionarios que estuvieron involucrados en celebrar esos acuerdos. El magistrado ordenó esa tarea a la Fiscalía General de la República, la Oficina Jurídica de la Unión y el Consejo Nacional de Justicia.
La decisión judicial responde a un pedido presentado por la defensa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que entre abril de 2018 y noviembre de 2019 llegó a cumplir 580 días en prisión en una dependencia policial de la ciudad de Curitiba por una condena por corrupción y lavado de dinero vinculada con el caso Odebrecht. El proceso, que después fue anulado, se basaba en parte en pruebas obtenidas mediante un acuerdo con la constructora.
“Centenares de acuerdos de culpabilidad y de delaciones premiadas fueron celebrados como medios ilegítimos para llevar a inocentes a la prisión. Delaciones esas que caen por tierra”, afirmó el juez en su pronunciamiento. Según citó la revista Carta Capital, el magistrado dijo que hubo “una verdadera conspiración con el objetivo de colocar un inocente, como habiendo cometido delitos jamás practicados por él”.
Dias Toffoli afirmó que la prisión de Lula podría ser considerada “uno de los mayores errores judiciales de la historia del país”, y agregó: “Digo sin miedo a equivocarme que fue el verdadero huevo de la serpiente de los ataques a la democracia y las instituciones”.
La condena que recibió por este caso le impidió al líder del Partido de los Trabajadores (PT) participar en las elecciones de 2018, en las que encabezaba las encuestas, y en las que finalmente fue electo su rival, Jair Bolsonaro. El caso “fue un montaje resultante de un proyecto de poder por parte de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contra legem [contrarios a la ley]”, expresó el miércoles el juez del Supremo Tribunal Federal.
En su pronunciamiento, Dias Toffoli señaló que “autoridades se desviaron de su función, actuando para alcanzar instituciones, autoridades, empresas y blancos específicos”, citó el diario Folha de São Paulo.
El juez criticó los términos de acuerdo con Odebrecht, y señaló que “las causas que llevaron a nulidad de los elementos de prueba obtenidos a partir del acuerdo de colaboración celebrado por Odebrecht son objetivas” y no se limitan al “universo subjetivo” vinculado con Lula.
El acuerdo con Odebrecht involucró negociaciones en Brasil, Estados Unidos y Suiza, porque existían las sospechas de que la empresa había pagado sobornos en los tres países. Sin embargo, no se cuenta con solicitudes de cooperación jurídica internacional en el proceso, señaló el juez, según citó la agencia Efe. Los canales de cooperación, por lo tanto, se habrían registrado “al margen de la legislación relacionada con la materia” y sin la “necesaria competencia” de autoridades como los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y Seguridad Pública, agregó.
Una vez conocida la decisión de Dias Toffoli, la Abogacía General de la Unión, que representa jurídicamente al gobierno, anunció la creación de un equipo para investigar “desvíos de agentes públicos y promover la reparación de daños” causados por la actuación del juzgado 13 de Curitiba en el marco de la Operación Lava Jato, informó Folha.
El extitular de ese juzgado, Sergio Moro, que hoy es senador y que ya había sido declarado parcial en sus decisiones sobre este caso, afirmó en sus redes sociales: “La corrupción en los gobiernos del PT fue real, delincuentes confesaron y más de seis billones de reales fueron recuperados para Petrobras”.
Para Dias Toffoli, “bajo objetivos aparentemente correctos y necesarios, pero sin respeto a la verdad de los hechos”, los funcionarios que actuaron en la Operación Lava Jato “faltaron el respeto al debido proceso legal, incumplieron decisiones judiciales superiores, subvirtieron pruebas, actuaron con parcialidad y fuera de su esfera de competencia”. El juez agregó que “en última instancia no distinguieron, deliberadamente, a las personas inocentes de las criminales” y utilizaron “verdadera tortura psicológica” para obtener “pruebas contra inocentes”.