En un fallo esperado por los pueblos indígenas de Brasil, el Supremo Tribunal Federal rechazó el llamado “marco temporal”, una propuesta que habría limitado sus derechos a territorios ancestrales. Nueve de los 11 miembros del tribunal votaron en contra de esa iniciativa, que contaba con el respaldo de empresarios del agronegocio. Con el marco temporal, las comunidades indígenas que reclaman tierras en Brasil habrían tenido que presentar pruebas de que se encontraban en esas áreas en 1988, el año en que se ratificó la Constitución de Brasil, para poder tener derechos territoriales.
La propuesta había generado rechazos y polémica. Incluso la Organización de las Naciones Unidas había advertido que podía “legalizar el robo de tierras indígenas”. Las comunidades originarias de Brasil consideraban injusta la tesis que planteaba esa iniciativa, y argumentaban que sus pueblos vivían en el territorio que hoy ocupa Brasil mucho antes de la ratificación de la Constitución.
Los magistrados que optaron por bloquear la propuesta hicieron referencia al artículo 231 del texto constitucional, que describe las tierras indígenas como “habitadas en carácter permanente, usadas para actividades productivas e imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales”. Los dos magistrados que votaron a favor del “marco temporal” fueron los designados por el anterior presidente brasileño, Jair Bolsonaro.
El caso tiene su origen en una disputa que tiene dos años en el estado de Santa Catarina, donde el pueblo Xokleng afirmó haber sido expulsada de su territorio natal por los productores de tabaco. Sin embargo, el gobierno rechazó los reclamos territoriales de esa comunidad, argumentando que no vivía en esa tierra en 1988.
Cientos de indígenas se reunieron frente a la sede del Supremo Tribunal Federal en Brasilia para seguir desde allí el tratamiento judicial y esperar el fallo, que fue emitido el jueves. Cuando se dio a conocer, estallaron las celebraciones. Jaciara Pripra de la tribu Xokleng le dijo a Deutsche Welle: “Me siento aliviada de que estemos recuperando nuestra tierra. Hemos pasado por muchas cosas, no puedo describir lo que siento”.
La presidenta de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana, dijo en un comunicado que era un día “para conmemorar la victoria de los pueblos indígenas contra el marco temporal”. Agregó que quedan “muchos desafíos por delante” y manifestó su confianza en “la Justicia, en el Supremo Tribunal Federal para brindar esa seguridad jurídica a los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, cumplir con su deber de constitucionalidad y darle esperanza a este pueblo que ha sufrido durante muchos años con intimidaciones y presiones”.
Para la Funai, según citó Agencia Brasil, el marco temporal ignoraba una larga historia de “saqueo y violencia practicados contra los pueblos indígenas, resultando en la expulsión de sus territorios, además de violar los derechos previstos en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado brasileño es signatario”.
Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, escribió en una declaración: “Salimos victoriosos de la tesis del marco temporal, pero todavía hay mucha lucha por hacer para alejar todas las amenazas que también se están tramitando en el Senado Federal”, donde se impulsa una iniciativa similar. “Seguimos movilizados, seguimos luchando, porque la lucha continuará para garantizar y proteger los derechos de los pueblos indígenas”, agregó.
Greenpeace describió la decisión de rechazar el “marco temporal” como “una gran victoria” para la población indígena de Brasil. Según la ONG, el fallo desempeñará también un importante papel en la lucha “contra la crisis global del clima y la biodiversidad”. Los territorios indígenas son considerados refugios seguros contra la deforestación.
Según informó la agencia de noticias Reuters, los líderes indígenas dicen que el fallo ayudará a resolver 300 reclamaciones pendientes de reconocimiento de tierras, y como resultado, los pueblos originarios estarán mejor protegidos de los madereros y mineros ilegales. Por otro lado, la llamada “bancada del buey” o ruralista, que defiende los intereses del agronegocio, condenó la decisión y dijo que los productores seguirán intentando que el proyecto de ley sea aprobado en el Senado. La bancada manifestó: “Queremos seguridad jurídica para los productores rurales. El Supremo Tribunal Federal está fomentando la barbarie en el campo, la inseguridad jurídica total”.
Los registros oficiales muestran que las poblaciones indígenas ocupan alrededor de 14% de la tierra brasileña. Habitan unas 500 regiones que ya han sido delimitadas, mientras que aún quedan otras 200 cuya posible categorización como tierras indígenas es analizada por las instituciones del Estado.
La Constitución brasileña declara que la demarcación de tierras indígenas es una obligación del Estado y durante los primeros años después de la recuperación de la democracia se llevó a cabo a gran escala. Sin embargo, la demarcación de tierras cesó entre 2019 y 2022, cuando Bolsonaro era presidente. El exgobernante declaró una vez que no legalizaría “un solo centímetro de tierra indígena”. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva reinició ese proceso, pero ha recibido críticas de activistas que creen que no está actuando con suficiente urgencia.