La representación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Perú manifestó en un comunicado su “preocupación” ante la decisión del Congreso de llevar adelante una investigación contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, “lo cual podría derivar en su remoción total”. Señaló que esa junta, cuya misión es designar, evaluar y eventualmente sancionar a jueces, fiscales y autoridades electorales, “tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país”.
Lo mismo argumentan organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos reunidos en la Plataforma por la Democracia, que convocan para este sábado a una Marcha por la Democracia, en Lima, contra esta iniciativa del Congreso peruano. La secretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Jennie Dador, calificó esta investigación como parte de una “dictadura congresal” y señaló en declaraciones al portal Infobae que la junta “es fundamental en la vida de los ciudadanos y ciudadanas porque tiene que ver con la posibilidad de acceder a la justicia y de contar con órganos imparciales”. En particular, Dador destacó la necesidad de que los magistrados “no se queden callados” frente a las muertes ocurridas en Perú durante protestas contra el gobierno, en diciembre y enero, que todavía se están investigando.
La ONU recordó en su declaración que “los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura” establecen que “todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura” y que la Constitución peruana dispone que “el gobierno se organiza según el principio de separación de poderes”. Agregó que “sólo defendiendo y garantizando” el “equilibrio de poderes se puede aspirar a consolidar una sociedad justa y democrática para el beneficio de todas las personas”.
Motivos en su contra
La investigación contra la Junta Nacional de Justicia fue dispuesta por el Congreso y encargada a su Comisión de Justicia y Derechos Humanos. La medida, que fue adoptada con 84 votos a favor, 22 en contra y siete abstenciones, fue impulsada por la congresista Patricia Chirinos, del partido de derecha Avanza País, y apoyada por otras fuerzas políticas, entre ellas el fujimorismo. Para Chirinos, la junta “ha incurrido en faltas graves cometiendo delitos e infracciones constitucionales” y “se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares”.
Los parlamentarios cuestionan que la junta haya permitido que una de sus integrantes, Inés Tello, siga en su cargo aunque supera el límite legal de 75 años. Según dijo la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán, en una entrevista con Infobae, se entendió que el límite de edad se aplica para el acceso al cargo, no para su permanencia, que debe extenderse por un mínimo de cinco años.
Pero la principal acusación contra el organismo apunta a que ejerció presiones sobre el sistema judicial en defensa de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos porque emitió un comunicado en el que pedía garantías en una investigación iniciada en su contra. En junio, el Congreso llevó adelante un juicio político contra Ávalos, que fue inhabilitada para ejercer la función pública. Se le cuestionó que durante su mandato suspendiera una investigación contra el expresidente Pedro Castillo bajo el argumento de que el gobernante tenía inmunidad debido a su cargo.
Antes de que el Congreso terminara ese proceso, la Junta Nacional de Justicia emitió su pronunciamiento, en el que señalaba que “la justicia no puede ser afectada por la política sin riesgo del quiebre de la autonomía de las instituciones” y reclamaba para la funcionaria las “garantías universales propias de la función judicial y fiscal, que lo son al mismo tiempo de la estabilidad de nuestras instituciones y de nuestra propia democracia”.
Un comunicado similar emitió la junta ante la investigación iniciada en su contra. Señaló que la “eventual remoción de sus miembros sin un procedimiento preestablecido, sin una causal tipificada y con clamorosa carencia de fundamento, constituiría un quiebre del orden constitucional y del equilibrio de poderes en el Perú”. Agregó que la iniciativa de iniciarle este “proceso sumarísimo para su total remoción” fue adoptada “a partir de imputaciones falaces y carentes incluso de los más leves indicios de falta alguna”.
“Persona non grata”
Tumialán dijo que los integrantes de la junta no cuentan con garantías en este proceso y que recurrirán a todos los medios para proteger sus derechos, incluyendo el Tribunal Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especializada en Independencia Judicial de la ONU.
También el ministro de Justicia, Eduardo Arana, advirtió que “las instituciones –en el caso de los organismos constitucionalmente autónomos– deben ser protegidas y se debe entender que la posición del Congreso puede, en algunos momentos, generar esta preocupación”. El ministro agregó que el gobierno exhorta “al Congreso a que se conduzca esta investigación dentro de los cánones constitucionales y que se haga lo que tenga que hacerse de la manera más prudente”.
Sin embargo, luego de que la ONU manifestara su preocupación, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al coordinador residente del sistema de Naciones Unidas en el país, Igor Garafulic, para “transmitirle formalmente la extrañeza” del gobierno de Dina Boluarte ante esa declaración. Lo hizo después de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso reclamara que Garafulic se retirara del país. El presidente de esa comisión, el fujimorista Alejandro Aguinaga, dijo que “se pretende declararlo como persona non grata” porque “ha demostrado intromisión en asuntos internos de Estado, usurpando y arrogándose funciones que no le competen”, y así podría “violentar el respeto a la independencia de poderes”.
Dentro y fuera de Perú, diversas organizaciones han cuestionado la iniciativa del Congreso. La presidenta de la Cámara del Comercio de Lima, Rosa Bueno, rechazó la investigación y señaló que la promueve un Congreso en el cual “casi la mitad de sus integrantes tienen denuncias judiciales e investigaciones fiscales”. Agregó que “si bien es verdad que los congresistas tienen la facultad de investigar, esto debe utilizarse con racionalidad, respetando y cuidando nuestra precaria democracia. ¿Quiénes más que los legisladores tienen que cuidar ese equilibrio de poderes y la democracia?”, agregó.
Por su parte, la Unión Internacional de Magistrados manifestó su respaldo a la junta y afirmó que el propósito que se persigue con este proceso “está fuera de la finalidad por la cual la Constitución le ha conferido la potestad de fiscalización del Congreso”.