Cuando Qatar se preparaba para el Mundial de 2022 surgieron denuncias sobre las condiciones en que los trabajadores extranjeros eran contratados en ese país en tareas vinculadas con la construcción de la infraestructura que se utilizaría en el campeonato.
En noviembre del año pasado, Amnistía Internacional publicó un informe en el que detalló “el legado que el torneo ha dejado para los derechos de los trabajadores inmigrantes en el país”. Acusó al gobierno de Qatar de hacer en general “muy pocos avances” en la implementación y aplicación de reformas laborales y denunció restricciones al derecho de los trabajadores a cambiar de empleo, robo de salarios, incumplimiento al pago del salario mínimo, tarifas de contratación ilegales, investigación y registro insuficientes de las muertes de los trabajadores, malos tratos a los trabajadores domésticos, prohibición de que los migrantes se afilien a sindicatos o los formen, y barreras para acceder a la Justicia. Todo esto pese a las revisiones de las leyes laborales y de salud y seguridad en las que el gobierno de Qatar colabora con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 2017.
El informe detalló algunos de los malos tratos registrados durante el mundial y después, incluido el hecho de que 73 trabajadores migrantes que trabajaron en Qatar entre octubre y enero de 2023 habían pagado tarifas de contratación de entre 184 y 4.670 dólares para conseguir un trabajo. Casi 66% de ellos había pedido préstamos para hacerlo, pero cuando llegaron allí, se enfrentaron al robo de salarios y a una atmósfera que hacía difícil plantear sus preocupaciones. El diario británico The Guardian también informó en diciembre de 2022 que en algunos casos se retenían los salarios de los trabajadores migrantes y que vivían hacinados en alojamientos inadecuados.
En 2020, Qatar abolió el sistema de patrocinio “kafala”, calificado por Amnistía Internacional como “intrínsecamente abusivo”, que les impedía a los trabajadores migrantes salir del país o cambiar de trabajo sin el permiso de su empleador. En general, la mayoría de los trabajadores migrantes ahora pueden salir libremente de Qatar y cambiar de empleo. La OIT afirma que entre setiembre de 2020 y octubre de 2023 se aprobaron más de 669.000 solicitudes para cambiar de trabajo.
Sin embargo, Amnistía Internacional ha recabado pruebas de que algunos empleadores abusivos cancelaron o se negaron a renovar los permisos de residencia de los trabajadores, o denunciaron a sus empleados por “fugarse” del trabajo –lo que puede dar lugar a su arresto y deportación– como represalia por haber intentado cambiar de trabajo o presentar una queja laboral.
En una entrevista con un periodista de Forbes, un trabajador de 36 años llamado Mohamad, explicó que sólo hay dos opciones en el caso de la reducción salarial: aceptarla o rechazarla y perder el trabajo. Agregó que él no puede cambiar de trabajo porque su actual empleador le cobrará alrededor de 1.200 dólares, que es prácticamente todo el dinero que ganó en cinco años de trabajo. “Las autoridades dicen que no es legal, pero así es”, manifestó. El mismo periodista habló con un guardia de seguridad originario de Kenia, Kelvin, cuyo sueldo fue reducido en 50 dólares, a 490 dólares. Dijo que protestar contra su empleador lo llevará a ser despedido y que tiene que pagar al menos 1.000 dólares si quiere cambiar de trabajo. Los empleadores de Mohammad y Kelvin confiscaron sus pasaportes.
El informe reconoce que el gobierno qatarí estableció un salario mínimo mensual en 2021 y tomó medidas para prevenir el robo de salarios, lo que aumentó las remuneraciones de 13% de la fuerza laboral hasta el nuevo umbral mínimo. Sin embargo, según la OIT, partes involucradas en esta situación dijeron a Amnistía Internacional que el robo de salarios sigue siendo la forma más común de explotación que sufren los trabajadores migrantes en Qatar. Señalaron que una de las razones de los retrasos en el flujo de caja es que el gobierno a menudo es el principal cliente de los contratos y no paga a tiempo a los contratistas principales, lo que crea una reacción en cadena.
Otro factor que contribuye al robo de salarios es la disminución de la demanda a la industria de construcción y servicios hoteleros, lo que les genera a las empresas desafíos financieros. Esto significó que los trabajadores migrantes, especialmente los de la industria de la construcción, se quedaran sin remuneración y privados de beneficios por terminación del servicio. A algunos trabajadores se les ofreció comida y alojamiento para esperar a que surjan empleos, y a algunos se les prohibió cambiar de trabajo. Esto significó que tener que decidir si regresar a su país de origen antes de que terminaran sus contratos o quedarse en Qatar con la esperanza de que se les proporcionara empleo más adelante.
En noviembre, The Guardian publicó la experiencia del trabajador migrante Shakir Ullah Khan, de Pakistán. Fue contratado, entre cientos de otros trabajadores, por una empresa de seguridad. Todos ellos tenían la impresión de que serían empleados durante seis meses, pero fueron despedidos cuando rondaban los tres meses, pocos días después de que terminara el Mundial. El periódico británico señaló que pudo acceder a documentos que comprueban que su empleo debería haberse prolongado por seis meses. Cientos de trabajadores intentaron negociar sus salarios pendientes en oficinas vinculadas a la empresa, pero fueron detenidos o deportados.
Khan y dos colegas suyos fueron condenados a seis meses de prisión por organizar una reunión sin permiso y tuvieron que pagar una multa de más de 2.500 dólares. Uno de sus compañeros pasó nueve meses en prisión. Khan todavía se encuentra en Qatar y enfrenta dificultades para renovar sus documentos, lo que significa que actualmente no puede trabajar y está atrapado en una habitación en la que viven hacinadas siete personas. Dice que a veces no come durante uno o dos días porque está desempleado y no tiene dinero.
La OIT afirma que ahora es más fácil para los trabajadores presentar reclamos. Señala que el número de quejas de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo aumentó de 11.000 a 25.000 entre 2020 y 2021 gracias a una nueva plataforma en línea. En 2022, el Ministerio de Trabajo recibió más de 31.000 denuncias y en 2023 recibió 25.000. Al 31 de octubre de 2023, 60% de estas denuncias se encontraban resueltas o en etapa de conciliación.
La organización de derechos humanos Equidem publicó días atrás un comunicado en el que recuerda que contactó a la FIFA antes y después del Mundial, y aportó 144 testimonios sobre violaciones de derechos laborales en los estadios de esa organización, en hoteles vinculados con ella y en empresas de seguridad. Equidem afirma que la FIFA no respondió “sustancialmente” a la información proporcionada, excepto por una respuesta formal en la que afirmaba su compromiso con los derechos humanos.
En el mismo comunicado, Equidem expresó preocupación por la situación de derechos humanos en Canadá, México y Estados Unidos, sedes del Mundial de 2026. Cuestionó el suministro de armas por parte de Estados Unidos a Israel, así como la situación de los derechos y la atención sanitaria de las mujeres en México.
También han surgido preocupaciones sobre el hecho de que Arabia Saudita sea anfitriona de la Copa del Mundo de 2034, para la cual fue la única postulante. Equidem manifestó que sus investigadores sobre la situación de trabajadores migrantes habían descubierto “graves violaciones de derechos humanos en los sectores de hotelería, mantenimiento y construcción” en Arabia Saudita. Declaró en un comunicado: “Si la FIFA decide asociarse con países que pueden ser cómplices de crímenes de guerra, donde periodistas son desaparecidos y asesinados, se persigue y ejecuta a defensores de los derechos humanos, se somete a mujeres y miembros de la comunidad LGBTI+ a discriminación y persecución, y continúa operando un régimen laboral explotador y discriminatorio hacia los extranjeros que pone a miles de personas en riesgo de trata de personas y trabajo forzoso, plantea serias dudas sobre su capacidad para cumplir con sus responsabilidades en materia de derechos humanos”.
Nicholas McGeehan, director cofundador de FairSquare, una organización que investiga abusos contra los derechos humanos, con sede en Londres, dijo a la diaria que los avances logrados con respecto a los derechos de los trabajadores inmigrantes en Qatar han sido “muy exagerados”. Dijo que fue un “momento significativo” cuando la OIT entró en Qatar, pero señaló que aunque la abolición del sistema kafala fue “muy positiva”, provocó “resistencia” por parte de empresarios poderosos con vínculos con el gobierno, a quienes esas condiciones les habían permitido mantener a los trabajadores inmigrantes “bajo control” y “escucharlos muy poco”. Efectivamente, explica McGeehan, si bien se aprobó la ley que prohíbe el sistema kafala, no se implementó en su totalidad.
McGeehan cree que la OIT “exageró claramente el alcance de los avances” realizados por Qatar en el trato a los trabajadores inmigrantes, aunque reconoció que “no es necesariamente el papel de la organización criticar” esto. Sin embargo, afirmó que la OIT podría haber sido “un poco más contundente”.
Con respecto a futuros eventos futbolísticos, McGeehan dijo que la atención se desplazará ahora hacia Arabia Saudita y que “el gran peligro es que se desarrolle la misma dinámica” que en Qatar, donde dice que tuvo lugar “una historia de tragedia y pérdida humana”. Expresó su preocupación de que la FIFA esté actualmente bajo la “esfera de control de estados profundamente autoritarios” y manifestó que los abusos contra los derechos humanos en Arabia Saudita podrían ser incluso peores que en Qatar.
McGeehan cree que es importante ser realista y “claro” sobre el cambio social que el fútbol y otros deportes pueden lograr. Reconoció que es imposible que haya “un anfitrión perfecto”, completamente libre de problemas éticos para la Copa del Mundo, pero dijo que los países anfitriones deben “hacer lo que esté a su alcance” para garantizar la igualdad y la seguridad, principalmente de los trabajadores de la construcción y otros que están directamente involucrados en la organización de los eventos deportivos.