Las elecciones venezolanas del 28 de julio fueron precedidas por una represión estatal que a partir de ese día se intensificó, señala un informe publicado este martes por una misión de la Organización de las Naciones Unidas enviada a Venezuela. Esta situación “continúa produciéndose en estos momentos” y “ha generado un clima de miedo generalizado en la población”, agrega.
En su presentación, el informe de la llamada Misión internacional de verificación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela exige una investigación exhaustiva sobre los hechos reportados en este documento. Incluyen “detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual, que se llevan a cabo como parte de un plan coordinado para silenciar a las personas opositoras o percibidas como tales”, manifiesta el documento, que señala varias de estas prácticas sistemáticas como “crímenes de lesa humanidad”. Agrega que “entre las víctimas hay niños, niñas y adolescentes, así como personas con discapacidad”.
Su informe abarca desde el 1° de setiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024. Afirma que en una primera etapa, “en el marco de un año electoral, el Estado empezó a reactivar la maquinaria de represión para llevar a cabo acciones encaminadas a desarticular y desmovilizar la oposición política organizada”. Así, fueron detenidos 48 dirigentes políticos y sociales “en relación con conspiraciones invocadas por el gobierno”. Después, durante la campaña electoral, hubo 121 detenidos “por colaborar en actividades de la oposición”.
Una vez que se anunciaron los resultados electorales, que dieron por reelecto al presidente Nicolás Maduro sin presentar documentación que avalara esas conclusiones, comenzaron las protestas masivas, que fueron reprimidas mediante un “uso excesivo de la fuerza”.
Por entonces, “el perfil de las víctimas de la represión se amplió de manera significativa” para incluir no sólo a líderes, sino a “ciudadanos y ciudadanas comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el gobierno o con los resultados” electorales oficiales. En esta situación, “las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas masivamente en la comisión de violaciones y delitos”, en ocasiones “junto con grupos armados de civiles”, agrega la misión de la ONU.
El informe señala que “las personas detenidas son amenazadas, incluso con actos de tortura, para que se autoincriminen por hechos que constituyen delitos graves como terrorismo”, en procesos con “falta de pruebas” y “ausencia de abogados de su elección”.
Entre los hechos violentos que reporta el documento, se incluyen 25 muertes por disparos de armas de fuego, cientos de heridos y miles de detenidos “por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión”.
Las principales víctimas de detenciones arbitrarias después de las elecciones fueron hombres de barrios pobres, aunque las mujeres de esas zonas que fueron detenidas sufrieron una “doble carga de represión: por su participación en las protestas y por su género”.
Entre varios casos, el informe menciona el de dos adolescentes mujeres de 16 y 17 años que paseaban cerca de una manifestación cuando fueron detenidas. Funcionarios de la Polícía “las sometieron a amenazas, manoseos -incluso en los genitales- y privación de alimentos en un contexto intimidante”. También reporta el caso de una adolescente que les comunicó a las fuerzas de seguridad que estaba embarazada, y que “fue obligada a hacer ejercicios físicos como saltar y trotar, mientras la amenazaban con hacerla abortar por ser una 'puta perra'”.
El informe cuenta el caso de dos varones de 19 y 24 años que fueron golpeados por los llamados “colectivos”, organizaciones de civiles oficialistas armados, y luego detenidos en la casa de uno de ellos y trasladados a una sede policial de Caracas. Allí sufrieron “malos tratos, incluyendo golpes mientras estaban colgados de las manos, y recibieron descargas eléctricas en las costillas”.
Según el informe, se cometieron violaciones que “incluyen detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual cometidas en el marco de una política discriminatoria” y que “configuran el crimen de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos, en razón de la identidad de las víctimas en cuanto que personas opositoras al gobierno o percibidas como tales, o simplemente críticas del gobierno”.
“Las violaciones graves de derechos humanos y los delitos no fueron hechos aislados e implicaron a una amplia gama de actores institucionales”, señala el informe, y agrega que “las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”.