Después de que el senador Edgardo Kueider acaparara los titulares en Argentina por intentar ingresar a Paraguay con 200.000 dólares no declarados, otra trama sospechosa que involucra a un legislador comenzó a abrirse paso en la prensa desde el domingo.
Kueider, un peronista que cambió de bando y pasó a apoyar al gobierno de Javier Milei, al que le dio su voto para proyectos como la llamada Ley Bases, quedó expuesto en forma estridente al cruzar la frontera cargado de billetes. En cambio, Cristian Ritondo, el líder de la bancada de Propuesta Republicana (PRO) en Diputados, no llamó la atención con escenas de este tipo. Su caso se conoció tras una minuciosa investigación que llevó adelante la periodista Emilia Delfino, de eldiarioAr, con apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
De acuerdo con esta investigación, publicada el domingo, la esposa de Ritondo, la abogada Romina Aldana Diago, aparece en numerosos documentos que se vinculan entre sí formando una trama de sociedades comerciales offshore en Islas Vírgenes Británicas y otras en Estados Unidos –en Delaware y Florida– que fueron utilizadas para comprar propiedades en este último estado.
Cinco de esos bienes inmuebles, ubicados en Miami, acumulan un valor de 2,6 millones de dólares.
Diago también está vinculada a la gestión del PRO. Fue empleada del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2017 y también trabajó en el Consejo de la Magistratura y en la Auditoría General de la Nación porteños.
Según el informe periodístico, Ritondo, que antes había figurado en los llamados Panama Papers, declaró en 2023 ante la Cámara de Diputados un patrimonio de cerca de 1,5 millones de dólares, lo que implica un incremento de 1.709% respecto del de 2022. Esas declaraciones no incluyen propiedades en Florida ni la participación de su esposa en sociedades offshore, sino que se limitan a varias sociedades comerciales en las que figura el legislador, entre ellas Emprendimientos Rivadavia SA, de la que es presidente.
De acuerdo con la investigación periodística, el entramado de sociedades y fideicomisos que dio a conocer fue elaborado por estudios especializados, incluye documentos públicos y otros reservados, y todo esto hizo difícil conectar a Diago y Ritondo con cada parte de esta red.
Entre otras sociedades, el informe nombra a Sunstar Point, activada por Diago en 2014 en un paraíso fiscal, las Islas Vírgenes Británicas, y Goformore LLC, creada en 2013, en la que la esposa de Ritondo fue sustituida un año después, en su calidad de mánager, por una agente inmobiliaria. Sin embargo, la nueva mánager no pasó a ser socia propietaria de la firma. También por esos años, se concretaron las compras de los inmuebles.
Entre las actividades de Goformore LLC aparece, según la investigación, la compra de un departamento en Miami Beach por 580.000 dólares. El propietario anterior era otra sociedad, Harbour House 1533 Corp, “presidida por otro hombre del espacio que lidera Mauricio Macri: Juan Alberto Pazo, flamante titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”, afirma el periódico.
A su vez, en un fideicomiso creado en Florida, Diago estableció que si a ella le ocurriera algo que le impidiera ejercer sus funciones, Ritondo quedaría como el administrador de una propiedad de 650.000 dólares.
A partir de la publicación, el lunes el abogado Jeremías Rodríguez presentó una denuncia contra Ritondo y Diago que quedó en manos del juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano.
El escrito plantea sospechas de que los denunciados podrían haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias, así como incumplimiento de deberes de funcionario público (en el caso del diputado) y delitos contra el orden económico y financiero.
Rodríguez señaló que “para el régimen normativo argentino ambos denunciados son socios por estar casados, más allá de otras sociedades comerciales que integren”, y destacó que los bienes que hayan comprado durante su matrimonio son bienes gananciales, según citó este miércoles eldiarioAr.com, que accedió al escrito de la denuncia.
El abogado sostiene que, por lo tanto, los eventuales delitos habrían sido cometidos “por ambos cónyuges indistintamente, más allá de que en la compra de los bienes inmuebles y la constitución de las sociedades offshore figure uno solo de ellos”.