El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció en junio ante el Parlamento que presentaría al finalizar 2024 un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que estableciera plazos para abortar y que no limitara ese procedimiento a ciertas situaciones, como la norma que está vigente desde 2017. Esa ley permite interrumpir el embarazo en tres causales: riesgo para la gestante, inviabilidad fetal o violación.
Sin embargo, el gobierno anunció que el nuevo proyecto quedó postergado para 2025. Esta noticia fue festejada por el cardenal Francisco Chomali, que la calificó como “un gran regalo que muchísimos chilenos aplaudimos”.
En respuesta, Antonia Orellana dijo a Radio Cooperativa que “las decisiones no se toman pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia, que es lo que significa un cardenal”. Sin embargo, aclaró: “No me interesa entrar en un debate con la iglesia católica, no creo que sean la única voz; creo que ha habido muchas más voces que se han expresado estos días”.
Explicó que el retraso en el tratamiento de la ley tiene “un motivo técnico y otro político”. Recordó que “el presidente hizo dos anuncios el 1º de junio: primero, el ingreso de un nuevo reglamento respecto a las tres causales –que se tramita a nivel interno en la Contraloría General de la República– y, en segundo lugar, el proyecto de ley”.
Afirmó que la tramitación del nuevo reglamento está detenida desde mayo debido a la “gran cantidad de escritos en su contra, por ejemplo, del arzobispado de la iglesia chilena”.
“A siete años de aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, tenemos que recibir en Santiago a niñas violadas, con embarazos avanzados y al borde de las semanas porque el sistema sanitario, con el reglamento actual, no logra atenderlas en su región de origen”, dijo. Agregó que el gobierno pretende establecer un nuevo reglamento para que “ninguna niña y mujer quede fuera del acceso a las tres causales por donde vive, por ser de zona rural o el tipo de salud donde se atiende”, y dijo que recién después de resolver esto se va a proponer una nueva ley.
En cuanto a los motivos políticos, señaló que el actual gobierno de izquierda no cuenta con las mayorías necesarias para aprobar por sí solo ese proyecto, y que “cuando se trata de derechos de las mujeres, lamentablemente nunca tenemos una mayoría inicial”, por lo tanto, “lo que se requiere es conversación”.
Una muestra de las reacciones que genera este debate fue una carta de la bancada del partido de derecha Renovación Nacional, que solicitó a Boric “evaluar la continuidad” de Orellana en su cargo. Los dirigentes de esa organización política acusan a la ministra de haber mostrado “una irascibilidad que la caracteriza cada vez que es objeto de crítica o escrutinio”, según citó Radio Universidad de Chile.
En sus declaraciones públicas, Orellana también se refirió a que “una de las recomendaciones del sistema internacional es avanzar en una despenalización del delito de aborto” y en “un esquema de acceso seguro”. Señaló que todavía existe en Chile un “mercado negro gigantesco” en materia de aborto.
Agregó que la posibilidad de interrumpir un embarazo en las tres causales que actualmente se contemplan “tiene más de un 80% de apoyo” en la población. Si bien la iniciativa de legalizar el aborto sin establecer supuestos no reúne un respaldo tan amplio, “en lo que nadie está de acuerdo casi en la sociedad chilena es que sea un delito que debe ser perseguido” y que las mujeres deban ir a la cárcel por interrumpir su embarazo, concluyó.