Edgardo Kueider, Cristian Ritondo y Andrés Vázquez tienen trayectorias muy distintas, pero los tres han sido figuras clave para el gobierno de Javier Milei. Este mes los tres fueron denunciados ante la Justicia por sospechas de corrupción, bienes sin declarar, empresas en paraísos fiscales o dudas sobre la transparencia y el crecimiento de su patrimonio.
El más osado a la hora de exponerse fue Kueider. El miércoles 4 fue detenido al ingresar a Paraguay con más de 200.000 dólares sin declarar. Llegó en una camioneta, junto a su secretaria, Iara Guinsel Costa, por el Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este, en Paraguay, con Foz de Iguazú, en Brasil.
El dirigente entrerriano fue electo senador en 2019 por el kirchnerismo, pero cuando el Parlamento votó la llamada “ley bases”, fundamental para el gobierno de Milei, dio un giro de última hora y apoyó el proyecto que antes había cuestionado.
De ese modo, esta ley, con cientos de artículos para desregular la economía y privatizar ámbitos estatales, dividió el Senado en partes iguales. La vicepresidenta Victoria Villarruel desempató y el 28 de junio la ley fue aprobada.
Según la prensa argentina, cuando fue detenido en Paraguay, Kueider les advirtió a los funcionarios de ese país que él era un senador cercano a Milei. Pero eso no evitó que quedara detenido en prisión preventiva. El pago de una fianza le permitió cumplir arresto domiciliario en un apartamento lujoso en Asunción junto a Guinsel Costa. Los dos son investigados en Paraguay por tentativa de contrabando y lavado de activos.
En Argentina, en una disputada sesión parlamentaria que duró cinco horas, fue expulsado del Senado el jueves 12 por “inhabilidad moral”, con 61 votos a favor, cinco en contra y una abstención. El partido de Milei, La Libertad Avanza, no quería expulsar a Kueider sino sólo suspenderlo, pero como no contaba con los votos necesarios para tomar esa medida, votó la expulsión, explicó el senador oficialista Ezequiel Atauche.
Ese mismo día, la jueza argentina Sandra Arroyo Salgado pidió el desafuero y la detención de Kueider, además de ordenar allanamientos en viviendas de Entre Ríos, la provincia del dirigente.
Arroyo Salgado lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito, pero además Kueider es investigado por su posible vinculación con el cobro de sobornos durante su actuación como director en Entre Ríos de la empresa de electricidad Enersa, de 2017 a 2019, y por sospechas de irregularidades en la compra de apartamentos y cocheras en un edificio de lujo de esa provincia a través de una sociedad anónima, Betail SA. Esa empresa y otra, Edekom SA, que declararon domicilios falsos en Buenos Aires, también son investigadas por la Justicia.
Para el gobierno, el caso Kueider no sólo fue un escándalo, sino que implicó la pérdida de un aliado que votara sus propuestas en el Senado. La banca que dejó libre es ocupada ahora por su suplente, Stefanía Cora, una opositora que desde adolescente milita en La Cámpora, la agrupación de Máximo Kirchner.
Milei intentó dejar sin efecto la sesión en la que se votó la expulsión de Kueider. Argumentó que “es inválida” porque la presidió la vicepresidenta Victoria Villarruel, que ese día tenía que estar al frente del Poder Ejecutivo para reemplazarlo a él, que había viajado a Italia. Lo mismo argumentó un abogado de Kueider, Maximiliano Ruiz, que intentó mantener la banca y los fueros de su defendido.
Sin embargo, como la transmisión de mando no se había concretado —ni siquiera se había contactado a Villarruel para que asumiera la presidencia temporalmente—, políticos y especialistas en la Constitución argentina defendieron la validez de la sesión.
Finalmente, un juez en lo contencioso administrativo, Enrique Lavié Pico, desestimó las objeciones de la defensa de Kueider. Señaló que es el Senado el que tiene competencia para remover a uno de sus integrantes y que la vicepresidenta ni siquiera votó en esa instancia.
La ley bases y las sospechas de sobornos
El escándalo de Kueider además motivó que dirigentes del Frente de Izquierda y de la alianza kirchnerista Unión por la Patria se reunieran el miércoles para dialogar sobre posibles medidas comunes contra la ley bases. El kirchnerismo había presentado un proyecto de crear una comisión investigadora que determine si esa norma fue aprobada gracias al pago de sobornos a legisladores, y el Frente de Izquierda impulsó un proyecto para declararla nula.
La líder de este frente, Myriam Bregman, dijo en su cuenta de X que, “como muestra el caso Kueider, esa ley es producto de la corrupción, debe ser anulada y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para terminar con esa norma que alimenta la entrega y el saqueo y ataca a trabajadores y sectores populares”.
Un dirigente peronista, el exsenador por Entre Ríos Héctor Maya, pidió que se investigue a Milei y a Villarruel. “Han comprado el voto y han sobornado a senadores, y veo una serie de cortinas de humo que intentan tapar lo que nos falta descubrir: quién fue el que pagó los sobornos. Hay una relación directa entre el dinero que apareció en Paraguay y el Poder Ejecutivo, que sin duda es el más sospechado de haber pagado los sobornos y que todavía no ha sido investigado”, dijo a Radio Mitre, según citó Perfil. “El Poder Ejecutivo no puede hacerse el distraído”, agregó, y dijo que el presidente es “el único que tiene disponibilidad de gasto reservado de semejante cantidad de dinero”.
Señaló además que alguien pagó una fianza de 300.000 dólares para que Kueider y su secretaria accedieran a un régimen de prisión domiciliaria y recordó que la prensa argentina informó que existieron otros seis viajes anteriores del entonces senador a Paraguay.
“Días antes de la aprobación de la ley hubo una circulación de opositores que concurrían como a su propia casa a la Casa de Gobierno y gente que había llegado con una idea y había hecho un cambio que demostraba evidentemente que los habían comprado”, acusó Maya.
El martes, la jueza Arroyo Salgado pidió a Paraguay las extradiciones de Kueider y Guinsel Costa para que declaren en su investigación por sospechas de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, lavado de dinero y tráfico de influencias.
También solicitó a la Justicia paraguaya que allanara el apartamenteo en el que se alojan e incautara sus celulares y otros dispositivos electrónicos. Por si acaso quedaran en libertad en Paraguay, pidió la captura internacional del senador y su secretaria. El jueves, Kueider pidió a través de sus abogados en Argentina que la jueza Arroyo Salgado sea apartada de la causa por “persecución política y prejuzgamiento” en su contra.
Además, en Paraguay, un empresario inmobiliario, Carlos Guasti, presidente del grupo Petra, denunció que Kueider intentó, por medio de su secretaria, comprar de apuro y “con plata en mano” cinco apartamentos en un rascacielos de la capital, lo que implicaba un desembolso de 650.000 dólares, de acuerdo con Página 12. Esto ocurrió a mediados de julio, poco después de que la ley bases fuera aprobada, según Guasti. “Llegó con el dinero en la mano, tenía la intención de pagar casi la mitad en ese momento y por política y obligaciones no podíamos realizar eso”, dijo.
El diputado Cristian Ritondo ingresando al Congreso en Buenos Aires, el 4 de diciembre de 2024.
Foto: Enrique García Medina
Afirmó que la compra no prosperó porque los interesados no presentaron los documentos que las leyes exigen para una transacción de ese tipo, y agregó que la empresa notificó de todo esto a la Secretaría de Prevención de Lavado de Bienes o de Dinero.
El diputado más rico del país
Otro escándalo es el que rodea a Cristian Ritondo, el jefe de la bancada de Diputados del PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri. Se conoció que él y su esposa, Romina Aldana Diago, están vinculados con una red de sociedades anónimas, algunas creadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas.
Toda esa trama fue expuesta por una investigación de la periodista Emilia Delfino, de elDiarioAr, con apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Según la publicación, esa red de sociedades anónimas le permitió al matrimonio de Ritondo y Diago comprar bienes inmuebles en el exterior, entre ellos, cinco que están ubicados en Miami y que suman un valor de 2,6 millones de dólares.
Esas propiedades no fueron declaradas por el legislador. El patrimonio que sí declaró llegaba en 2023 a 1,5 millones de dólares y lo convertía en el diputado más rico de su país. El número, además, mostraba un enorme incremento patrimonial, de 1.709% en un año.
“¿Vieron cuando se habla tantas veces de corrupción, de vinculaciones entre el narco y la política? Es esto. Es esto de lo que estamos hablando”, dijo el periodista Carlos Pagni, que tiene una columna de opinión en el canal La Nación+ y comentó el caso.
En medio de críticas al kirchnerismo y al macrismo, Pagni también fue contundente al explicar quién es Ritondo: “No ocupa un lugar marginal en la política. Ritondo, por imperativo, por decisión de Mauricio Macri, es nada menos que la principal figura hoy del PRO: preside el PRO en la Cámara de Diputados, es el interlocutor entre el PRO y el gobierno nacional, fue el candidato de Mauricio Macri para presidir la Cámara de Diputados”.
Un abogado, Jeremías Rodríguez, denunció a Diago y Ritondo ante la Justicia para que determine si cometieron delitos. El legislador le dijo al diario Clarín que está preparando sus descargos frente a esa acusación y afirmó: “Como persona políticamente expuesta tengo todo declarado en mi declaración jurada de bienes”.
A su vez, la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, denunció a Ritondo ante la Unidad de Información Financiera, un organismo antilavado del Poder Ejecutivo. Según Frade, Ritondo tiene participación en seis empresas, una de las cuales ya fue investigada por la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por irregularidades. Además, el nombre del dirigente es uno de los que surgieron de los Panama Papers, una investigación periodística internacional publicada en 2016, basada en la filtración de documentos sobre empresas offshore creadas en paraísos fiscales.
El jueves Milei defendió a su aliado. Durante un discurso público que dio al recibir un reconocimiento de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán, el presidente argentino hizo un reconocimiento al “fundamental aporte del bloque de diputados del PRO”, que “ayudó mucho” al gobierno y que “está conducido por Cristian Ritondo, quien hoy está siendo víctima de operaciones y persecuciones, justamente por ayudarnos y colaborar”.
Un desconocido sin “nada que explicar”
Cuando Andrés Vázquez fue designado por Milei como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), en octubre, la prensa publicó algunos datos de su currículum. Es licenciado en Administración y contador público, y tiene cursos en Estados Unidos sobre lavado de dinero, medidas aduaneras antidrogas y prevención del fraude económico. Trabajó durante décadas en distintos cargos en la AFIP, en particular contra la evasión fiscal de grandes contribuyentes.
Por lo demás, es un desconocido. En internet circula una sola foto de Vázquez que se conoció gracias a una investigación de CLIP, elDiarioAr y La Nación, que derivó, como en el caso de Ritondo, en una investigación sobre el patrimonio del funcionario.
Del informe periodístico surgen sospechas de que el jefe de la DGI no declaró ante la Oficina Anticorrupción su vínculo con una red de sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Surge también que con esa trama controla dos empresas en Panamá, mediante las cuales compró propiedades en Estados Unidos, tres apartamentos en Florida por más de dos millones de dólares.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas inició un expediente de oficio a partir de la publicación y tres diputados de la Coalición Cívica —Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Mónica Frade— presentaron el jueves una denuncia ante la Oficina Anticorrupción por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos en la declaración patrimonial de Vázquez.
Según el diario Perfil, ya en 2011 Vázquez fue investigado por el juez Ariel Lijo por una denuncia de que había enviado más de 440.000 dólares desde una cuenta bancaria en Luxemburgo a otra en la isla de Curaçao sin reportarlo a las autoridades, pero el juzgado no logró comprobar esos hechos y sobreseyó al funcionario.
Consultado sobre si el gobierno le pediría explicaciones a Vázquez acerca de su patrimonio, el vocero presidencial, Manuel Adorni, pareció responder aludiendo a aquella causa judicial de 2011. “Es un tema del pasado y está sobreseído”, dijo Adorni. En su opinión, “no hay nada que se tenga que explicar más allá de eso”.