El canciller venezolano, Yván Gil, llamó públicamente a los países de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a liberar los fondos venezolanos congelados en el exterior y permitir así que se utilicen para la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio.
En muchos casos, esos recursos se retuvieron a partir de enero de 2019, cuando la oposición venezolana desconoció la legitimidad del entonces presidente Nicolás Maduro para asumir un nuevo mandato y el titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente.
Ese año, Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI) suspendieron sus relaciones y las volvieron a retomar recién en abril de este año, ya con Delcy Rodríguez como presidenta encargada.
Un grupo de más de un centenar de economistas y otros académicos pidieron al FMI que permita a las autoridades venezolanas acceder a esos fondos para atender esta crisis. A su vez, el gobierno de Delcy Rodríguez conversó esta semana con el FMI y otros organismos financieros internacionales para “liberar recursos bloqueados de Venezuela”.
Julie Kozack, la portavoz de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo que la funcionaria dialogó con Rodríguez sobre el acceso a parte de los activos que el organismo internacional mantiene retenidos.
Según explicó este jueves, hablaron de la posibilidad de utilizar “el tramo de reserva de Venezuela en el FMI, el cual constituye una fuente de liquidez importante y de fácil acceso que puede movilizarse rápidamente”, y que asciende a unos 350 millones de dólares. Además, el FMI retiene Derechos Especiales de Giro, que ascienden a unos 4.500 millones de dólares, a los que sería más difícil acceder, explicó.
El miércoles, la presidenta encargada informó que le pedirá al rey Carlos III que libere “el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra”. Según citó la cancillería, Rodríguez afirmó: “Ese oro es de nuestro pueblo y ese oro debe estar para atender las consecuencias terribles, trágicas, de este doble terremoto”.
Acerca de su pedido público de liberar “fondos soberanos retenidos” por países, Gil dijo en sus redes sociales que “esta medida es crucial para que Venezuela disponga de los recursos necesarios para reconstruir tanto la infraestructura material como la calidad de vida de todos los ciudadanos afectados”.
El canciller expuso ese reclamo en una reunión que presidió el secretario general adjunto de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés), Tom Fletcher, que visitó Venezuela el martes.
Fletcher evaluó que después de las primeras respuestas ante el desastre, una próxima fase de trabajo deberá abarcar “la reconstrucción, la recuperación temprana y el desarrollo”, lo cual necesita un plan con el que ya cuentan las autoridades de Venezuela y que requerirá 296 millones de dólares adicionales.
Los terremotos dejaron 3.811 muertos y 16.749 heridos, además de 856 edificios dañados, de los cuales 190 colapsaron, según los últimos datos oficiales. Cientos de sobrevivientes deben iniciar un largo proceso de rehabilitación y varios de ellos sufrieron amputaciones por haber sido aplastados por los escombros, informó el periódico El Nacional. Varias de esas personas transitan la recuperación, al mismo tiempo que el duelo por la pérdida de uno o más familiares con los que convivían.
Todavía es necesario remover una cantidad de escombros que asciende a 1,2 millones de toneladas, según estimaciones de las autoridades y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para poder empezar la reconstrucción. El derrumbe de edificios dejó montañas de acero, concreto, muebles y otras pertenencias apiladas donde antes se elevaban viviendas. Casi 16.700 personas están alojadas actualmente en 87 campamentos transitorios.
Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud manifestó este jueves que en Venezuela la emergencia “está lejos de haber terminado”. Agregó que hasta ahora “la respuesta se ha concentrado en tres prioridades inmediatas: salvar vidas, mantener la continuidad de los servicios esenciales de salud y prevenir riesgos adicionales para la salud en las próximas semanas”.
Explicó que esos riesgos, en contextos como el que atraviesa Venezuela, suelen relacionarse con la interrupción de los servicios de salud, el acceso al agua potable o la necesidad de alojar a los damnificados y evitar el hacinamiento, además de atender el impacto del desastre en la salud mental de los sobrevivientes y también del personal sanitario.