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Jair Bolsonaro, el 25 de febrero, durante una manifestación en San Pablo.

Foto: Miguel Schincariol, AFP

Partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales convocan a un acto por la democracia y para pedir el encarcelamiento de Bolsonaro

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Por su parte, los abogados del exmandatario presentaron un recurso para alejar al juez Alexandre de Moraes de la investigación sobre los planes golpistas.

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Leído por Andrés Alba.
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En una reunión conjunta realizada por el Frente del Pueblo sin Miedo y Brasil Popular, dos entidades que nuclean a decenas de organizaciones sociales y sindicales, los grupos decidieron convocar a una jornada nacional de movilización en favor de la detención del expresidente Jair Bolsonaro para el 24 de marzo.

El exmandatario está siendo investigado por la Justicia por su presunta implicancia en un plan para dar un golpe de Estado antes de las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

De acuerdo a lo que informó Rede Brasil Atual, la movilización, que también cuenta con el apoyo del Partido de los Trabajadores, el Partido Socialismo y Libertad y el Partido Comunista de Brasil, tiene como objetivo no bajar la guardia ante las amenazas a la democracia.

“La izquierda necesita organizarse y responder al acto de Bolsonaro”, explicó Aldo Fornazieri, profesor de la Fundación Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de San Pablo, con referencia al multitudinario evento realizando el domingo en apoyo al expresidente.

En una entrevista que brindó a la cadena TVT, Fornazieri argumentó que “la ausencia de acciones callejeras por parte de los movimientos progresistas es un factor preocupante”, y en contrapartida dijo que la derecha tiene su capacidad de movilización intacta.

“El bolsonarismo, la extrema derecha, todavía tiene una gran capacidad de convocatoria en las calles. Parece que la izquierda ha perdido las calles desde 2015 o 2016”, explicó el académico.

Respecto a la masiva manifestación del domingo en el centro de San Pablo, Fornazieri dijo que al estar el bolsonarismo en buena medida acorralado por las acusaciones que pesan contra el expresidente y muchos de sus funcionarios, el acto tuvo un carácter “defensivo”.

Pero a la vez destacó que se trató de un evento que también tuvo un costado “ofensivo” desde el punto de vista político, porque quedó demostrado que Bolsonaro y la derecha tienen capacidad de movilización, porque, además, agregó, contaron con un fuerte apoyo de sectores evangélicos.

Bolsonaro a la defensiva

Folha de São Paulo informó que este martes los abogados defensores de Bolsonaro presentaron un recurso de apelación después de que el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, rechazara la destitución del ministro Alexandre de Moraes de la relatoría de la investigación que pesa contra el exmandatario.

Los abogados de Bolsonaro argumentan que el ministro Moraes sería una de las víctimas del presunto plan golpista y, por ello, no podría actuar como relator del caso. En la primera solicitud afirman que Moraes “se ve y, por tanto, se describe como víctima directa de la conducta investigada en el presente caso”. Sin embargo, la semana pasada Barroso rechazó 192 solicitudes de juicio político presentadas contra Moraes, por los imputados en los actos golpistas del 8 de enero del año pasado y también por el propio Bolsonaro.

Para el presidente del STF, “las acusaciones genéricas y subjetivas, desprovistas de fundamento jurídico, no bastan” para sacar al ministro de la relatoría del caso que está investigando. Con esta negativa, la defensa del expresidente solicita que el pedido de destitución sea analizado por el pleno de la Corte Suprema.

Paralelamente, el portal Metrópoles informó que un grupo de parlamentarios afines a Bolsonaro comunicaron que se están violando los derechos humanos del exmandatario, por lo que planean presentar un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos.

Entre los impulsores de esta iniciativa se encuentran uno de los hijos del expresidente, el senador por Río de Janeiro Flávio Bolsonaro, y el diputado por Minas Gerais Nikolas Ferreira, ambos integrantes del Partido Liberal.

El alegato central que manejan los legisladores bolsonaristas es el de la “censura”, bajo el argumento de que la acusación llevada adelante por el STF constituiría una “persecución política” contra el expresidente con la intención de “silenciar a la oposición”.

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