El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, presentó a su Gabinete de Guerra, en el que está representada parte de la oposición, un plan para el futuro de la Franja de Gaza. El documento, divulgado ayer por el gobierno, establece que una vez terminada la guerra Israel se reservará la posibilidad de continuar con operaciones militares “sin límite de tiempo” para evitar que una vez vencido el movimiento islamista Hamas resurjan “elementos terroristas”.
Dispone una “desmilitarización completa” de la Franja de Gaza y establece que Israel controlará la seguridad tanto en ese territorio como en Cisjordania. Sí se delegaría en funcionarios locales la administración civil y el orden público, pero esos encargados deberán ser personas alejadas de “países o entidades que apoyen el terrorismo y no recibirán pago de ellos”, agrega. De este modo, el texto deja abierta la posibilidad de veto sobre países cercanos a la región, como Qatar, que ha actuado como mediador en el conflicto, y al que Israel acusa de apoyar a Hamas porque allí residen algunos de sus dirigentes. El documento no menciona a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) que gobierna Cisjordania, y por lo tanto no le atribuye ningún papel en el territorio de Gaza.
Por otra parte, el plan incluye el fin de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y agrega: “Cuyos agentes estuvieron involucrados en la masacre del 7 de octubre” en Israel. Esa acusación israelí, que pesa sobre una docena de funcionarios, todavía está bajo investigación, pero motivó que 16 países, entre ellos Estados Unidos, anunciaran que cancelarían sus aportes a la agencia. Ayer, como un gesto de respaldo a la UNRWA, que manifestó que quedará desfinanciada en marzo, el gobierno español comunicó que le entregará fondos adicionales, unos 3,7 millones de dólares.
La UNRWA trabaja en la región a partir del reconocimiento internacional de que existen refugiados palestinos que fueron desplazados de sus hogares, algunos desde hace décadas, y que hoy viven en los territorios palestinos pero también en Líbano, Jordania y Siria.
“Israel trabajará para detener las actividades de la UNRWA en la Franja de Gaza y reemplazarlas con agencias de ayuda internacionales responsables”, agrega el documento presentado por Netanyahu.
Impulsa, además, la “desradicalización” de instituciones educativas, religiosas y sociales de la Franja de Gaza. “El plan de rehabilitación será financiado y encabezado por países aceptables para Israel”, afirma, según citó Europa Press.
Con este plan, el gobierno israelí vuelve a rechazar la creación de un Estado palestino, una solución que recibe amplio apoyo internacional y que reclama la ANP. El portavoz de la presidencia palestina, Nabil abú Rudeina, dijo que Netanyahu se propone “perpetuar la ocupación israelí” y “evitar el establecimiento de un Estado palestino”.
Advirtió que “si el mundo quiere seguridad y estabilidad en la región, debe poner fin a la ocupación israelí de los territorios palestinos y reconocer un Estado palestino independiente con Jerusalén como capital” y del que Gaza debe ser parte, según informó la agencia Wafa.
A su vez, en un comunicado citado por la agencia Efe, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la ANP manifestó que Netanyahu busca “prolongar la guerra de genocidio contra el pueblo palestino” y “ganar más tiempo para aplicar el plan de desplazamiento” de la población.
El conflicto en debate en La Haya
Esta semana, la Corte Internacional de Justicia de La Haya llevó adelante varias audiencias para analizar “las consecuencias legales derivadas de las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Este”, y emitir una opinión jurídica no vinculante al respecto. Así se lo había solicitado la Asamblea General de la ONU en 2022, mucho antes de que en octubre, a partir de los ataques de Hamas a Israel en los que fueron asesinadas 1.300 personas, estallara la guerra en Gaza, donde ya murieron casi 30.000.
Si bien este caso no tiene vínculos con la denuncia de Sudáfrica sobre genocidio, puso en discusión esa acusación y diversos aspectos del conflicto durante las presentaciones de varios países ante el tribunal. Uno de esos aspectos fue la solución de dos estados.
Ayer Qatar afirmó que la denuncia sudafricana debe ser tomada en cuenta también en este caso. Su representante ante el tribunal, Mutlaq Bin Majed al Qahtan, afirmó que “Israel ha denegado el derecho de los palestinos a la autodeterminación” y “ha implementado un régimen de apartheid”.
China, que no ha adoptado un papel protagónico en este conflicto, manifestó el jueves que la solución de dos estados “ha sido continuamente eludida ya que las resoluciones relevantes de la ONU no se han implementado efectivamente”. Según citó la agencia Efe, Pekín agregó que la ONU “tiene una responsabilidad permanente en la cuestión palestina”, abogó por una solución negociada al conflicto, y también afirmó que “en la búsqueda de su derecho a la autodeterminación, el uso de la fuerza por parte del pueblo palestino para resistir la opresión extranjera y completar el establecimiento de un Estado independiente es un derecho inalienable bien fundamentado en el derecho internacional”.
Con una postura muy diferente, Reino Unido pidió ayer al tribunal que rechace de plano la solicitud de pronunciarse ante esta consulta de la Asamblea General de la ONU para no interferir con eventuales negociaciones entre las partes en este conflicto.
Por su parte, Estados Unidos argumentó que una retirada de los territorios ocupados debe estar acompañada por garantías de seguridad para Israel, pero defendió la solución de dos estados. El representante estadounidense, Richard Visek, dijo que “el ataque de Hamas, la toma de rehenes y otras atrocidades, las hostilidades en curso, el sufrimiento de los palestinos en Gaza y la violencia en Cisjordania urgen a Estados Unidos a lograr una paz final que incluya la realización de la autodeterminación palestina”.
El embajador ruso en La Haya, Vladimir Tarabrin, dijo que “la actual ola de violencia no es una excepción” y estuvo “precedida por una política persistente de Estados Unidos y sus aliados con el objetivo de congelar el statu quo, diluyendo los procesos políticos y promoviendo la visión de un lado de la solución”.
Agregó que “la seguridad tanto de los israelíes como de los palestinos sólo puede garantizarse si se aborda la causa raíz de la crisis actual”, y que “los brotes de violencia volverán a ocurrir inevitablemente hasta que el pueblo palestino, que ha sufrido décadas de injusticia, ejerza su derecho a establecer un Estado independiente”.