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Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, durante una reunión con jefes de las fuerzas federales y del ejército, el 11 de marzo, en Rosario, Provincia de Santa Fe.

Foto: AFP

Milei evalúa enviar al Congreso una nueva ley de seguridad interior ante la violencia en Rosario

2 minutos de lectura
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La reforma legal apuntaría a que las Fuerzas Armadas puedan “tomar acciones adicionales” contra el narcotráfico.

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Leído por Andrés Alba.
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La crisis de seguridad en la ciudad argentina de Rosario dejó las calles de la ciudad vacías durante la noche, e impulsó una iniciativa del gobierno de cambiar la ley para involucrar a militares en la represión de las bandas de narcotraficantes.

El presidente argentino, Javier Milei, dijo este martes que evalúa con su ministro de Defensa, Luis Petri, enviar al Congreso un proyecto para modificar la ley de seguridad interior y habilitar una mayor participación de las Fuerzas Armadas en ese ámbito.

“El Ejército lo que tiene permitido dentro de la Ley de Seguridad Interior es brindar apoyo logístico, y esto es lo que estamos haciendo. Estamos evaluando enviar una nueva ley que permita que las fuerzas armadas puedan tomar algunas acciones adicionales”, declaró el mandatario a Crónica TV.

La norma actual, la 24.059, establece que las Fuerzas Armadas no pueden portar armas, patrullar o efectuar detenciones en el ámbito de la seguridad interna. En ese marco, según dijo Petri el lunes, los militares brindarán apoyo a la Policía en materia de transporte táctico y comunicaciones.

Con la nueva ley, las Fuerzas Armadas no intervendrán “de cualquier forma”, sino que en el texto “estará determinado el formato” de su actuación, dijo Milei. No significará que los militares puedan disparar, manifestó el presidente, según citó La Nación. El proyecto de ley, que fue propuesto por el ministro de Defensa, ya fue analizado por el gabinete.

En la entrevista de este martes, Milei volvió a responsabilizar por la inseguridad en Rosario al socialismo que gobernó la ciudad años atrás y también al expresidente Néstor Kirchner y al exintegrante de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. “Este cáncer arrancó cuando Kirchner puso a Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia. Puso a la víctima en el lugar del victimario y al victimario en el lugar de la víctima. Todas sus ideas son a favor de los delincuentes”, dijo.

De visita en Argentina, Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, dijo a La Nación que sería “un gran error involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado”.

Señaló que en la región el “uso de fuerzas militares en temas de seguridad pública, de crimen organizado, en general, ha salido muy mal porque las fuerzas militares están entrenadas para conflictos armados” en los que “los protocolos de uso de la fuerza superan a aquellos que son propios en un escenario de un Estado de derecho que enfrenta problemas de seguridad, pero que es un Estado de derecho, que tiene separación de poderes, que tiene un funcionamiento normal de su sistema de justicia”.

Sin gente en las calles

Según informó la prensa argentina, en la noche del lunes, cuando varios sectores pararon sus actividades porque alguno de sus trabajadores había sido directamente afectado por la violencia, las calles de Rosario estaban desiertas.

No había gente transitando y la mayoría de los comercios habían cerrado. Los taxistas de la ciudad mantienen la medida de no brindar servicios nocturnos para no exponerse.

Cuatro de los asesinatos de los últimos días fueron cometidos a sangre fría, supuestamente por bandas criminales. Las víctimas fueron ejecutadas en sus lugares de trabajo: dos eran taxistas, el tercero conductor de ómnibus, y el cuarto trabajaba en una estación de servicio.

Pablo Cococcioni, el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, dijo en una entrevista con Radio Rivadavia que la situación de inseguridad no responde a “una cuestión de sofisticación” de los grupos armados, “sino del elevado nivel de violencia”.

“Básicamente, son bandas”, cuyos integrantes están en su mayoría “presos y condenados”, que recurren a “medidas casi desesperadas para tratar de torcer el rumbo de la seguridad” porque se les “ha ido cerrando la posibilidad de manejar la actividad delictiva desde dentro de la cárcel”, dijo, según citó Infobae.

“Lo que se hizo ahora son pabellones con mayores medidas de seguridad, más chicos, para poder separarlos en grupos más chicos, aunque sea los elementos de conducción, los más peligrosos de estas bandas”, agregó Cococcioni. Dijo que antes esas personas contaban con celulares, acceso a mercadería que les llegaba del exterior de la cárcel sin requisar y “diez horas de visitas por día”.

Consultado sobre los nombres de las bandas involucradas, el funcionario respondió: “Hoy no estamos asistiendo a estas bandas de renombre y con títulos en mayúscula, sino a laderos, segundas y terceras líneas, que están intentando copar la parada”.

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