“Murió rendido y luego de ser arrastrado hacia el manglar por ellos. No fue Luiz quien corrió hasta allí. Hay marcas de bala en el antebrazo, lo que demuestra que intentó defenderse, además de la herida de bala en el cuello y en el abdomen”, acusó la técnica de enfermería María Silva, tutora de Luiz Gustavo Costa Campos, de 15 años, asesinado por la Policía Militar en agosto de 2023 en Guarujá. La muerte de Luiz fue uno de los 28 hechos ocurridos sólo el año pasado durante la Operación Escudo, iniciada tras el asesinato del cabo de Rondas Ostensivas Tobías de Aguiar (ROTA) Patrick Bastos Reis, en julio del mismo año.
“Algo que nunca olvidaré es que, apenas llegué al hospital, vino un médico y me dijo: ‘Ponte detrás, porque lo que le hicieron a tu hijo fue muy brutal’. También me dijeron que en la comisaría había habido una pequeña discusión entre policías civiles y policías [militares] que intervinieron en el incidente por haber matado a un adolescente”, recordó María Silva.
Según Agência Pública, muertes como la del adolescente Luiz a manos de agentes de policía se han convertido en hechos cada vez más comunes en San Pablo. Con la llegada del gobernador Tarcísio de Freitas, el estado experimentó un aumento del 58% en el número de niños y adolescentes asesinados como consecuencia de la intervención policial, según un estudio. La cifra saltó de 24 muertes en 2022 a 38 en 2023.
Agência Pública constató que en diez años, de enero de 2013 a diciembre de 2023, en total, 957 niños y adolescentes fueron asesinados en San Pablo como resultado de intervenciones de la Policía civil y militar. Los datos son de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Más de la mitad de estas muertes ocurrieron en la capital de San Pablo, totalizando 474.
El número de niños y adolescentes asesinados en acciones policiales ha aumentado durante el actual gobierno estadual, cuyo secretario de Seguridad, Guilherme Derrite, ya criticó a la prensa por informar sobre la violencia policial.
La mayoría de los muertos son jóvenes negros, y los incidentes incluyen casos con denuncias de ejecución y en los que no habría habido enfrentamiento.
Durante la década, la mayoría de las muertes involucraron a policías en servicio (66%), con 631 víctimas. El grupo de 17 años tiene el mayor número de muertes provocadas por la Policía: 479 vidas en la década.
Consultada sobre los datos durante la gestión de Tarcísio, la SSP, a través de su oficina de prensa, no se pronunció sobre el aumento en el número de muertes, pero dijo que, “para reducir la letalidad policial, la Secretaría de Seguridad Pública invierte permanentemente en la capacitación de las fuerzas de seguridad y en políticas públicas, como mejorar campos y adquirir equipos con menor potencial ofensivo, entre otras acciones dirigidas al personal. Además, existen comisiones destinadas a analizar incidentes, con el objetivo de ajustar procedimientos, revisar la capacitación y mejorar las estructuras de investigación”.
Según el ministerio, el caso de Luiz Campos “es investigado por la Comisaría de Homicidios de Deic de Santos, bajo secreto judicial, y a través de una investigación de la Policía Militar (IPM). Los exámenes periciales fueron remitidos a la autoridad policial y se están realizando las diligencias para esclarecer los hechos”.
La mayoría de las muertes de niños y adolescentes causadas por la Policía durante este período se debieron a la actuación de la Policía Militar: en total, 917 muertes (95%). Sólo el 5% de los casos involucraron a agentes de la policía civil.
El 38º Batallón de Policía Militar Metropolitana (BPM/M), en la región del parque São Rafael, en la zona este de San Pablo, es el que lidera con más muertes de niños y adolescentes como consecuencia de la intervención policial. En total, hubo 41 fallecidos en la zona, con edades comprendidas entre 14 y 17 años.
Contrariamente, el 7º Batallón de la Policía Metropolitana no tuvo registro de muertes de niños o adolescentes durante la década. La base es responsable de la vigilancia en la zona central de la ciudad, que incluye barrios como Bela Vista –donde se ubica parte de la Avenida Paulista– e Higienópolis, con uno de los metros cuadrados más caros de la ciudad.
Según Juliana Brandão, investigadora principal del Foro Brasileño de Seguridad Pública, es probable que los territorios más vulnerables socialmente registren las tasas de mortalidad más altas. “En esta ocupación del territorio, donde se ubican los mayores incidentes policiales, son los que están más desprotegidos por las autoridades públicas. Es donde cada uno sobrevive según sus propias fuerzas”, puntualizó.
Afrodescendientes son mayoría entre los muertos
Según el Mapa de Violencia, cada 23 minutos es asesinado un joven negro en Brasil.
El cuerpo que yacía en el asiento del conductor de un automóvil pertenecía a Ítalo Ferreira de Jesús Siqueira, de diez años, la víctima más joven asesinada por agentes de la Policía de San Pablo. En junio de 2016, él y un amigo, que entonces tenía 11 años, presuntamente robaron un automóvil de un condominio en Morumbi, al sur de San Pablo, y llamaron a la Policía Militar para intentar recuperar el vehículo.
Durante la persecución, los agentes dispararon contra los niños, alegando que estaban tomando represalias. Ítalo fue asesinado de un tiro en la cabeza sin haber disparado contra los agentes, según demuestra el examen forense.
Al igual que Ítalo Siqueira, la mayoría de las víctimas son niños y adolescentes negros y mestizos: juntos representan el 68% del total de muertes.
“Vivimos en un contexto brasileño en el que el fenotipo se antepone a esa persona y es muchas veces lo que justifica tanto el abordaje como el trato, que no es un trato acorde con lo que prevé la legislación: un trato digno, un trato igualitario, y termina dejando a este contingente de adolescentes y jóvenes negros mucho más vulnerables a este tipo de actuación policial”, dijo Brandão.
Una versión más extensa de este artículo se publicó en Agência Pública.