El Tribunal Superior de Justicia de Londres aplazó, con condiciones, la concesión al fundador de Wikileaks, el periodista y activista australiano Julian Assange, del derecho a apelar su extradición hacia Estados Unidos, aceptada en junio de 2022 por el gobierno británico.
De acuerdo a lo que informó la cadena Deutsche Welle, el tribunal dictaminó que Assange, de 52 años, podría continuar con su apelación, a menos que Estados Unidos otorgue “garantías satisfactorias” sobre si el acusado se verá protegido por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, pese a no tener esa nacionalidad, y sí podría ser condenado a pena de muerte, la cual no está contemplada en Reino Unido.
Si no se dan esas garantías, la Justicia británica concederá autorización a Assange para apelar, pero las partes tendrán la oportunidad de presentar nuevas observaciones en un vista el 20 de mayo, a fin de tomar una decisión final sobre la apelación.
No obstante, los jueces desestimaron algunos motivos de la solicitud de apelación, incluidos los argumentos de Assange de que su caso está basado en sus opiniones políticas.
Los jueces británicos dieron este martes un plazo de tres semanas a las autoridades estadounidenses, que reclaman la extradición de Assange por la publicación desde 2010 de más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas del país. Entre ellos se encuentra un video que muestra a civiles, incluidos dos periodistas de la agencia Reuters, asesinados por disparos efectuados desde un helicóptero de combate estadounidense en Irak, en julio de 2007. Además, a Assange le queda la opción de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que suspenda la extradición, pero en este caso los plazos son muy cortos.
Stella Assange, esposa de Julian Assange, mostró su indignación nada más confirmarse el dictamen en Londres, que implica que el fundador del portal Wikileaks no será extraditado a Estados Unidos de forma inmediata, porque consideró que el caso es “una vergüenza para cualquier país democrático”. “Julian no debería haber estado en prisión ni un solo día”, dijo a los medios a la salida del tribunal.
La Justicia de Estados Unidos solicita que Assange sea extraditado por 18 delitos de espionaje e intrusión informática tras sus revelaciones de supuestos crímenes de guerra perpetrados por funcionarios estadounidenses en Irak y Afganistán. Según la defensa de Assange, esos delitos están penados con 175 años de prisión.
Assange fue arrestado por la Policía británica en 2019 tras pasar siete años refugiado en la embajada de Ecuador en Londres para evitar su extradición a Suecia en una investigación por violación, que finalmente fue desestimada.
Muchas organizaciones y personalidades pidieron al presidente estadounidense, Joe Biden, que retire los 18 cargos impuestos contra Assange durante el primer mandato de Donald Trump, fundamentados en una ley sobre espionaje que data de 1917.
La agencia Reuters informó que, en las últimas semanas, familiares y allegados de Assange, quien se encuentra encarcelado desde hace cinco años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, muy cerca de Londres, habían alertado del deterioro de su salud. Su defensa también advirtió del riesgo de suicidio en caso de extradición.
Assange no se hizo presente por razones de salud en las audiencias realizadas en febrero en los tribunales de Londres, a las que acudieron decenas de simpatizantes para expresarle su apoyo.
Durante esos dos días de debates, los abogados del australiano argumentaron que el proceso legal contra su representado tenía un carácter “político” y que una extradición pondría en peligro su salud e incluso su vida. Según dijo entonces su abogado, Edward Fitzgerald, Assange está siendo juzgado por “prácticas periodísticas comunes” consistentes en “obtener y publicar información”. Por ello su cliente se enfrentaría a una sentencia desproporcionada en Estados Unidos y “existe un riesgo real de que sufra una flagrante denegación de justicia”, agregó.
Por su parte, la abogada Clair Dobbin, que representa en el caso al gobierno de Estados Unidos, argumentó que Assange había publicado “indiscriminadamente y a sabiendas los nombres de personas que servían como fuentes de información para Estados Unidos”. “Son estos hechos los que lo distinguen [de otros medios de comunicación] y no sus opiniones políticas”, argumentó Dobbin.