Reunidos ante la sede del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), familiares de 35 manifestantes detenidos el miércoles durante las protestas contra la votación de la Ley Bases en el Senado argentino convocaron a concentrarse este martes frente al Congreso. Reclaman su liberación y señalan que incluso algunas personas que ya fueron excarceladas por falta de pruebas siguen sometidas a un proceso judicial. Por lo tanto, piden su sobreseimiento.
Una de las oradoras en la concentración frente a Serpaj dijo que el discurso del gobierno acerca de que las manifestaciones fueron un intento de golpe de Estado llevado a cabo por terroristas –así lo afirmó un comunicado oficial de Presidencia– “se trasladó a lo judicial, y eso es gravísimo”. Pidió que se haga un esfuerzo para difundir lo que está ocurriendo y para recopilar videos y testimonios que prueben que las detenciones ocurrieron sin motivo.
“Hay pruebas que dejan claro que nuestros familiares no son terroristas, eso es lo que de alguna manera nos tranquiliza, pero es horrible lo que estamos pasando porque entendemos que se está pasando por encima de la Constitución y de los derechos de nuestros familiares y de los de todos, porque todo lo que pase ahora y lo que suceda con estas causas marca un precedente en materia de derechos humanos”, dijo.
Señaló que los videos que se pueda aportar “son la única prueba que tenemos para contrarrestar este discurso que se está instalando y es gravísimo. Se está criminalizando a personas inocentes”, dijo.
El fiscal de la causa, Carlos Stornelli, pidió este lunes que vuelvan a ser detenidas 14 de las 17 personas que la jueza María Servini liberó por falta de evidencia en su contra. Las otras tres que fueron excarceladas eran vendedores ambulantes, informó el diario La Nación.
La mayoría de quienes siguen detenidos están acusados de haber lanzado proyectiles durante la manifestación en los alrededores del Congreso. Pero en línea con la postura del gobierno, el fiscal los acusó de atentar contra la democracia y pidió que continúen en prisión a la espera de que termine el proceso, porque podrían fugarse o interferir en la investigación.
Stornelli los acusa de una variedad de delitos que van desde “lesiones” a personas y “daños” materiales hasta “incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones”, “organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, o “delitos contra los Poderes Públicos y el orden constitucional”.
También desde ámbitos políticos se cuestionaron estas detenciones. “Pedimos el inmediato cierre de la causa y la inmediata liberación de los detenidos”, dijo la diputada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Myriam Bregman. “Las acusaciones son arbitrarias, ridículas y no hay ni una sola prueba”. La “represión fue desmedida e ilegal”, agregó.
También el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el kirchnerista Axel Kicillof, exigió “la inmediata libertad” de los detenidos y llamó a “cuidar y fortalecer la democracia para que el odio y la violencia nunca más se apoderen de la política” en Argentina.
Bullrich con Bukele
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que las protestas contra la Ley Bases fueron un “golpe de Estado moderno”. Presentó a su cartera como querellante en la investigación y pidió que el expediente sea caratulado como una causa por sedición. Además, presentó ante la Fiscalía los costos de los operativos, en los que los manifestantes fueron reprimidos con gases, chorros de agua y balas de goma.
Después de ese cuestionado operativo, Bullrich viajó a El Salvador con el objetivo de adaptar a Argentina algunas de las estrategias de seguridad aplicadas allí por el presidente Nayib Bukele para reducir los índices de delincuencia.
La política de seguridad salvadoreña es muy cuestionada por avasallar los derechos humanos (hay 6.000 denuncias de este tipo), por recurrir a detenciones masivas (ya llegan a 80.000) y aplicarse bajo un régimen de excepción que limita las garantías constitucionales.
El domingo Bullrich visitó una de las cárceles que Bukele presenta como parte de su modelo de seguridad, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, y divulgó un video en el que se exhiben, al fondo de la imagen, las personas privadas de libertad. También tenía previsto reunirse con el propio Bukele.
“Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante”, dijo Bullrich según citó La Nación. “Haber bajado la criminalidad como la bajaron y todavía soportar las críticas cuando han salvado millones y millones de vidas, la verdad que es increíble”, dijo. “Nosotros le ponemos mucho esfuerzo y necesitamos llegar a ese lugar también. Y vamos a llegar”, afirmó.
- Leé más sobre esto: Un Congreso a la altura de Milei y una calle violentada por Bullrich